El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló por mayoría de votos sancionar al partido Morena con 4.5 millones de pesos por haber recaudado fondos en 2017 para la campaña a la gubernatura del Estado de México, de la entonces candidata Delfina Gómez, actualmente secretaria de Educación Pública.
Dicha recaudación consistió en la retención del 10% salarial a 550 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y DIF municipal, una práctica política conocida popularmente como "diezmo" y que fue aplicada por otros partidos como PRI, PRD y ahora Morena.
En la exposición del caso, Adriana Favela consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización expuso que la investigación arrojó que se recaudaron en total 13.8 millones de pesos por la llamada corriente Grupo de Acción Política; y que el "dinero que fue utilizado con fines proselitistas", dijo.
Además, se comprobó que 2.3 millones sí se destinaron a proselitismo político; el resto del dinero no fue posible rastrearlo porque se utilizó en efectivo. De ahí que la sanción se cálculo sólo a partir de que Morena obtiene su registro como partido político.
El consejero presidente Lorenzo Córdova calificó esto como "una práctica política vulgar". Y citó el fallo del Tribunal Electoral respecto al caso "Pemexgate", cuyas características -dijo- fueron similares en términos de desvío de recursos con fines electorales. "Sin el Pemexgate no podríamos honrar la lógica que estuvo detrás de esa sanción icónica".
El consejero Ciro Murayama afirmó que la investigación confirma "una trama ilegal de financiamiento político electoral que no es única ni novedosa, en 2018 se sancionó una operación similar en el gobierno de Chihuahua a favor del PRI", dijo.
La investigación incluye una entrevista de la periodista Carmen Aristegui a Delfina Gómez quien reconoció los descuentos hechos, "declaró que la retención del dinero a los trabajadores fue para la causa de Morena", citó el consejero.
"Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quién lo haga, es pensar que el trabajador de desempleo al partido gobernante en turno y que por eso pueden quitar la parte de su salario. Descontar nómina para financiar apuestas políticas personales y de grupo es una conducta del subdesarrollo político propio del clientelismo qué sigue presente", remató.
El representante de Morena, diputado Eurípides Flores afirmó que el INE actuó de manera dolosa contra el partido; agregó que no hay pruebas que acrediten la sanción resultado de una investigación de 4 años. También negó cualquier vínculo con el GAP. Y consideró un exceso comparar este caso al Pemexgate.
"No hay punto de comparación" y argumentó que la investigación se basó solo en suposiciones. "Ustedes le están haciendo el juego a la oposición, nosotros no somos iguales", acusó.
Murayama le respondió que si ésta investigación hubiera ocurrido en Atlacomulco, sería igual. "Si es cierto que no son iguales, pues no actúen igual. Porque descontar dinero a los trabajadores diciendose de izquierda es además de ilegal, antiético e inmoral. No pretenda que porque son gobierno nos van a inhibir", retó. "Ya sancionamos al PRI en Chihuahua, se lo hemos demostrado también al PAN, nuestra autonomía no la van a romper ustedes con sus presiones".
La consejera Carla Humphrey resaltó que la investigación fue exhaustiva. y afirmó que si bien está acreditado el mecanismo de recaudación "no existe certeza plena de que la totalidad del dinero se utilizó a fines o en beneficio de Morena, eso no está acreditado".
El consejero Uuc-Kib Espadas se refirió a la existencia o no, del GAP. "Sí existe, desde hace mucho tiempo y es reconocido por quienes en su momento militamos en el PRD y supongo que ahora por Morena. Es un grupo que existe de facto porque no está formalizado jurídicamente", dijo.
Subrayó que Morena se vio beneficiado "por dinero obtenido de manera ilegal para alguna de sus campañas".
¿QUÉ DIJERON PAN Y MORENA?
La queja fue interpuesta por el PAN en aquel año. el representante del pan Víctor Hugo Sondón manifestó su desacuerdo con la sanción, afirmó que debe ser mayor. Argumentó que hay información suficiente para plantear otra sanción; y consideró que también hay otros datos que podrían ser revisados de manera exhaustiva para conocer a detalle la ruta del dinero en este caso.