José Guadalupe Luna Altamirano era un juez atípico, a diferencia de sus colegas, gustaba de salir en los medios, hablar con la prensa, polemizar. El magistrado que hacía enfurecer con sus dichos a la procuraduría; sin embargo, tiene un lado oscuro.
Desde decisiones judiciales cuestionables, enriquecimiento sospechoso y hasta presunto nepotismo, Luna Altamirano está en la mira de la justicia, pero del otro lado del estrado.
José Guadalupe fue señalado en 2012 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tras una serie de transferencias irregulares que se encontraron en sus cuentas bancarias y de sus familiares durante al menos ochos años, según el procedimiento de responsabilidad administrativa CPJF/PA/321/2015 a la que La Silla Rota tuvo acceso.
Desde entonces fue suspendido, luego destituido plenamente de su cargo como Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y, aunque se amparó ante dicha situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su separación del cargo.
En principio, dichos movimientos irregulares detectados en las cuentas de Luna Altamirano sumaron 4 millones 676 mil 293.8 pesos. De esta cifra, 2 millones 705 mil 852.98 pesos provenían de las cuentas bancarias del propio magistrado; el resto, un millón 970 mil 440.91 pesos, de su familia.
De 2004 a 2012, estos 4 millones 676 mil 293.8 pesos se movieron en las cuentas de José Guadalupe y su familia, la mayoría en depósitos en efectivo o a través de cheques. Sin embargo, para la CJF -y pese a los antecedentes de decisiones judiciales cuestionables- este monto millonario irregular no tiene relación con su desempeño como magistrado.
Al menos siete familiares de José Guadalupe Luna Altamirano están involucrados en dichas transferencias irregulares: Leonor, entonces esposa del magistrado; Ana Laura, Paola María de los Ángeles y Adriana Guadalupe, sus hijas; Olga Estela, media hermana; José Adrián Adalberto, hermano; y Ernesto, su padre.
Al respecto, el consejo es determinante: “Es lamentablemente frecuente que cuando un servidor público oculta bienes, omite declarar fuentes de ingresos y emplea cuentas de familiares y amigos para recibir depósitos, pretende desvincular de sus bienes y cuentas las percepciones que son ajenas a la función que desempeñaba”.
La investigación de la CJF tiene una limitante. Al tener únicamente un lapso de cinco años las facultades de dicha autoridad para investigar las conductas irregulares relacionadas con depósitos de origen desconocidos, en lugar de indagar los movimientos bancarios de 2004 a 2012, se redujeron a los de 2009 a 2012, cinco años menos.
Así, las acusaciones contra Luna Altamirano pasaron de los 4 millones 676 mil 293.8 pesos a los 2 millones 368 mil 347.94 pesos, (millón 322 mil 391.50 proveniente de sus cuentas, más un millón 45 mil 956.44 de sus familiares) es decir, casi 50% menos del monto detectado por la CJF en un principio.
Del millón 322 mil 391.50 pesos de las cuentas de Luna Altamirano, este argumentó que provienen de pagos de nómina, bonos de productividad, aguinaldos, primas vacacionales, así como demás prestaciones de ley, cobros de seguros, préstamos y créditos hipotecarios, un fideicomiso y demás movimientos “genéricos”, todo esto, según el magistrado, bajo el escrutinio de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, el órgano colegiado sentenció: los argumentos del magistrado “son parcialmente fundamentados pero insuficientes”, ya que únicamente acreditó 642 mil 458.35 pesos provenientes de un fideicomiso, mientras que otros movimientos que justificó no tenían que ver con las irregularidades de sus cuentas bancarias.
El CFJ añadió: “el involucrado (es decir, Luna Altamirano) obtuvo ingresos distintos a los que le correspondían acceder”.
Incluso, en estos montos que justificó, pero ajenos a los movimientos inusuales de sus cuentas, hay irregularidades. Un inmueble, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, que donó a su hija pasó, en ocho años, de tener un valor de un millón 974 mil 730 pesos a 4 millones 429 mil 600 pesos.
José Guadalupe argumenta que se trata de un aumento de valor natural debido a los años transcurridos y a la alta plusvalía de la zona. Sin embargo, otro de sus departamentos, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, lo adquirió en 3 millones 504 mil 622 pesos en 2011, al año siguiente lo vendió en 2 millones 196 mil 568.69 pesos, es decir, un millón 308 mil 54 pesos menos.
Además, en la adquisición de otro departamento en Tequisquiapan, Querétaro, el magistrado dio como pago dos vehículos de lujo: un Pontiac, modelo Catalina, 1965 y otro marca MG Sedan convertible 1968; movimientos que omitió.
Entonces, del millón 322 mil 391.50 pesos de las cuentas de Luna Altamirano, se mantuvieron como irregulares 679 mil 933.15 pesos, lo que representa 48.5% menos.
En cuanto al millón 45 mil 956.44 pesos provenientes de sus familiares, Luna Altamirano sostiene que tienen origen licito.
Los montos por 60 mil 551.12 pesos de Adriana Guadalupe, hija del magistrado, provienen de sus ingresos como “contraprestaciones” por su trabajo de seis años en la Dirección General de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Federación, hecho que podría significar un caso de nepotismo; también derivan de su actual trabajo en la aseguradora GNP y por un préstamo bancario.
Sobre los 41 mil 400 pesos de la cuenta de Ana Laura, otra de las hijas del juez, sostiene son de su sueldo como trabajadora de Wall Mart; en tanto, por los 177 mil 890 pesos de Paola María de los Ángeles, asegura vienen de los tres años de su trabajo como repostera.
José Adrián Adalberto, hermano del magistrado, con movimientos por 140 mil 119.77 pesos, tienen su origen por su trabajo en el negocio de los banquetes, en el cual –presume Luna Altamirano– tiene más de 15 años.
Así mismo, José Guadalupe señala que ninguno de los referidos son sus dependientes económicos: Leonor, con movimientos por 550 mil 409.50 pesos, es su exesposa desde 2010; Adriana Guadalupe es independiente desde 2007; mientras que no hay nexo de dependencia económica con Olga Estela, su media hermana, con irregularidades por 55 mil 586.05 pesos; José Adrián Adalberto, su hermano; y Ernesto, su padre, con movimientos por 20 mil pesos.
Esto significa que el magistrado no estaba obligado a declararla información patrimonial relativa de estos cinco familiares mencionados.
Al respecto, el CJF reviró al juez: sobre su exesposa señala que hay montos irregulares desde antes de su divorcio en 2010, mismos que por la aclaración del Luna Altamirano se redujeron a 235 mil 682 pesos; mismo caso con Paola María de los Ángeles y Ana Laura, quienes se mantuvieron como dependientes económicos de su padre durante los años del enriquecimiento inexplicable.
Tras el divorcio, el magistrado informa que se volvió a casar con una mujer identificada como Diana del Pilar, teniendo un hijo de nombre Daniel Ernesto.
Aun así, del millón 45 mil 956.44 pesos irregulares provenientes de las cuentas de los familiares de Luna Altamirano, únicamente se señalaron como irregulares 454 mil 972.25 pesos, es decir, 56% menos.
También, José Guadalupe Luna Altamirano fue señalado por movimientos irregulares por 8 millones 469 mil 131.14 pesos. Sin embargo, al darse poca información de parte de la Contraloría, dicha acusación fue descartada, además, se identificó el origen lícito.
Al igual que un monto por 633 mil 981.70 dólares, los cuales –argumentó el juez– fueron utilizados en sus viajes al extranjero, mismos que se demuestran con sus estados de cuenta.
Así, el enriquecimiento inexplicable en las cuentas de Luna Altamirano y de sus familiares suman un millón 134 mil 905.40 pesos.
Mismos que el CJF añadió 961 mil 575.67 pesos los cuales vienen de contraprestaciones de las cuentas del propio José Guadalupe, su entonces conyugue y dos de sus hijas, dando un total de 2 millones 96 mil 481 pesos.
El órgano colegiado reitera la preocupación de que, si bien el monto irregular rebasa apenas los 2 millones de pesos, en un principio, dichas anomalías en las cuentas de Luna Altamirano sumaron 4 millones 676 mil 293.8 pesos.
Luna Altamirano, el juez favorito del cártel de Sinaloa
En 2009, José Guadalupe exonero al expresidente Luis Echeverría de su responsabilidad por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, tiempo en el que era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz.
Luna Altamirano determinó que, en efecto, ocurrió un genocidio en aquella tarde del 68’ pero en las más de 50 mil hojas del expediente no había “ni una sola prueba” que señalara a Echeverría como responsable de la matanza.
Luego, de la mano de José Guadalupe Luna Altamirano vinieron una serie de beneficios judiciales a favor de miembros del cártel de Sinaloa, liderado por –en ese entonces– narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
En 2008, ordenó la liberación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”, exonerándolo del delito de lavado de dinero, argumentando que, al igual que en el caso de Echeverría, no había pruebas y subrayó que sentenciarlo sólo por su relación consanguínea con Guzmán Loera era caer en un extremo.
Hoy, Guzmán Salazar, junto con su hermano Jesús Alfredo, es considerado líder del cártel de Sinaloa, tras la extradición y condena de “El Chapo”, así como uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno estadunidense y el mexicano.
También favoreció a Claudia Adriana Elenes Salazar, sobrina de “El Chapo”; así como a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”; y a Arturo Culebro Arredondo, “El Tito”, operador en México del cártel de Norte del Valle; decisiones que derivaron con la liberación de estos criminales ligados plenamente al cártel de Sinaloa.