La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó en el paquete económico del 2021, una inversión de 826 millones de pesos para garantizar la seguridad de jueces y magistrados.
Como sustento para que este presupuesto sea aprobado por los legisladores, la SHCP utilizó como referencia el homicidio de un impartidor de justicia y de su esposa, hechos que ocurrieron en junio pasado, en el estado de Colima.
"En el presente año sufrimos el atroz y cobarde homicidio de un Juez de Distrito, derivado de su compromiso con la impartición de justicia y de su colaboración en el combate a la delincuencia organizada. Este crimen contra el Estado no es un hecho aislado, pues debe considerarse en el marco de múltiples amenazas, tanto en público como en privado, a quienes dedican sus vidas a la impartición de justicia", se lee en el documento que fue entregado esta tarde a la Cámara de Diputados.
El juez Uriel Villegas Ortiz habría sido trasladado a Colima en enero de este año para desempeñarse como Juez de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, después de que Lorena Josefina Pérez Romo, dejara una vacante tras ganar un concurso de oposición como magistrada de Circuito en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Entre los casos más relevantes, Villegas Ortiz fungió como juez en un caso de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, para que fuera trasladado de Oaxaca a Jalisco.
De acuerdo a la investigación el día de los hechos, un grupo de hombres armados ingresó alrededor de las 11 de la mañana al domicilio del juzgador ubicado en la calle León Felipe, colonia Real Vista Hermosa y lo privó de la vida, así como a su esposa.
Sin embargo, en el paquete económico no se dan detalles sobre los mecanismos de protección, ni cuáles serán las estrategias de seguridad en las que se invertirá dicho presupuesto, sólo se menciona que sería el Consejo de la Judicatura de la asignación y supervisión de dicho objetivo.
La iniciativa de esta inversión se da en el marco de los señalamientos y acusaciones sobre corrupción e ineficiencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado en torno al Poder Judicial. A penas en junio pasado, el mandatario aseguró que por dichos factores quedó en libertad María Eva “N”, la mamá de José Antonio Yépez Ortiz, el “Marro”, acusada de ser la operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima.
(MJP)