El grupo parlamentario del PRI calificó como irracional que, en plena crisis económica, el Gobierno federal desaparezca el fideicomiso “Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta”, pues pone en riesgo de perder sus estudios de nivel enseñanza media a un millón de estudiantes, algunos con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad que ejercen su derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria.
La diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, en nombre de la bancada del PRI, solicitó a la Secretaría de Hacienda (SHCP) no extinga el fideicomiso y renuncie a despojar los 144.9 millones de pesos que se asignaron al fideicomiso en el ejercicio fiscal 2020, recursos de los cuales dependen: la Preparatoria Abierta y Educación Media Superior a Distancia; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) y Mi entorno Virtual de Aprendizaje (MIEVA – Preparatoria Abierta).
“Hacemos un llamado al Gobierno federal a no retroceder en los derechos adquiridos y acciones afirmativas en favor de los grupos de población más vulnerables, derechos y asignación presupuestal que han sido respetados en la pluralidad, lograda al paso de los años y de las administraciones, con el simple propósito de lograr la igualdad, el acceso a la educación y la no discriminación”, expuso la legisladora.
Además, la bancada priista pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que remita al Poder Legislativo un informe con el número de población beneficiada en esta Administración y las acciones tomadas para fortalecer el programa de enseñanza no escolarizada.
Señalaron que programas como el CAED y la educación a distancia no pueden reemplazarse, pero sí fortalecerse, “hagámoslo en beneficio de quienes lo necesitan, incluyendo a las y los maestros que participan en esta modalidad educativa, garantizando su permanencia laboral”.
Indicaron que con la medida dejarán de operar los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad “CAED”, al perder su presupuesto de poco más de 65 millones de pesos, que se destina a la compra de computadoras, impresoras braille, y para apoyos económicos a profesores y asesores.
De acuerdo con la legisladora desaparecer el fideicomiso de “Bachillerato general en sus modalidades no escolarizada y mixta” será un golpe a la población que más necesita de atención e igualdad en el derecho educativo.
En junio pasado Martha Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, explicó que los CAED, forman parte de un programa de estudios a nivel medio superior para las personas que tienen algún tipo de discapacidad: auditiva, motriz, visual o intelectual.
El plan de estudios es el mismo que se cursa en preparatoria abierta, la diferencia radica en la metodología, por ejemplo, en el bachillerato no escolarizado las asesorías se imparten en lenguaje de señas o en sistema Braille, pero el objetivo es reducir las brechas que existen para las personas con discapacidad, establecido en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México suscribió, dijo.
