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¿Juez y parte?, abogada de inmobiliaria y asesora de PAOT

Desde abril de 2018, un grupo de vecinos de la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc mantiene una batalla en contra del proyecto inmobiliario Ubika, situado en Insurgentes 464 que consta de dos torres de 12 niveles con 56 departamentos

  • SHARENII GUZMÁN
  • 12/07/2019
  • 19:54 hrs
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¿Juez y parte?, abogada de inmobiliaria y asesora de PAOT
Proyecto inmobiliario Ubika. (Fotos: Sharenii Guzmán)

Cinthya Altamirano combina sus actividades como integrante del Comité Técnico Asesor (CTA) de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT), y con la de ser representante legal de Ared, empresa inmobiliaria que ha sido denunciada por supuestas irregularidades ante dicha dependencia. 

Desde abril de 2018, un grupo de vecinos de la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc mantiene una batalla en contra del proyecto inmobiliario Ubika, situado en Insurgentes 464 que consta de dos torres de 12 niveles con 56 departamentos. Las viviendas de los habitantes de dos inmuebles contiguos han presentado afectaciones, acusan. 

Derivado de ello interpusieron una denuncia ante PAOT e ingresaron decenas de oficios ante la Secretaría de Protección Civil, Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la alcaldía de Cuauhtémoc. En todos estos procesos Altamirano ha fungido como la abogada de la inmobiliaria Ared. 

 

Con documentos, los vecinos exhibieron un posible conflicto de interés, ya que Altamirano se ostentaba como asesora de PAOT, al menos oficialmente hasta el 31 de mayo de este año. A lo que Altamirano rechazó mediante un comunicado, “toda vez que ejerce su profesión en términos de lo que establece el artículo 5 Constitucional, y su ley reglamentaria”. 

 

Los vecinos han sostenido reuniones en las oficinas de PAOT donde Altamirano se ha presentado como representante legal de Ared, por lo que esta situación es de conocimiento de las autoridades. 

Como consejera ciudadana, Altamirano ha participado en las reuniones del Comité Técnico Asesor y ha opinado sobre necesidad de “acabar con la corrupción en materia de obras y también el impacto urbano y ambiental”. 


En específico en la acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor de la PAOT celebrada el 19 de junio de 2018 dice que consejeros ciudadanos, entre ellos Altamirano, “discuten sobre varias obras ilegales en la Ciudad de México, sobre la responsabilidad de las autoridades ante tal situación y sobre la saturación de leyes en la materia, pero a la vez la gran cantidad de vacíos legales que existen”. 

De acuerdo con la página web de la PAOT, el Comité Técnico Asesor es un órgano auxiliar de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que aporta sus conocimientos y experiencia para asegurar el cumplimiento del derecho de las personas habitantes de la Ciudad de México de disfrutar un ambiente sano y un territorio ordenado.

Además de que no de los aspectos de mayor relevancia y prioridad en el trabajo que desarrolla el CTA es la ciudadanización de los instrumentos de procuración de la justicia ambiental y territorial de la Ciudad de México. 

En tanto la Ley Orgánica de la PAOT señala que entre las funciones del CTA se encuentra: “opinar respecto de los programas, estudios, manuales y acciones de la Procuraduría, así como proponerle la adopción de medidas y mecanismos tendientes a reforzar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en la Ciudad de México”.

Dicha normatividad establece que este cargo es honorario, por lo que los consejeros ciudadanos no reciben ningún salario. También indica que “deberán gozar de buena reputación, con reconocidos méritos profesionales, científicos, técnicos, académicos o sociales en las materias relacionadas con las atribuciones de la Procuraduría”. 

Altamirano no es la primera ocasión que atraviesa un señalamiento de posible conflicto de interés siendo consejera ciudadana. En marzo de 2017, el periódico Reforma publicó que fue representante legal de la empresa que estaba a cargo del proyecto Cinema Coyoacán y que hasta ese momento, su uso de suelo violaba lo permitido, así lo determinó un Tribunal federal. 

Los 10 consejeros ciudadanos de la PAOT fueron elegidos por la Asamblea Legislativa para el periodo de mayo de 2016 a mayo de 2019. Una vez terminado este lapso, el Congreso de la CDMX tendría que haber emitido la convocatoria y haber publicado en la Gaceta Oficial el pasado 4 de junio, sin embargo no ocurrió por lo que este proceso se aplazó hasta que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. 

Mientras tanto, hasta la mañana de este 12 de julio, en la página de la PAOT todavía aparecía el directorio con los nombres y fotos de los consejeros ciudadanos, sin embargo después de que La Silla Rota solicitara una entrevista fueron borrados. 

También se consultó a otra persona integrante del Comité Técnico Asesor y aseguró que hasta este viernes no habían sido notificados de manera oficial que había concluido su periodo, aunque en el oficio que les dieron al inicio de su encargo se establecía el periodo. 


MJP