La Procuraduría General de la República (PGR) estimaba en 2016 una pena de 30 años de prisión para Javier Duarte, pero sólo consiguió menos de la tercera parte, ya que la defensa del polémico exgobernador obtuvo un juicio abreviado en delitos no graves, una figura legal del nuevo sistema de justicia penal.
La indignación social por la condena laxa contra quien acusan de saquear Veracruz, de 9 años, aún podría ampliarse si lo procesan por desaparición forzada, una petición que debe hacer el gobierno de la entidad.
Diez puntos clave sobre la polémica sentencia de Javier Duarte
El proceso no es sencillo, ya que Veracruz debe pedir a la cancillería mexicana que acelere el llamado trámite de excepción para que Guatemala autorice proceder contra Duarte de Ochoa, por desaparición forzada de 13 personas. Además, el delito es tipificado como grave.
Este recurso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la entidad ya se había solicitado, pero a destiempo cuando pidieron a las autoridades guatemaltecas la orden de aprehensión, aunque antes de que fuera extraditado por ese país, en julio de 2017.
Así lo reveló hace poco más de un mes el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, cuando recordó que las acusaciones por desaparición forzada fueron tiempo después.
A esta petición se sumó este jueves el Senado, donde avalaron el exhorto a la PGR y a la cancillería para que la FGE realice el trámite de excepción.
El Punto de Acuerdo lo promovió la senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román, quien expuso como antecedente que el recurso puede ser posible, ya que la fiscalía veracruzana hizo investigaciones que involucran al extitular de Seguridad Pública en varios casos de desaparición forzada, y un juez en materia penal giró el 6 de junio una orden de aprehensión contra Javier Duarte por su presunta participación en los referidos delitos.
El abogado penalista Celestino Espinoza Rivera refirió a La Silla Rota que, la regla de especialidad del convenio de extradición México-Guatemala, señala que la persona extraditada -Javier Duarte- para fines de seguir un proceso en su contra en su país natal, únicamente podrá ser juzgada por los delitos expresamente señalados en la solicitud de extradición, que se concedió por actos de corrupción.
Además, el especialista adelantó que resulta imposible jurídicamente realizar un "trámite de excepción", ya que los tratados internacionales requieren para su modificación llevar el mismo trámite que para su firma, es decir, la aprobación de los órganos legislativos que los autorizaron.
El Tratado de Extradición con ese país dice que solo lo puede procesar por los delitos por los cuales se concedió su traslado a México; es decir actos de corrupción. Cabe recordar que las acusaciones por desaparición se hicieron después.
LE ESPERAN MÁS CARGOS
El gobernador Yunes Linares recordó que hay otros delitos por los que se acusa a Javier Duarte en la entidad: peculado, abuso de confianza, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias.
A la condena de 9 años, tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, les descontarán el año y medio que ya lleva preso, que aún podría reducirse a sólo 4 años y medio de cárcel (menos lo que ya le descontarán), debido a que no lo investigan por homicidio y secuestro, además de que ha tenido buena conducta durante su reclusión.
Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril de 2017 y fue extraditado a México el 17 de julio. Ya preso en el Reclusorio Norte aceptó el juicio abreviado y la culpabilidad por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dejó el gobierno de Veracruz el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, pero se convirtió en prófugo de la justicia.
Su captura fue en un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala.
Con información de Miguel Ángel León Carmona, corresponsal.
ams