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Las 4 "fábricas" de la Estafa Maestra que indaga la FGR

La Fiscalía tiene en la mira cuatro domicilios en donde se falsificaban firmas, contratos y recibos durante la llamada "Estafa Maestra"

Escrito en NACIÓN el

Al menos cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de Sedatu y Sedesol en las “fábricas de documentos falsos” empleados durante la ''''Estafa Maestra'''' son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

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Al menos tres exfuncionarios que han acordado colaborar con la FGR a cambio de impunidad, revelaron que en los domicilios de las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas "alternas" de colaboradores del exOficial Mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.

Los exfuncionarios José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones y María del Carmen Gutiérrez, exjefa de la Unidad de Políticas y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, que han dado información a la Fiscalía apunta a que los excolaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 exfuncionarios para justificar el desvío de 2 mil 800 millones de pesos de Sedatu y de Sedesol.

Uno de los domicilios se ubica en Tennyson 77, en Polanco, identificado ante la Fiscalía como oficina de Zebadúa, quien administró los dineros en Sedatu y Sedesol como colaborador de Rosario Robles.

De igual forma aparece el domicilio de Horacio 1840, cuarto piso, en Polanco, inmueble que ocuparon como oficinas temporales Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, exdirectores de Programación y Presupuesto de la Sedatu.

Mientras que el inmueble ubicado en Bahía de Magdalena 125 y 146, en la colonia Anzures y que el bunker de Claudia Morones Sánchez, figura clave en la investigación, ya que ella coordinaba las “fábricas de papeles falsos”, según testimonios de exfuncionarios.

Los reportes señalan que una vez que los operadores cerraban una negociación con rectores de universidades, Morones Sánchez elaboraba los convenios formales y solicitaba los datos de funcionarios que debían aparecer en el papel. En el caso de no contar con la firma de funcionarios cómplices, las falsificaban con su equipo de trabajo.

De acuerdo con la FGR, la red utilizada en el saqueo a Sedesol y Sedatu operó en otros 10 domicilios y oficinas a donde fueron llevados más de 700 millones de pesos en efectivo en camiones de empresas de valores.


Con información de Reforma

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