La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría condenar al presidente Andrés Manuel López Obrador si se demandara al jefe del ejecutivo por difamación en contra de periodistas y medios de comunicación y la decisión de la SCJN se apegue a una jurisprudencia emitida en 2011 que refiere a la “posición preferencial” de la libertad de expresión en las sociedades democráticas, expone el columnista Enrique Krauze.
En su texto para Reforma de este domingo, el periodista empata la sentencia declarada en noviembre de 2011, cuyo ponente fue el actual ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la disputa entre el periodista y académico Sergio Aguayo y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por la demanda interpuesta del segundo contra el primero por “daño moral” en relación con una editorial publicada en enero de 2016, cinco días antes de la detención del ex funcionario por lavado de dinero.
(El articulista Sergio Aguayo y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Especial)
“El criterio ‘para juzgar la constitucionalidad de las opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión -decía el dictamen- es el de relevancia pública’, que a su vez depende ‘del interés general por la materia y por las personas que en ella intervienen’”, expone Krauze. Y resume que “cuanto más alta es la relevancia pública de los destinatarios de una crítica, mayor debe ser su tolerancia a la crítica”, ya que el debate público de las ideas "conduce a la verdad y a la plenitud de la vida democrática", en referencia a palabras de James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos.
“El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”, agrega Krauze.
Sin embargo, advierte, “a pesar de la inmensa desproporción de visibilidad pública entre ambas entidades, el poder agrede al periodismo. Y no cualquier poder, sino el poder absoluto. Y no cualquier violencia, sino la mayor gama de insultos, descalificaciones y difamaciones jamás escuchadas desde el púlpito presidencial”, escribe al contrastar la forma en que AMLO se ha lanzado contra medios durante sus conferencias matutinas, con amenazas cumplidas, acoso fiscal, ahogo financiero, asalto físico, incluso asesinato de periodistas que se han señalado en contra de administraciones federales pasadas.
“Hay un elemento adicional, gravísimo y por eso decisivo: México es uno de los países en donde más se mata a periodistas. En un contexto tan polarizado y violento, una calumnia del presidente puede ser la flama que lleve a alguien a atentar físicamente contra el periodista. Es un milagro que no haya ocurrido”, apunta.
Durante 2019 al menos 13 comunicadores fueron asesinados en México en relación o a causa del desempeño de su profesión.
“¿Qué haría la Suprema Corte si un periodista difamado (o un grupo de periodistas, o un colectivo civil) presentara una demanda contra el poder difamador? Si es fiel a su propia jurisprudencia, debería favorecer al periodista y condenar al poder”. concluye el periodista.
(diego joaquín)