José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, rechazó que haya cuadruplicado sus ingresos en un periodo de cuatro años, y menos que sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, deslindó a la dependencia de cualquier información relacionada como lo informó el diario Reforma.
La información que hoy publica un medio de circulación nacional no provino de la UIF. En cualquier caso, cuando se tiene información relevante se presenta ante las autoridades competentes no ante los medios de comunicación.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 28, 2019
En un amplio comunicado, el magistrado José Luis Vargas Valdez, acusó a Reforma de servir a intereses de un grupo de ultra-derecha que intenta dañar su reputación y debilitar a las instituciones de justicia.
“Ese grupo buscaría apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; denostar mi honra y reputación como juez constitucional y, con ello, minar mi independencia e imparcialidad judicial y boicotear reformas institucionales que tienen como fin transparentar instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones del Estado”, afirmó.
De dicho grupo de interés, dijo que tiene como meta recuperar espacios de poder que han ido perdiendo a lo largo de los años, forma parte el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón y el exsecretario particular del presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, entre otros exfuncionarios durante ese sexenio.
Aquí el comunicado íntegro:
Según Reforma, de acuerdo con las declaraciones de ingresos que el magistrado Vargas ha reportado ante Hacienda. En abril de 2013, sus ingresos -como abogado- eran de un millón 791 mil pesos, mientras que en su declaración de 2016, pese a que llevaba tan sólo dos meses en el cargo, dicho monto ascendió a 3 millones 334 mil pesos, es decir, un aumento del 54% aproximadamente.
Para 2017, los ingresos del colegiado fueron de 7 millones 270 mil 317 pesos.
Ello resalta porque el artículo 101 constitucional establece que un magistrado electoral no puede tener ingresos extra, además de que la retribución máxima bruta de un magistrado de la Sala Superior es de 4 millones 451 mil 601 pesos.
En adición, la UIF investiga los movimientos por más de 14 mdp registrados entre 2016 y 2018 en una tarjeta de crédito a nombre de José Luis Vargas, así como un depósito de 500 mil pesos hecho por el gobierno del estado de Sonora.
Entre la investigación se incluyen depósitos en efectivo hechos al magistrado en 2016 y 2018, que juntos rebasan los 800 mil pesos.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información sobre el caso, sin embargo consideró que tanto la UIF como la FGR deberán desahogar el asunto.
“No por hablar aquí ya es culpable, eso tiene que demostrarse. No podemos utilizar juicios sumarios para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos”, dijo AMLO durante la “mañanera” de este lunes.
djh