DEBATE NACIONAL

La batalla por la Ley de Seguridad Interior

Argumentos de la Sedena y legisladores chocan con los de la ONU y la CNDH por la ley que legaliza la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
La batalla por la Ley de Seguridad InteriorLa batalla por la Ley de Seguridad Interior. (Especial)

Representantes en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), líderes de organizaciones no gubernamentales, representantes de las Fuerzas Armadas y legisladores siguen contraponiendo posturas en torno a la Ley de Seguridad Interior, que podría culminar la próxima semana con su aprobación en el Senado de la República. 

La legislación que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad pública por declaratoria exclusiva del Presidente de la República ha despertado un álgido debate que este miércoles tuvo nuevo protagonista: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que reprochó los intentos de frenar el polémico proyecto. 

En una reunión que tuvo lugar en el Senado, a convocatoria de la Junta de Coordinación Política, se contrastaron todas las posturas aunque más allá del debate, según propios legisladores, esta Ley estará siendo aprobada la próxima semana.

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Sedena alza la voz. No se pretende militarizar al país

En el encuentro, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Alejandro Ramos Flores, defendió ante senadores y organizaciones de la sociedad civil el contenido de la Ley de Seguridad Interior que dijo no está diseñada para la Fuerzas Armadas, ni busca la militarización del país. 


Se dice que la Ley de Seguridad Nacional es para perpetuar a los militares en las funciones de seguridad pública. Primero, la ley no habla cuestiones de seguridad pública; segundo, la ley categóricamente dice que las fuerzas armadas podrán ser empleadas como último recurso, después de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la amenaza que se ha presentado. ¿Entonces de donde resulta la expresión de que estamos militarizando el país y de donde resulta la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las fuerzas armadas?", cuestionó.

El general de la Sedena argumentó que la ley no vulnera los derechos de las personas por lo que desacreditando así la exigencia de que se necesitan mayores controles.. "¿Cuál es la necesidad de controles adicionales? Habría que ver si de verdad son necesarios ante una ley que nada vulnera los derechos de las personas y que en nada cambia las atribuciones que todas las autoridades tienen" reprochó. 

Asimismo, aprovechó la presencia de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales para aclarar que el interés de las Fuerzas Armadas está lejos de su permanencia en las calles. "El punto de partida de que la seguridad pública no debería estar a cargo de las fuerzas armadas o los militares es un punto de partida falso, nadie ha dicho que deban estarlo, ni nosotros que expresamente hemos señalado que no deberíamos estar en esa tarea". 

Lógica militar no debe aplicarse en combate contra el crimen: ONU

Previamente en este encuentro, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, reiteró su llamado a reconsiderar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, tras advertir que ha sido una de las principales causas de violaciones a los derechos humanos.  


Mantenemos nuestra firme convicción que la decisión del gobierno anterior de enviar a las fuerzas armadas a desarrollar estas tareas y la decisión del gobierno actual de mantenerlas en estas funciones, es una de las causas directas e indirectas de la actual crisis de derechos humanos en México, esta decisión es y ha sido equivocada" aseguró.

Jan Jarab, quien previamente envió una carta al Senado de la República para expresar su preocupación por el contenido de la ley, insistió en que las tareas de seguridad no le corresponden a las fuerzas armadas pues no están capacitadas para asumir este rol. 

"Es una tarea que no corresponde a las fuerzas armadas, no están capacitadas para este rol y la lógica militar no debería aplicarse en el combate contra la delincuencia (...) La Oficina (ONU) siempre expresó y ha expresado su preocupación que esto iba a ocasionar graves violaciones de derechos humanos por las propias fuerzas armadas lo cual lamentablemente ha ocurrido", señaló tras indicar que el uso del paradigma militar no ha dado resultado pues las estadísticas de homicidios y desapariciones se ha disparado dejando "un doloroso récord" que se superará en 2017. 

ONG mantienen resistencia 

A nombre de las organizaciones no gubernamentales, Santiago Aguirre, subdirector de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enlistó diversas preocupaciones no sin antes aclarar:  "No es una posición ideológica, no es ignorancia del dictamen, no es una denostación per se de las fuerzas armadas, sino que nuestras preocupaciones están sustentadas (...) de nuestra parte van a tener siempre argumentos muy concretos". 

En ese sentido reclamó que el proyecto no impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior, pues señala que la vigencia de la declaratoria que emita el Presidente de la República por afectaciones a la Ley de Seguridad Interior podrán prorrogarse "de forma indefinida" lo que advirtió: "podría ser un incentivo para no fortalecer a las policías civiles". 

Asimismo sostuvo que una de las preocupaciones de las ONG tiene que ver con la falta de supervisión legislativa y que no se contemplen contrapesos para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas, o para evaluar su actuar, ya que se establece que la Comisión de Gobernación solo informará al respecto de las acciones a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en reuniones que son a puertas cerradas lo que no garantiza transparencia además de que a la citada comisión no se le dan facultades adicionales para funcionar como un contrapeso real. 

Además indicó que un tercer tema que les preocupa tiene que ver con la posible afectación a los derechos humanos, pues no hay controles suficientes pese al incremento a violaciones de derechos humanos. "No se genera ningún contrapeso adicional de los derechos humanos, en cambio dictamen si establece que los órganos autónomos van a entregar todos los informes que se les requiera". 

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