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Las indemnizaciones del gobierno por violar Derechos humanos

El gobierno mexicano indemnizará por 3.3 millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el Ejército.

  • CINTHYA SÁNCHEZ
  • 19/05/2015
  • 00:00 hrs
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Las indemnizaciones del gobierno por violar Derechos humanos
Noticias Nacionales.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- CASO TLATLAYA. Por considerar que hubo violación de los derechos humanos en el ataque ocurrido el 30 de junio de 2014, el gobierno mexicano indemnizará por 3.3 millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el Ejército y a los supervivientes del caso Tlatlaya. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que inicia así las acciones de reparación después de constatar que en Tlatlaya hubo "diversas violaciones de derechos humanos".

VÍCTIMAS DE LA GUERRA SUCIA. El gobierno mexicano tuvo que reparar el daño a los familiares de las 275 personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la llamada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80, cuyos casos fueron documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el informe entregado por el gobierno mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un grupo interdisciplinario conformado por la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transporte, analizó los criterios, la forma, los procedimientos y términos con los cuales se hará la reparación del daño.

POR MUERTE MATERNA. El gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación entregaron a la familia de Susana Hernández, víctima de muerte materna, una indemnización económica como parte de la reparación a violaciones a derechos humanos. El Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, sitio donde murió Susana el 6 de octubre de 2013, aún está en condiciones precarias y todavía registra muertes maternas. Esta fue la primera vez que en un caso de muerte materna, la Secretaría de Gobernación (Segob) garantizó a menores de edad una indemnización económica por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales.

A VIUDAS DEL CASO AGUAS BLANCAS. El gobierno estatal entregó alrededor de un millón 300 mil pesos como "pago único" a las familias de 17 campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez -en la Costa Grande de Guerrero-, el 28 de junio de 1995. Cada uno de los deudos recibió un cheque por 50 mil pesos.

A PRESOS POLÍTICOS DE LA  APPO.  El gobierno indemnizó simbólicamente a 66 sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el 2006 y 2007 , debido al daño moral sufrido por las violaciones cometidas en detrimento del derecho a su libertad personal. Las víctimas presentaron en febrero del 2009 una demanda judicial de responsabilidad civil por daño moral en contra del gobierno estatal, por ser sometidos a proceso penal "bajo consigna del gobierno estatal" por los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación, entre otros.

A ESTUDIANTE DE MEDICINA.  Óscar Valle fue el preso número 8106 en la cárcel federal de Villa Aldama, Veracruz. Hoy, oficialmente, es la primera persona que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indemniza por faltas al debido proceso, luego de que sus derechos humanos fueron violados tras haber sido torturado por elementos de la Marina y pasar 21 meses en la cárcel, siendo inocente. Recibió  una reparación integral por daño moral y material de           805 mil pesos.

A JÓVENES POR DETENCIÓN ARBITRARIA EL 1 DE DICIEMBRE. El Gobierno del Distrito Federal (GDF)  indemnizó a las personas que sufrieron abusos policiacos durante las protestas del 1 de diciembre de 2012. La inédita medida benefició a 104 jóvenes detenidos arbitrariamente durante las protestas durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente. Esto luego de que el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, acató una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), organismo que determinó que los jóvenes resultaron con afectaciones psicosociales y que sus derechos fueron violados.

La CDHDF documentó que el día de las manifestaciones hubo uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura y detenciones arbitrarias.

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