La Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de funcionarios del puerto de Manzanillo, ante la posible comisión del delito de tráfico de influencias en la asignación de contratos de cesión parcial de derechos para la operación de una terminal de almacenamiento de combustibles en zona federal.
La Silla Rota solicitó una postura a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero la oficina de comunicación social respondió que no era posible por tratarse de una indagatoria en curso.
El contrato en litigio concede los derechos de una superficie de agua de 159 mil metros cuadrados, para la construcción y operación de una terminal portuaria para carga, descarga, manejo y almacenaje de fluidos por 20 años con posibilidad de prórroga.
Ovidio Noval Nicolau, director de Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API), Ricardo Martínez, director general adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimos y Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos, están bajo investigación por presuntamente haber asignado, sin autorización del Consejo de Administración, el contrato a la empresa Logística de Fluidos y Graneles.
Así se asienta en la carpeta de investigación con folio FED/COL/MAN/0000487/2018 , cuya copia posee La Silla Rota, y de acuerdo con la cual está en revisión el contrato de cesión de derechos y obligaciones celebrado entre la Administración Portuaria Integral y la empresa Logística de Fluidos y Granales S.A. de C.V.
De acuerdo con el denunciante Emigdio Jesús, Murillo Madrigal, representante legal de Porter FG México, empresa que también participó para prestar servicios en el puerto de Manzanillo, la asignación directa APMAN01-035/18 con la que se favoreció a su competidora se dio supuestamente bajo diversas irregularidades que ya habían sido detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Previo a la denuncia, que se presentó el 22 de noviembre, la SFP dio a conocer que se iniciaron indagatorias ante un posible caso de corrupción cometido por funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API), relativo a la asignación irregular de un contrato de cesión de derechos.
El Órgano Interno de Control de la API de Manzanillo dio cuenta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que la asignación directa APIMAN01-035/18 no cumplió con los requisitos legales.
El 7 de septiembre, durante una reunión del Consejo de Administración de la API, los funcionarios implicados presuntamente intentaron que dicho Consejo aprobara la asignación, lo que no ocurrió ya que tanto el titular del Órgano Interno de Control como los miembros del Consejo, se percataron que la asignación no se encontraba apegada a la normatividad, ya que presentaba imprecisiones en su contenido y redacción, así como en la documentación exhibida.
A pesar de ello los funcionarios, hoy denunciados ante la PGR, suscribieron el contrato de cesión de derechos y le dieron trámite.
Piden en Congreso dar curso a las investigaciones
Ante la posible comisión del delito de tráfico de influencias en el Puerto de Manzanillo, en la Cámara de Diputados se solicitó a la Secretaría de la Función Pública acelerar las investigaciones, deslindar responsabilidades, y en su caso, imponer las sanciones por estos hechos.
El diputado Robles Montoya, del PT, presentó el 28 de noviembre un punto de acuerdo para que la propia Secretaría de la Función Pública interponga las denuncias penales “por hechos probablemente constitutivos de delito que se desprendan de sus investigaciones”.
fmma