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Las pifias del fiscal Gertz Manero

En defensa del titular de la FGR, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado los señalamientos y ha asegurado que la institución tiene autonomía

Escrito en NACIÓN el

A dos años de asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), los tropiezos y pifias para el fiscal Alejandro Gertz Manero no paran. Anunciada como una institución que cambiaría la procuración de justicia en el país, la institución acumula reveses en la persecución de los delitos, así como en las decisiones que ha tomado la dependencia al dejar de investigar delitos y enfocarse en casos políticos.

Los escollos del primer fiscal del país incluyen los nulos avances en la investigación sobre la explosión de unos ductos de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el intento fallido de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.

También, el señalamiento de un plagio de un texto de Guillermo Prieto –publicado en 1967–, ningún resultado en las investigaciones del caso Ayotzinapa, así como la judicialización de casos que no avanzan, entre ellos, el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. 

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En su defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado los señalamientos y ha asegurado que la institución tiene autonomía. El pasado 9 de agosto, López Obrador dijo que confiaba en Gertz Manero, por lo que pidió a la institución apoyarlo.

“Pedirle a la Fiscalía pues que ayude más, el fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, una gente recta, sé que es incorruptible. Lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más acción, empujar más al elefante”.

Días antes de ser nombrado fiscal, ante la Comisión de Justicia del Senado, aseguró que se comprometía a crear un Plan de Persecución Penal que acabara con los índices de impunidad y con delitos como corrupción, defensa del patrimonio nacional, feminicidio, trata, uso de armas prohibidas, pornografía, así como violencia contra mujeres y menores.

El fiscal presentó un informe a los 100 días de ser nombrado (el único en dos años). Gertz Manero enlistó los viejos problemas de la institución y acusó a gobiernos anteriores del deterioro de la institución, comprometiéndose a mejorar la calidad de la procuración de justicia, así como la atención que reciben los ciudadanos.

Sin embargo, a más de dos años de asumir el cargo, la dependencia que dirige no ha entregado los resultados esperados, incluso, académicos, especialistas y políticos han cuestionado su nombramiento al mencionar que la institución no tiene autonomía, sino que responde a intereses del presidente de México y propios.

Uno de ellos fue hecho en un estudio de la Fundación para la Justicia, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Causa en Común e Impunidad Cero.

En el documento: “¿Un año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a un año de la gestión del Fiscal General de la República”, se cuestiona la cercanía de Gertz Manero con el titular del Ejecutivo.

“(Esto) vulnera no sólo la autonomía y real independencia de la FGR, y con ello la clave de la legitimidad más aún en este proceso de implementación de la nueva Fiscalía, sino también el real control interinstitucional y la acción fiscal sin miramientos particulares”, menciona el documento.

El especialista en seguridad nacional Armando Rodríguez Luna, consultor en Strategic Affairs, considera que a dos años del nombramiento del fiscal Alejandro Gertz Manero, no se han obtenido los resultados adecuados.

En entrevista mencionó que la fiscalía se ha distinguido por el uso político que se le da, en lugar de entregar resultados en materia de desaparición forzada, el cual es uno de los compromisos que se adquirió al momento de su creación.

“A dos años de nombrado fiscal, Gertz Manero no ha podido generar una sentencia favorable a favor del estado, principalmente en materia de corrupción que es el tema de este gobierno. Mucho menos en desaparición forzada, que era un compromiso con las víctimas de derechos humanos.

“Lo más negativo es que ha utilizado a la Fiscalía para impartir justicia de forma selectiva, en este caso, a favor del gobierno actual, un ejemplo, el de Rosario Robles. La institución también es utilizada con un fin político, como es el caso Emilio Lozoya. El tercer punto es que Alejandro Gertz ha utilizado a la dependencia que dirige para vendettas personales”.

Armando Rodríguez Luna mencionó que, a pesar de la falta de resultados, el fiscal tiene el apoyo del presidente del país, el cual lo ha respaldado públicamente.

“Lo más lamentable es que durante las últimas semanas, el fiscal ha recibido el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en la reunión con los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa y recientemente a través de las reuniones que ha tenido con autoridades de Estados Unidos, lo que da un mensaje de que por el momento se le mantiene firme a pesar de los malos resultados”.

El también integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), comentó que, a dos años de la creación de la Fiscalía, la institución no tiene autonomía, ya que el fiscal es muy cercano al presidente.

“Lo del caso Emilio Lozoya es un desastre absoluto, porque, además, ha dado una mala imagen al tenerlo en mejores condiciones, en comparación a Rosario Robles. Ambos casos son un ejemplo de la obtención de información a cualquier costo para utilizarla como un tema político.  A dos años de que fue creada la institución, es claro que no tiene ninguna autonomía, el fiscal sigue siendo muy cercano en temas políticos y personales”.

LAS PIFIAS

Entre las pifias, errores o escollos del fiscal –que se comprometió a cambiar la procuración de la justicia en el país–, se encuentran casos como el de la explosión de una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, la cual originó la muerte de 37 personas.

El fiscal se comprometió a presentar avances de las indagaciones, sin embargo, hasta el momento se desconoce cuáles son las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público que él dirige. El caso sigue impune.

El presidente López Obrador aseguró que la Fiscalía permitiría conocer lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero. El fiscal Gertz Manero aseguró que “se acabó la verdad histórica” sobre los hechos del 26 de y 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, a la fecha la dependencia que dirige no ha presentado pruebas para sustentar lo dicho.

Un año después, el 3 de febrero de 2020, Gertz Manero, propuso a la Cámara de Diputados eliminar del Código Penal Federal el delito de feminicidio. El argumento fue que el Ministerio Público tenía problemas para acreditar el delito, por lo que era mejor incluirlo como una agravante del ilícito de homicidio.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Odebrecht, relacionado con los sobornos que recibió y repartió Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos para la aprobación de la Reforma Energética el sexenio anterior.

A más de un año de ser extraditado, Emilio Ricardo Lozoya Austin, no ha pisado la cárcel y las acusaciones que hizo a cambio de ser ingresado a prisión, no han dado resultados para la FGR. El único de los imputados por Lozoya Austin que ha sido ingresado a prisión es el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury.

Otros casos recientes son las acusaciones en contra del fiscal al haber plagiado un texto de Guillermo Prieto, publicado en 1967 y con el cual fue aceptado como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Entre los casos más recientes se encuentra el uso de la fiscalía para encarcelar a una persona cercana a la familia de su hermano, ya fallecido; el supuesto encubrimiento de cuentas bancarias en el extranjero de uno de sus familiares, así como el orden de un juez federal para emitir comentarios en contra de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu.

La pifia más reciente es no haber conseguido, en dos ocasiones, órdenes de captura contra 31 científicos a los cuales la FGR los acusa de diferentes delitos, entre ellos, delincuencia organizada.

(djh)