La justicia no está hecha para el Ejército, por lo menos eso deja al descubierto la impunidad que han gozado militares de bajo y alto perfil que, desde la década de 1910 que han trabajado de la mano con narcotraficantes a lo largo del territorio nacional sin temor alguno.
La lista es interminable. Desde el excoronel y exgobernador del Distrito Norte de Baja California Norte, Esteban Cantú Jiménez; el exgeneral y expresidente de México, Abelardo Luján Rodríguez, hasta los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, los militares han gozado de la protección de altas esferas del gobierno a pesar de que se han ventilado sus vínculos con el narcotráfico.
El caso más reciente es el del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, quien, en un hecho histórico, fue puesto en libertad de una prisión en Nueva York, luego de una negociación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no fuera juzgado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, y fuera repatriado a territorio nacional para sólo ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el escritor Francisco Cruz Jiménez, el narco se hizo presente en el Ejército mexicano a través de excoronel Esteban Cantú Jiménez y el exgeneral y expresidente de México, Abelardo Luján Rodríguez.
Ambos fueron gobernadores en Baja California. El primer de ellos, abrió el mercado del contrabando de alcohol y opio. El segundo, los casinos, prostíbulos, así como la venta de droga a chinos y estadounidenses. Parte de la historia delictiva de ambos mandos del Ejército fue documentada por Francisco Cruz Jiménez, en el libro “El Cártel de Juárez”, donde detalla que las actividades ilícitas de ambos militares se extendieron por toda la frontera con Estados Unidos. Ninguno de ellos fue juzgado, a pesar de que los militares en la silla presidencial tenían conocimiento de sus actividades.
A la lista de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vinculados con el narcotráfico, se suma el general Rodrigo M. Quevedo Moreno, exgobernador de Chihuahua y jefe de la Primera Zona Militar en el Valle de México. El investigador Luis Astorga relata que, en octubre de 1942, la detención de Enrique Ruiz Uranga, familiar del general destapó los vínculos que tenía con un coronel de apellido Mendizábal en Ciudad Juárez, Chihuahua, para el tráfico de cocaína y morfina, sin embargo, el caso no tuvo repercusiones.
En 1994 el asesinato del entonces gobernador de Sinaloa, el coronel Rodolfo Tirado Loaiza, descubrió los vínculos entre narcotraficantes de la entidad con el general Pablo Macías Valenzuela quien después sería gobernador de ese mismo estado.
Macías Valenzuela fue acusado por el sicario “El Gitano” de ser el autor intelectual del asesinato de Rodolfo Tirado. Tras ser nombrado como gobernador de Sinaloa, la prensa local y nacional lo acuso de vínculos narcotraficantes para la siembra de adormidera. Nunca fue juzgado gracias a que fue nombrado jefe la Primera Zona Militar.
El coronel Carlos I. Serrano, uno de los fundadores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), protagonizó dos historias de narcotráfico. La primera de ellas fue en 1947 cuando se llevó un cateo en un centro nocturno de la Ciudad de México. En el lugar fue decomisada droga, la cual fue atribuida al coronel. Un año después, en Laredo, Texas fue detenido Francisco Gurrola, un agente de Migración cuando circulaba en un automóvil Cadillac en el transportaba goma de opio. El vehículo era propiedad de Carlos I. Serrano. En ambos casos, no fincaron responsabilidades en su contra, ya que era consejero del entonces presidente Miguel Alemán.
En 1972 el general Humberto Mariles, ganador de medallas de oro en la Olimpiada de Londres (1948), fue detenido en Paris, acusado de narcotráfico. Al ser trasladado a prisión murió. Hay tres versiones sobre su muerte. La primera: falleció a causa de un edema pulmonar, la segunda, por envenenamiento, y la tercera, por suicidio.
LA HISTORIA RECIENTE
En las últimas décadas, la relación entre narcotraficantes y militares se ha mantenido a pesar de los discursos de presidentes, así como del despliegue de militares para combatir la producción, trasiego y venta de droga en territorio nacional. Sin embargo, la justicia ha brillado por su ausencia.
A finales de la década de 1980, una investigación de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), para detener a los asesinos del agente Enrique “Kiki” Camarena, destapó los supuestos vínculos entre el extinto Cártel de Guadalajara y el exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui.
Según el testimonio ante una Corte en los Ángeles, California, de Jorge Godoy, un expolicía y exescolta de Ernesto Fonseca, el entonces secretario Juan Arévalo Gardoqui se reunió en diferentes ocasiones con líderes del cártel para planear el secuestro de Camarena. Arévalo Gardoqui, también fue señalado de tráfico de drogas; sin embargo, las acusaciones nunca se comprobaron.
El 6 de febrero de 1997, Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) fue detenido luego de ser acusado de traición a la institución militar y de atentar contra la seguridad nacional, al dar protección, durante varios años, a uno de los principales barones de la droga, Amado Carrillo, “El Señor de Los Cielos”, entonces líder del cártel de Juárez.
La familia de Rebollo, asegura que la detención y enjuiciamiento del General fue una venganza de autoridades del gobierno de Ernesto Zedillo, al asegurar que tenía pruebas de los vínculos entre el cártel de Los Amezcua, y personas cercanas al expresidente Zedillo. De los mandos militares detenidos por vínculos con el narcotráfico, es el único que fue sentenciado a 40 años de prisión. En diciembre de 2013 obtuvo un amparo para enfrentar el juicio en arresto domiciliario.
LOS CASOS DE QUIROZ HERMOSILLO Y ACOSTA CHAPARRO
La detención de Rebollo llevó a la captura de otros mandos militares, entre ellos, Alfredo Navarro Lara (17 de marzo de 1997), acusado de cohecho, asociación delictuosa y delitos contra la salud al servicio del cártel de Los Arellano Félix. Fue sentenciado a 20 años de prisión,
El general Jorge Maldonado Vega fue aprehendido en enero de 1998, por ayudar al cártel de Juárez. Fue sentenciado a 26 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, en 2002 fue absuelto.
En septiembre del año 2000, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro fueron detenidos por dar protección al cártel de Juárez. Ambos fueron condenados, sin embargo, Quirós Hermosillo fue condenado a 16 años de prisión por un Consejo de Guerra. Pero, en 2005 fue absuelto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero permaneció continuó en prisión por tráfico de drogas. Murió el 19 de noviembre de 2006 en el Hospital Central Militar.
Arturo Acosta Chaparro, también fue condenado a 16 años de prisión. En 2005 fue absuelto de los delitos peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita en beneficio del cártel de Juárez. En abril de 2012 fue asesinado de tres impactos de bala en la Ciudad de México.
En 2001 Ricardo Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos contra la salud por vínculos con el cártel del Golfo. Fue sentenciado a pasar 15 en prisión y liberado en 2016. En 2019 un Consejo de Guerra le reconoció su inocencia.
Durante el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada, el general y ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escoria Vargas, Rubén Pérez Ramírez, Roberto Dawe González, el Mayor, Arturo González Rodríguez, así como el Teniente Silvio Isidro Hernández de Jesús Soto, fueron detenidos por supuestos vínculos con el cártel de Los Beltrán Leyva, luego de los testimonios de testigos protegidos.
Todos fueron liberados por falta de pruebas y luego de que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desistiera de la acusación en su contra.
(MJP)