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Jueces y magistrados exigen corregir albazo para "toma" del Poder Judicial

La bancada panista acusó que se viola el artículo 97 constitucional que establece que Arturo Zaldívar solo puede estar en ese cargo por cuatro años y no seis

Escrito en NACIÓN el

La Barra Mexicana de Abogados advirtió que la propuesta de reforma del Senado, en particular del decimotercero transitorio que amplía el periodo para el ministro presidente de la Corte, entra en colisión con las disposiciones constitucionales que no permiten extensiones de mandatospara el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, por lo que le pidió a la Cámara de Diputados rechazar tal adición haciendo prevalecer la Constitución.

Además, en carta enviada a la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Duce María Sauri Riancho, solicitó la realización de un parlamento abierto, para el diálogo y la reflexión.

En otra carta, el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y a nombre de dicha organización advirtió que el decimotercero transitorio incorporado en el dictamen aprobado en el Senado no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación.

Subrayó en una carta que en ese grupo de trabajo se ajustaron disposiciones atinentes a los procedimientos de responsabilidad, medidas cautelares, visitas extraordinarias, readscripciones y ratificaciones con el fin de armonizarlas con estándares internacionales y así garantizar la independencia de la judicatura federal.

“El decimotercero transitorio incorporado en el dictamen aprobado en el Senado no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación”, advirtió.

“Esta asociación reitera su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades de procedimiento parlamentario y hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional”.

REPUDIO A MORENA POR TOMA POR ASALTO DEL PODER JUDICIAL

Este jueves, partidos de oposición y especialistas en materia judicial repudiaron el "albazo" que Morena y algunos aliados perpetraron la tarde de este jueves en el Senado de la República, donde, al avalar las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, añadieron un artículo transitorio para ampliar el periodo de gestión de Arturo Zaldívar, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La adenda al dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue propuesta por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde, bajo el argumento de que es “la única manera de facilitar la transición a un nuevo sistema judicial”.

“Presenten las acciones de inconstitucionalidad necesarias, ahí estará la prueba de la congruencia con que se manejan los 11 ministros de la Corte. Presenten cualquier procedimiento internacional, como dijo el senador Dante Delgado; pero no hagan personales las ideas y batallas de cada grupo parlamentario”, dijo al final de la sesión.

Se esperaba que el dictamen pasara con un consenso medianamente formado, por lo que, al añadir el artículo 10 transitorio sin defenderlo en tribuna, una parte de la oposición y los aliados terminaron votando en favor los cambios. 

El cambio consiste en ampliar, por un periodo de dos años, la presidencia de Zaldívar en la Suprema Corte, y darles dos años más, también,  a los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura que tienen cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Los consejeros beneficiados con la medida serían Bernardo Bátiz, exprocurador capitalino y cercano a López Obrador; así como Eva Verónica de Gyves y Loreta Ortiz, ambas también cercanas al titular del Ejecutivo federal. 

ADVIERTEN IRREGULARIDAD LEGISLATIVA

Los senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, así como el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza y la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, acusaron que la adenda del artículo transitorio no se publicó en la gaceta y no se circuló de manera oportuna, reparando en una violación al proceso legislativo.

Señalaron directamente al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de pretender que votaran “a ciegas” y dando “un golpe de Estado al Poder Judicial”. Incluso, hubo quienes refirieron que el hecho sienta un precedente peligroso.

“Si se valida la reforma en la que un transitorio de una ley secundaria pueda cambiar el tiempo máximo de una persona en un cargo, el día de mañana ese transitorio podrá ampliar el tiempo en el que el presidente de la República esté al mando. ¡Es algo gravísimo e ilegal!”, advirtió el senador del PAN Damián Zepeda.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que “el artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy, no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de la Federación”.

 El Poder Judicial recordó que los proyectos de ley fueron públicos desde febrero de 2020, “por el dialogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial”, y adelantó que esperará la decisión de la Cámara de Diputados respecto a la minuta enviada por el Senado. 

ES INCONSTITUCIONAL, RECLAMAN

El exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, explicó que el párrafo cuarto del artículo 97 de la Constitución “es claro al señalar que cada 4 años el pleno (de la Corte) elegirá, de entre sus miembros, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Diego Valadés, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que la Ley Orgánica del Poder Judicial no puede modificar la Constitución, al ser una legislación secundaria, por lo que el transitorio es improcedente. 

“El presidente Zaldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de maniobras que lo exponen a comentarios desfavorables”, afirmó en su cuenta de Twitter.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, advirtió que el agregado al dictamen evidencia a Morena como una institución política que no cree en el Estado de Derecho, y refrendó que la adenda contradice la Constitución.

Hace un año, cuando la Corte revirtió la llamada “Ley Bonilla”, que ampliaba el periodo de gestión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, Zaldívar publicó un artículo en el periódico Milenio, donde expuso las razones de la Corte para invalidar dicha reforma.

“La Suprema Corte invalidó, por unanimidad de votos, la llamada ‘Ley Bonilla,’ a través de la cual el estado de Baja California amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador, cuando ya había concluido el proceso electoral 2018-2019. 

“Mi postura se centró en que la reforma constitucional impugnada incurrió en toda una serie de irregularidades que, vistas en su conjunto, configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que establece”, escribió entonces.

LA OPOSICIÓN REVIENTA EN CRÍTICAS

Cuando los legisladores presentes en la sesión semi-presencial del pleno del Senado se dieron cuenta de que votaron en favor un cambio que no registraron ni en la gaceta ni en tribuna, exigieron una explicación a Monreal y reprobaron el proceder de su bancada.

 El senador Emilio Álvarez Icaza dijo: “lo que esperábamos de ustedes era distinto, ustedes prometieron un cambio verdadero. Hablaron de un momento democrático y lo que acabamos de vivir es de alarma ética porque es revivir los albazos”. 

La bancada panista sentenció en varias ocasiones que votaron “bajo engaño” y consideraron que Morena actuó con dolo porque no se les comunicó de la integración de esta adenda.

“El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo, sino el agandalle para poner por más años a las personas que les toca ser nombrados por el Senado, con el voto de dos terceras partes. Pero como tienen miedo de perder la elección, están adelantando todo lo que pueden”, acusó Xóchitl Gálvez. 

Ricardo Monreal se dijo “ofendido” por las acusaciones de la oposición y subió a tribuna para defender su postura. “Mentiría si dijera que yo también estoy sorprendido. No fue así, me enteré ayer de la redacción”, reconoció.

La priista Beatriz Paredes respondió a los dichos de Monreal que la oposición no desconoce el poder que tiene una mayoría parlamentaria “y el derecho que tiene de ejercer sus atributos”, pero siempre y cuando se respete el Estado de Derecho. 

“Existe la suspicacia de que, paulatinamente, vamos avanzando a procesos que delinean un régimen que, en un lugar de avanzar a la profundización democrática, tiene ciertos visos de autoritarismo”, remató.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, acusó al presidente López Obrador –cuyo equipo jurídico redactó la propuesta junto con el de la Suprema Corte– de “no tener los pantalones” de poner el detalle en su iniciativa, y enviarlo en un artículo transitorio.

El senador Erandi Bermúdez, del PAN, respondió a Monreal que “si antes el PRI y el PAN pusieron jueces, magistrados y ministros; entonces lo que quiere decir es que ahora ustedes lo van a hacer”. 

ADVIRTIERON REFORMA HACE 11 AÑOS

Desde 2010, la Relatoría Especial sobre la Independencia de Abogados y Magistrados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió sobre la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la presidencia de ambos organismos recae en una sola persona. 

El senador Germán Martínez, de Morena, recordó que envió una carta al actual relator especial, Diego García Sayán, adelantando las irregularidades que se pretendían impulsar en la reforma al Poder Judicial.

“La reforma en comento no solo no divide los poderes, sino refuerza la cultura presidencialista del Poder Judicial, tal y como lo sostiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”, destacó el legislador en su misiva.