A partir de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para la localización y detención con fines de extradición del fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de captura fue emitida a partir de las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución que detectó movimientos inusuales relacionados con empresas de outsourcing.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF los movimientos financieros se llevaron a cabo en 92 empresas por un monto de 34 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR fueron ocho, todas relacionadas con las empresas fachada, contracciones irregulares, así como desvío de recursos públicos.
También, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia por el incumplimiento en el pago de cuotas patronales.
El 24 de febrero de este año, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el tema del outsourcing se abordaría, desde la parte legal, en tres vertientes mismas que fueron resultado de un diagnóstico elaborado por el gobierno federal.
El primero tema relacionado con la afectación de los derechos de trabajadores.
"Encontramos prácticas como la negación del reparto de utilidades, la afectación a la antigüedad, con la afectación correspondiente al régimen de pensiones, la afectación a los derechos en materia de vivienda, que impide a los trabajadores tener, en el outsourcing ilegal, tener acceso a la vivienda de la misma forma y a la misma velocidad que los demás trabajadores".
"La idea de la invalidación de contratos y la cancelación de contratos para efecto de evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones de naturaleza laboral y por supuesto el registro con salarios inferiores, a lo que ya nos hemos referido".
El segundo, dijo, relacionado con la defraudación fiscal que tan solo en 2019 causó al IMSS daños por 21 mil millones de pesos.
Y tercero, el outsourcing ilegal. "Yo quiero llamar la atención cuando el outsourcing ilegal se relaciona con empresas fachada o factureras con empresas que facturan operaciones simuladas, porque esto implica violación a nuestros marcos normativos, no solamente en materia de delitos fiscales, sino también en delitos financieros, como es el lavado de dinero"