La Fiscalía General de la República investiga nuevamente a Rosario Robles, ahora por un contrato de 77.8 millones de pesos que fueron destinados para la aplicación de 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que solo se aplicaron 15 por ciento del total.
El caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
El 8 de diciembre del mismo año la Sedesol hizo el pago a la UAEM por la suma acordada.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.
Por estos hechos también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez.
Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, quién era el encargado de darle seguimiento a los trabajos y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
Esta investigación se suma a las otras por las que fue citada para comparecer el próximo ocho de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Con información de Reforma