Por falta de elementos de prueba, investigación o prescripción de los delitos, sólo el 4.47% de las denuncias en Hidalgo que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó por el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas fueron judicializadas.
Los registros de la Unidad de Estadística Jurídica, Control de Procesos y Proyectos de la Dirección Jurídica de Pemex (enero 2017 y junio de 2018), tienen documentadas 14 mil 848 denuncias, de las cuales sólo 662 fueron consignadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Los datos de la institución consultados por LA SILLA ROTA indican que, entre enero y diciembre de 2017 se presentaron ante el Ministerio Público nueve mil 909 querellas, de las cuales sólo 506 fueron consignadas, lo que representa el 5.10%.
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En 2018 (enero-junio) la institución tramitó cuatro mil 939 denuncias, de las cuales sólo 156 fueron consignadas, lo que equivale al 3.15 por ciento del total de las carpetas de investigación o averiguaciones previas presentadas que se iniciaron luego de las denuncias de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con fuentes ministeriales de la FGR, la falta de investigación de los delitos de denunciados por Pemex, es por la carencia de personal, sobrecargas de trabajo de los ministerios públicos, la mala integración de las carpetas, o por “posibles nexos de las autoridades” con grupos de huachicoleros en la entidad.
En dos años, cuatro delegados de la FGR en Hidalgo
El auge del huachicol en Hidalgo va de la mano con la falta de investigación de la Fiscalía General de la República, quien en los últimos dos años, ha designado a cuatro representantes en esa entidad.
Los funcionarios que han estado al frente de la institución, sólo han durado algunos meses en el cargo, el cual han utilizado para “brincar” a otras delegaciones. Incluso, la salida de uno de ellos, se dio en medio de acusaciones de protección al crimen organizado relacionado con el robo de hidrocarburos.
De acuerdo con registros públicos de la institución, los cambios iniciaron con Jonathan Silva López, quien después de ser designado el 4 de septiembre de 2016, dejó el cargo en marzo de 2017, para asumir el mismo puesto en Baja California Sur.
Su lugar fue ocupado por Ana Luisa Vera Andrade, quien ocupaba el cargo en Baja California Sur. Vera Andrade duró en el cargo poco más de un año, ya que en abril de 2018 fue removida del cargo.
La prensa de Hidalgo consignó que su salida se registró por la protección que dio a grupos de huachicoleros en la entidad, así como diferentes irregularidades durante su administración.
El lugar de Ana Luisa Vera fue ocupado por Carmelo Marcos González, puesto en el que estuvo sólo siete meses, ya que en noviembre del año pasado fue investido Gerardo Vázquez Alatriste.