José López Portillo llegó a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un proceso electoral que se caracterizó por no tener contrincantes de otros partidos políticos, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) no tuviera candidato tras fuertes disputas internas, lo que le generó al régimen priista un problema de legitimidad y evidenció una crisis de representatividad del modelo democrático contemplado en la Constitución.
De acuerdo con la visión de José Antonio Crespo en su libro “Fronteras democráticas”, editado por el CIDE, el hecho de que López-Portillo contendiera contra sí mismo llevó al régimen priista a idear una reforma que no tocara el umbral de la competitividad, ya que se desveló que el sistema electoral no sólo servía de fachada democrática para un régimen de partido único, “sino que cumplía sus funciones para el desempeño del propio régimen priista y contribuía a su continuidad”.
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Ante ello, se planeó una reforma político-electoral que dio vida en 1977, con una serie de cambios legales y reformas constitucionales promovidas por el historiador y encargado de la Secretaría de Gobernación, Jesús Reyes-Heroles.
Jesús Reyes-Heroles (Fotografía: Twitter @PGaleanaH)
El funcionario, conocido como el ideólogo del priismo, promovió cambios sustantivos en el esquema electoral para abrir espacios y hacer frente a la inminente realidad política.
Su frase “lo que resiste, apoya”, quedó registrada en la fraseología de la política mexicana, refiriéndose al papel de los partidos de oposición que cumplían, a su pesar, a la continuidad del régimen.
DEBATE Y REFORMA
Desde abril hasta diciembre de 1977 se discutió y consensuó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), misma que ordenaba la estructura de un colegio electoral (no se crearía un órgano electoral autónomo hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1990), abrió espacios a la oposición como el Partido Comunista, permitió las coaliciones, abrió los tiempos oficiales de radio y televisión a la oposición y nació la fórmula de representación proporcional para repartir curules y escaños en Cámara de Diputados y el Senado de acuerdo a la obtención de votación nacional de los partidos.
Carlos Salinas de Gortari (Fotografía: Cuartoscuro)
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En un artículo académico titulado “La reforma política de 1977: una democracia con falla de origen”, de Ana Victoria Gaxiola, califica a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 es considerada como “el punto de partida del proceso de liberación política vivido por México”.
Con esta reforma, de acuerdo con el mismo artículo de análisis, se abrió y facilitó el acceso a grupos y partidos que antes estaban marginados y se sentaron las bases para el establecimiento de reglas más equitativas para la competencia entre los partidos.
ELECCIONES INTERMEDIAS
José Woldenberg, académico y exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), detalló que con dicha reforma se modificó la composición de la Cámara de Diputados, aumentando el número de sus miembros a 400, de los cuales 100 serían seleccionados bajo el principio de representación proporcional. Con esta medida se buscó ampliar la representación partidaria en la cámara baja al garantizar que, por lo menos, el 25% de los escaños fuera para diputados de oposición.
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En 1979, en las intermedias, el Partido Revolucionario Institucional recibió el 69.84% de los votos (le correspondieron 296 diputados) y perdió, en manos del Partido Acción Nacional, cuatro diputaciones de mayoría relativa. El blanquiazul obtuvo 10.79% de los sufragios, lo que se tradujo en 42 diputados plurinominales, siguiéndole el Partido Comunista Mexicano con 4.97% (18 diputados); el Partido Popular Socialista con 2.59% (12 diputados); el Partido Socialista de los Trabajadores con 2.12% (12 diputados); el Partido Demócrata Mexicano con 2.05% (10 diputados); y, por último, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con 1.81% (10 diputados).
LIMITACIONES
Pese a los cambios que se impulsaron con la reforma del 77, ésta no generó modificaciones de fondo en la relación entre ciudadanía y Estado porque no desmanteló ni transformó la estructura corporativa, de acuerdo con Ana Victoria Gaxiola.
“Esto tuvo como consecuencia que las masas trabajadoras no tuvieran la posibilidad de organizarse de manera independiente en favor de sus intereses”, concluyó.
(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)
Además, escribió, que el hecho de que la reforma no se hiciera cargo de ese asunto tan relevante para la construcción de consenso democrático, trajo como consecuencia el que, con el tiempo, el sistema de partidos creciera alejado de la ciudadanía y sus necesidades.
“Este es un problema que actualmente puede ser observado en distintos fenómenos como en el descrédito generalizado de los partidos políticos, los altísimos niveles de abstención electoral”, escribió.
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