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Jóvenes huyen del servicio público… que se avejenta

La administración pública es cada vez un entorno laboral menos atractivo para los jóvenes, y en su lugar la empresa privada es el principal destino de talentos

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Escrito en NACIÓN el

Mary tiene más de 60 años, trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), está en el área de cultura desde el 79, y las condiciones de contratación siempre han sido precarias.

“Desde siempre ha sido trabajar por periodos, no estamos sindicalizados, dependiendo de la administración o normatividad nos han dado diferentes contratos, por año o cada 3 meses, depende del presupuesto y dependiendo del sexenio”, dijo.

Al principio de su vida laboral esta situación no le preocupo, era joven y no atendía estas cosas. Al paso de los años la realidad es otra y muy complicada. “Como antes cobrabas por honorarios no tenías derecho al ISSSTE, entonces no estuve cotizando y hoy no me puedo pensionar”.

“Yo me podría haber jubilado desde hace 15 años, pero tengo que ver si el ISSSTE me reconoce la antigüedad porque me mandaron a un sistema de cuentas individuales”, relató.

El riesgo es latente. “Tener firmado un contrato hoy en día no es garantía de nada, desafortunadamente el panorama es desalentador; a pesar de tener contrato estás con la incertidumbre que no sea renovado y al no haber un vínculo laboral con la Institución quedas en el desamparo, no hay finiquito, no hay pensión, no hay nada”.

En el INAH, los trabajadores siguen firmando contratos temporales o por proyecto. Han sido muchos los reclamos de los trabajadores, entre los más recientes, en noviembre pasado, los trabajadores del INAH no basificados denunciaron que los esquemas de contratación de eventuales y por capítulo 3000 no cumplen las condiciones básicas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo ni respetan la especialización (por formación académica o por la antigüedad en el puesto).

 

(Cuartoscuro)

En 2019, la precarización laboral en el país alcanzó cifras, al reportar una tasa de 19% de la población ocupada que se encontraba en condiciones críticas en su empleo, ya sea porque percibía un bajo salario, o una extensa jornada laboral o una combinación de ambas. 

Además, más allá de la falta de estímulo en la contratación pública, los requerimientos para acceder a muchos empleos públicos son muy superiores a los del sector privado. 

En México los trabajadores tienen una media de 36 años en el sector privado y 41 en el público, una brecha de cinco años que tiene su réplica en gran parte de América Latina y también en Europa.

(Cuartosucro)

El envejecimiento de la fuerza laboral y los años de vida socialmente productivos se ven influenciados por varios factores, en donde la condición de salud delimita la calidad y prolongación del período de trabajo activo

MEDIDAS AUSTERAS, NO PARA TODOS

Como parte de las medidas de austeridad implementadas en esta administración, los legisladores renunciaron a privilegios como los apoyos para el gasto en combustibles, telefonía celular y viáticos, pero otros trabajadores del Estado no sólo ahorran, sino que tienen condiciones laborales más precarias.

De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la precarización del empleo es un problema estructural que no se resolverá por decreto, “requiere de una serie de medidas efectivas de fomento económico, cuando vemos precarización del mercado laboral, hablamos de la precarización del entorno empresarial”. 

En los primeros 15 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 53 mil 981 trabajadores de 291 dependencias de gobierno federal fueron separados de sus puestos de trabajo.

Documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) consultados por La Silla Rota muestran que las bajas “voluntarias” de empleados (base y confianza) se registraron entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 30 de abril.

El recorte de la nómina federal va en aumento. En junio de 2019 La Silla Rota documentó la destitución de nueve mil 746 empleados de diferentes dependencias de gobierno, entre los meses de diciembre de 2018 y marzo de 2019.

El reporte más reciente de la Secretaría de la Función Pública indica que las bajas ya alcanzan a 53 mil 981 personas. La separación de trabajadores se presenta tanto en secretarías como en institutos, coordinaciones o áreas de gobierno.

De acuerdo con el listado, las dependencias con más bajas “voluntarias” son: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), seis mil 481 trabajadores; Policía Federal, seis mil 50; Servicio de Administración Tributaria (SAT), cinco mil 718; ISSSTE, dos mil 482; Secretaría de Gobernación (Segob), mil 6181; mientras que en el Instituto Nacional de Migración (INM), suman mil 212.

LA GENTE JOVEN YA NO QUIERE TRABAJAR EN GOBIERNO 

Cuando trabajaba en el gobierno teníamos varias prestaciones: seguro de separación que constaba del 10% del sueldo que ponía la institución y 10% que ponía el servidor público, ese dinero te lo daban cuando te llegaban a correr o pedir la renuncia; fondo de ahorro que constaba del 5% de tu sueldo que ponía la institución y el otro 5% el servidor público, ese dinero lo juntabas en el año y te lo daban en diciembre; bono de despensa al final del año, junto con 40 días de aguinaldo; bonos de un mes de sueldo por horas extras cada 4 meses, cuando era proceso electoral; seguro de gastos médicos mayores, contó Ytzel. Eso quedó atrás.

“También el seguro de vida lo pagaba la institución, ahora lo tenemos que pagar nosotros”, dijo.

La Administración es cada vez un entorno laboral menos atractivo para los jóvenes en muchos países, y en su lugar la empresa privada es el principal destino de los talentos.

“Hoy la gente ya no quiere trabajar en el sector público, ya no tienen las mismas prestaciones, ni condiciones”, dijo.

Además, ahora hay una restricción para que los servidores públicos de alto rango puedan trabajar en ciertas empresas de la iniciativa privada al menos por una década después de haber concluido su encargo, lo que puede suponer dejar a la Administración Pública Federal escasa de perfiles especializados.

De acuerdo con resultados del tercer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) solo 18% de la población ocupada en instituciones públicas son jóvenes menores de 30 años. 

De manera similar en el Índice Nacional de Participación Juvenil se reporta que de 2015 al 2018 el acceso a las estructuras formales por parte de los jóvenes en dependencias de gobierno rondaba entre 13% y 17% respecto al total de funcionarios. 

(Cuartosucro)

Hoy los jóvenes no están buscando hacer carrera en el sector público como lo hacían generaciones anteriores.

Otra problemática es que, “si tú quieres ingresar a una institución de gobierno necesitas conocer a alguien para entrar. Aunque dicen que las plazas concursadas en el servicio profesional de carrera el proceso es transparente, no es cierto, porque la plaza la concursan muchas personas, pero ya está dada desde un principio”.

De acuerdo con una publicación en La Fuente, el gobierno tiene una muy mala marca empleadora para los jóvenes. La percepción que tienen en México sobre el actuar del gobierno no es buena. 

La mala marca empleadora se genera porque el sector público no tiene una propuesta de valor genuina para ellos.

¿DÓNDE QUIEREN TRABAJAR LOS JÓVENES?

Nueve de cada 10 jóvenes mexicanos no quiere desempeñar un cargo público. En México, apenas 5% de la población adolescente busca un trabajo como funcionario, una cantidad menor frente al mismo dato de 2015, cuando 13% aspiraba a un puesto público, reveló el simulador empresarial Young Business Talents.

Durante 2016, el sondeo arrojó que 65% de los mexicanos entre 15 y 21 años quería emprender y 29% pretendía trabajar para una empresa. 

Incluso 96% de los adolescentes mexicanos, estaban dispuestos a mudarse a otro país para seguir su trayectoria profesional.

Los países más atractivos son España, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Italia y el Reino Unido.

Al interior del país, los estados más atractivos de trabajo para la juventud mexicana son, en orden de preferencia: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla y Quintana Roo.


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