Este miércoles 19 de julio entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país: sin fiscal, sin magistrados y sin sistemas locales completos.
Fue el en 2014 cuando se aprobó una reforma política electoral que dio pie a este sistema que combatiría y prevendría la corrupción en México.
Sin embargo, casi tres años después de ese paso y a un día de implementarse de manera oficial, no se ha nombrado a quien lo encabezará, ni a los 18 magistrados especializados en la materia y sólo cuatro estados están listos.
Especialistas entrevistados por La Silla Rota afirmaron que, en estas condiciones, el SNA es inoperable ya que carece de lo fundamental para funcionar.
Además, acusaron a las diferentes fuerzas políticas de oponerse a este nuevo camino contra la corrupción en México.
Miguel Treviño de Hoyos, especialista en transparencia y ex director del Consejo Cívico de las Instituciones acusó a la clase política de no darle la importancia que se requiere y no tomar la responsabilidad de nombrar a la cabeza de SNA.
En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para exigirles que no entorpezcan la aplicación del sistema y tomen las acciones necesarias, ya que tal como se encuentra, es totalmente inoperable.
“No, no existen las condiciones para que pueda operar el SNA. No le han dado la importancia que tiene dentro de buena parte de la clase política, en especial quienes son responsables de nombrar al fiscal. Es importante que desde la sociedad hagamos un llamado de atención a las autoridades”, manifestó.
Por su parte, Haydee Pérez, directora Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. coincidió en que la clase política espera continuar con los mismos procesos opacos para designar a personas en puestos clave, los cuales se basan principalmente en las cuotas políticas y compadrazgos.
“Lo que observo es que hay una clase política un poco pasmada porque ya no se les permite hacer estos procesos en la misma lógica de favores y cuotas que venían haciendo. La ciudadanía ya no estamos dispuestos a acepar más procesos de designación a partir de la lógica de favores políticos y reparto de cuotas, hemos dio contundentes a que los procesos deben ser abiertos, transparentes, con participación ciudadana, garantizar que llenen los perfiles. No más cuotas y cuates, carnales y favores”, expuso.
De igual manera, Haydee Pérez dio a conocer que, de acuerdo a sus estudios, las entidades federativas del país son deficientes respecto a la armonización de las leyes anticorrupción.
Lamentó que la mayoría de ellos, no dieron apertura a la participación de la sociedad civil en la creación de los sistemas locales anticorrupción, entre otros aspectos que generarían una inadecuada implementación.
“Consideramos que los procesos legislativos en los estados del país, para la aprobación de las leyes anticorrupción, les hace falta mucho para convertirse en procesos de parlamento abierto y esto va en detrimento de generar confianza en la ciudadanía. También demerita la posibilidad de una adecuada implementación del SNA”, dijo.
Y es que sólo cuatro estados en el país se encuentran preparados para dar inicio de manera oficial al SNA, con: reformas constitucionales, la ley del sistema local anticorrupción, nombramiento del fiscal y tribunales de justicia administrativa.
Estos cuatro son Querétaro, Sonora, Estado de México y Morelos. En cambio, son tres los menos cumplidos para la implementación del SNA, Baja California, Tlaxcala y Chihuahua.
Es decir, son 28 las entidades del país que incumplen con alguno de estos requisitos para dar arranque al sistema, a un día de la fecha oficial.
Sin embargo, la directora de Fundar afirmó que el SNA puede funcionar con las instituciones y el personal que se tiene hasta el momento, ya que se tiene un andamiaje legal sólido.
CDMX aprueba leyes anticorrupción “a modo”: Morena
En el caso de la capital, fue apenas este lunes cuando la Asamblea Legislativa aprobó las once iniciativas que conforman el dictamen de la Ley Anticorrupción de la Ciudad de México.
Con 34 votos a favor, de los partidos PAN, PRD y PRI; y 16 en contra, en su mayoría de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con el asambleísta César Cravioto Romero, de Morena, se trata de leyes que le quitan la ciudadanización al SNA, ya que serán los mismos diputados quienes designen a los que encabezarán las fiscalías.
“Se aprobó unas leyes a modo. En lugar de darle el poder a los ciudadanos, se los dan ellos mismos, para que todo quede igual, que no cambie absolutamente nada. Hacen oídos sordos, en lugar de dar un paso a la ciudadanización de estos sistemas, dan un paso para que los mismos diputados controlen las aprobaciones de quienes van a estar al frente”, expresó.
El legislador señaló que lo aprobado va en contra de lo que dicta la Constitución, por lo que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad.