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Instituto Tecnológico desaparece recursos de 4 dependencias

Los recursos del ejercicio fiscal 2017 provenían de las secretarías de Sagarpa, de Sedatu, Pemex Exploración y Producción y Banobras

  • ROBERTO BARBOZA SOSA
  • 23/03/2019
  • 20:00 hrs
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Instituto Tecnológico desaparece recursos de 4 dependencias
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF precisa que el ITSC recibió 78 millones 114 mil 500 pesos de la suscripción de cuatro convenios

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Por tareas de capacitación y autoevaluación, “servicios prestados”, acreditación ambiental, así como elaboración de diagnósticos municipales, todos jamás ejecutados, el Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSC) recibió y desapareció a través de la subcontratación de empresas fantasmas, un monto de 78 millones 114 mil 500 pesos de recursos federales, estimó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al determinar “recuperaciones probables” por 47 millones 863 mil 438 pesos.

Los recursos del ejercicio fiscal 2017 provenían de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex Exploración y Producción (PEP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Además, que carecía de capacidad para efectuar esos trabajos a la Sagarpa, Sedatu, Pemex y Banobras, el Instituto Tecnológico con sede en Frontera, Centla, subcontrató a 20 empresas inexistentes para tratar de justificar el desvío de esos recursos, con la complicidad de personal de esas instituciones federales, al no existir supervisión de los trabajos convenidos.

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El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF precisa que el ITSC recibió 78 millones 114 mil 500 pesos de la suscripción de cuatro convenios para la prestación de servicios con la Sagarpa, Sedatu, Pemex Exploración y Producción y Banobras, para lo cual erogó en servicios contratados con más de 20 “empresas”, el 92.8 por ciento del monto total, al no contar con la capacidad técnica, material, humana y financiera para la prestación de los servicios convenidos.

Hasta el 27 de septiembre de 2017, el director general del Instituto Tecnológico Superior de Centla era Ramón Rodríguez Laynes, designado por quien fuera gobernador del estado, el perredista Arturo Núñez Jiménez; luego lo sustituyó Mario Alberto Juárez Zapata, quien continúa al frente del ITSC.

La Sagarpa y el Instituto Tecnológico suscribieron un Convenio el 1 de marzo de 2017, por un importe de 10 millones 500 mil de pesos, con vigencia del 1 de marzo al 29 de septiembre de 2017, para impartir a la Sagarpa, mediante la plataforma automática e-learning la capacitación y autoevaluación en línea” de 17 cursos.

La ASF detectó que el ITSC subcontrató a nueve empresas, de las cuales ninguna proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que amparara la ejecución de los trabajos, pero que se les pagaron nueve millones764 mil 900 pesos, que representó el 93 por ciento los recursos públicos federales recibidos.

La documentación de las empresas subcontratadas 1, 2, 3, 4, 5 y 7, fue elaborada en formatos similares y no se acreditó su recepción por parte del instituto.

Ninguna de esas empresas justificó ni presentó los entregables, documentación y/o información, que acredite fehacientemente la prestación de los servicios contratados”.

Además, el Instituto presentó cuadros comparativos con las cotizaciones “presentadas” por las empresas que participaron en el proceso de contratación, detectándose que las empresas referidas compitieron entre sí para la asignación de los diferentes contratos; algunas de ellas comparten el mismo domicilio, correo electrónico y en la generalidad la actividad económica principal es ajena a la naturaleza de los servicios contratados por el instituto.

En tanto que la supuesta subcontratación con otras seis empresas fueron realizadas por adjudicaciones directas, el ITSCe adjudicó a cuatro empresas de las cuales el Director de Planeación y Vinculación presentó para cada proceso de adjudicación un escrito sin folio al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto, con la justificación de su contratación, en la que señaló que no era posible lanzar una convocatoria para una licitación pública, ya que los tiempos de realización de los trabajos a los que se obligaron con la Sagarpa debían solventarse a la brevedad.

Igual se argumentó que realizaron un estudio de mercado para determinar la conveniencia de utilizar la excepción de la adjudicación de los servicios, de cuyo resultado se obtuvo que los precios del mercado superaban a los de las empresas.

El ITSC no proporcionó una investigación de mercado, con lo que se haya justificado la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas, ni que se hayan verificado la existencia de proveedores con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación y se conozcan el precio prevaleciente de los bienes y/o servicios.

A los proveedores menos se les pidió la entrega de la garantía que estaban obligadas a proporcionar para garantizar el cumplimiento de los contratos.

De lo anterior, se concluye que los recursos pagados por la Sagarpa al ITSC no fueron aplicados de acuerdo con la normativa correspondiente; debido a que el ITSC, no presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria de la ejecución de los trabajos por parte de las empresas subcontratadas”.

En el caso de los recursos públicos recibidos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por 53 millones 931 mil 300 pesos, por el pago de los “servicios prestados” al amparo del Convenio de Colaboración del 1 de julio de 2016, el Instituto Tecnológico Superior de Centla erogó 51 millones 234 mil 700 pesos, equivalentes al 95 por ciento.

Para cumplir los compromisos del convenio, se detectó que el ITSC subcontrató a ocho empresas, de las cuales sólo una proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que amparó la supuesta ejecución de los trabajos, por lo que se presume que las otras siete empresas no efectuaron los trabajos contratados y no contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios pagados.

El ITSC no proporcionó los elementos suficientes que permitieran asegurar que todos los servicios contratados fueron devengados en 2016. Tampoco fue posible verificar la configuración y puesta en operación de los servicios convenidos con la Sedatu, y que éstos fueron prestados con la calidad, seguridad, oportunidad y eficiencia requerida”.

Tampoco presentó la documentación justificativa y comprobatoria por dos millones 696 mil 600 pesos, que es la diferencia entre los recursos ministrados por la Sedatu y el monto pagado a las ocho empresas que supuestamente ejecutaron los servicios y a las que el ITSC les transfirió recursos.

Ni proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por la ejecución de los trabajos supuestamente efectuados por las empresas subcontratadas, por lo que no justificó el pago a esas empresas por un monto de 34 millones 332 miles pesos; por lo antes expuesto, se presumen pagos indebidos por un monto total de 37 millones 28 mil 600 pesos.

La evidencia documental muestra que los servicios convenidos con la Sedatu no fueron ejecutados por el ITSC, ni las siete empresas que subcontrató para ejecutar este proyecto”.

También, ITSC y Pemex Exploración y Producción (PEP) celebraron el “Convenio Específico abierto de prestación de servicios sujeto a ajuste de remuneración”, número 425104801, consistente en “Servicio de acreditación ambiental y seguimiento del cumplimiento a términos y condicionantes del Proyecto Macuspana y actividades petroleras en PEP”.

Para cumplir esos compromisos, el ITSC subcontrató sólo a una empresa, por lo que erogó un total de 11 millones 119 mil 500 pesos, que representó el 87 por ciento de los 12 millones 773 mil 200 pesos pagados por Pemex Exploración y Producción.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla no contaba con el personal técnico para prestar los servicios requeridos; sin embargo, emitió oficios previos a la contratación con PEP, en los que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que contaba con capacidad técnica y laboral. Incluso la cláusula décima primera, no se incluía partidas a subcontratar.

Se observó una supervisión y control deficientes por parte del personal del ITSC, porque se identificaron incumplimientos del contrato; tales como omisión de la firma del supervisor de PEP en las minutas de visita de campo; no se incluyó en seis estimaciones la evidencia de que se llevaron a cabo reuniones diarias con el supervisor de PEP; no se identificaron en siete estimaciones las actividades de los especialistas “A”, “B1”, “B2”, “C1”, y “C2”; se detectaron errores en el llenado de dos estimaciones; y en seis estimaciones no se identificó evidencia alguna de que el especialista técnico “C2”, impartiera a los ejecutantes de las obras petroleras al servicio de PEP pláticas de inducción a la seguridad industrial y medio ambiente”.

Mientras, en un cuarto convenio fue celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 22 de agosto de 2016, para “la elaboración de Diagnósticos y/o Estudios y/o Proyectos Ejecutivos (TRABAJOS) en municipios beneficiarios del Fondo de Apoyo a Municipios (FAM).

El ITSC subcontrató el 100 por ciento de los trabajos convenidos con Banobras, por lo que erogó un total de 334 mil 900 pesos, integrados por los pagos efectuados a la Subcontratada 19, 20 y 21, por 175 mil 500 pesos, 29 mil 500 pesos y 129 mil 900 pesos, respectivamente, que representó el 36.8 por ciento de los 910 mil de pesos pagados por el Banco de desarrollo.

La ASF identificó que las facturas CFDI del ITSC se emitieron a nombre de los Municipios de Michoacán, se ajustaron a los “Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de Recursos del Banco de Proyectos Municipales (BPM)”, de conformidad con el numeral 3 inciso b); sin embargo, en la cláusula tercera del numeral 3.5 del Convenio marco de colaboración, se establece que los CFDI deben emitirse a nombre del Fideicomiso, lo que contravino a los

LINEAMIENTOS REFERIDOS

La ASF remitió oficios a los órganos internos de control de Sagarpa, Sedatu, Pemex y BANOBRAS, donde establece que por las irregularidades detectadas que pueden constituir responsabilidades administrativas para servidores públicos, pide se realicen las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar.

CONVENIOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

SAGARPA: monto pagado $10 millones 500 mil   monto subcontratado $9 millones 764.9 mil  = 93.0%

SEDATU: monto pagado $53 millones 931.3 mil   monto subcontratado 51,234.7 =95.0%

PEMEX (PEP):  monto pagado $12 millones 773.2 mil monto subcontratado $11 millones 119.5 mil  =87.0%

BANOBRAS: monto pagado $910 mil monto subcontratado $334.9 mil  =36.8%

mlmt