El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa para que todo aquel que se hubiese desempeñado como funcionario público no pueda ocupar un cargo en una empresa de la iniciativa privada, relacionada a la actividad que realizaban en el gobierno, en por lo menos 10 años.
Ejemplos sobran. El caso del expresidente, Ernesto Zedillo, quien estuvo trabajando como consejero en bancos que incluso fueron rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), es uno de ellos.
FUNCIONARIOS DE CALDERÓN
Después del sexenio de Felipe Calderón, hubo varios casos de miembros del gabinete que pasaron a la IP. Uno de ellos fue el exdirector de Pemex Exploración y Producción (2004-2014) Carlos Arnoldo Morales Gil.
Otros de los "chapulines" también estuvo la otrora secretaria de Energía (2006-2011) Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien asimismo se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE. En abril de 2013, sólo cinco meses después de haber dejado su puesto en la administración pública federal, Kessel fue nombrada consejera vocal de Iberdrola. Ello a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el puesto.
Uno más fue el exdirector de Pemex (2009-2012) Juan José Suárez Coppel. En marzo de 2013, el economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) pasó a formar parte de la mesa directiva de Jacobs Engineering Group Inc.
Otros fueron los casos del exdirector general de Asuntos Internacionales de la Sener (2003-2007), Salvador Beltrán del Río, y del exsubsecretario de Hacienda y Crédito Público (2011-2012) Gerardo Rodríguez Regordosa, quienes pasaron a formar parte de la firma estadounidense Blackrock, una de las mayores gestoras de activos en el mundo.
Se sabe que Francisco Gil Díaz, tras su paso por la administración pública, fue fichado por Telefónica (Movistar) como su CEO, cargo que ostentó hasta 2016.
Francisco Gil Díaz fue miembro del grupo de tecnócratas cercanos a Carlos Salinas de Gortari. Durante el gobierno de éste ocupó la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, bajo la conducción de Pedro Aspe Armella.
Luego fue subgobernador del Banco de México. Fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox, período en el que hubo denuncias de la complicidad de Aduanas –área bajo su responsabilidad—en casos de contrabando.
En mayo de 2001, se produjo la venta del banco Banamex al grupo estadounidense Citigroup, en una transacción de 12 mil 500 millones de dólares. La secretaria de Hacienda de Gil Díaz condonó el pago de los respectivos impuestos por esa operación, que hubieran significado el ingreso de 3 mil millones de dólares a las arcas públicas
Antes de ser nombrado secretario de Hacienda por Vicente Fox, Francisco Gil Díaz había servido como consejero de Banamex-Accival, propiedad de su amigo Roberto Hernández, publicó la revista Proceso.
“CHAPULINES” DE PEÑA
En cuanto a los casos de “chapulines” que brincaron de ocupar un puesto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a la IP, se encuentra José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda que luego de su derrota en los comicios de 2018 se hizo de un puesto en la junta de consejo de HSBC, banco al que multó con 27.5 millones de dólares cuando estaba a cargo de las supervisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por su parte, Jaime González Aguadé, exdirector de la CNBV, pasó a formar parte de Caja Libertad, otorgante de crédito presidida por Juan Collado, a menos de dos años después de dejar el sector público.
EN LA CNBV, NERVIOSOS
En este sentido, al interior de la CNBV, se advierte cierto nerviosismo en torno a la iniciativa de AMLO, ello luego de una serie de renuncias (fuentes aseguran que se trató de una quinta parte de la planilla de funcionarios) derivadas al recorte de salarios en relación a las medidas de austeridad republicana.
De crearse la legislación “antichapulines” se vería afectada la práctica de algunos funcionarios de la CNBV, quienes al cumplir con el cargo público aceptan puestos en entidades bancarias.
Ante ello, Bloomberg augura una fuga de cerebros en la Comisión, lo que podría reflejarse en un debilitamiento de la institución.
“Sería devastador para el regulador (...) las mejores personas se irían en lugar de quedarse”, destacó Mauricio Basila, quien fungiera como alto funcionario de la CNBV, y ahora dirige su propia firma de consultoría.
Fuentes al interior de la Comisión, señalan que la operatividad se ralentizó a partir de la primera fuga de funcionarios.
Ello evitaría la presencia de fraudes, ataques cibernéticos y esquemas de lavado de dinero.
En tanto, Patricia Terrazas, diputada del Partido Acción nacional (PAN) y presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso federal advierte sobre un éxodo en otras instancias gubernamentales, como el Banco de México (Banxico), y las Secretarías de Hacienda (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Los talentos buenos se los llevan a una empresa o la iniciativa privada o hasta el extranjero porque es un talento preparado”, precisó la legisladora.
Asimismo, Terrazas detalló que en la iniciativa existen áreas grises, ya que no es explícita la prohibición a exreguladores para ingresar a empresas de consultoría privadas, lo que permitiría una presión al gobierno desde dichas instancias.
El último borrador -afirmó- se dirige a directores generales y superiores, es decir, cerca de 50 funcionarios de la CNBV.
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