El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta tarde el registro del Frente Ciudadano por México, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el resto de los partidos (excepto el PT), exigieron al órgano electoral que vigile la actuación del Frente, que será vigente hasta 2024.
Para PRI, Morena, Partido Verde y Encuentro Social se trata de una violación a las leyes, debido a que ésta no contempla la integración actividades con fines electorales, mucho menos previo a los comicios de 2018.
La mayor queja de la oposición son los spots en que comienzan a promover decisiones en conjunto (PAN, PRD y MC), como eliminar el financiamiento público a los partidos.
La exigencia de los mexicanos es la del #FrenteCiudadano: eliminemos el 100% del financiamiento público a todos los partidos políticos. pic.twitter.com/TFNdYvm6tv
— Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 22 de septiembre de 2017
Tribunal Electoral respalda al INE
Además, el Tribunal Electoral federal confirmó la negativa del INE de restringir los promocionales "Frente Ciudadano" y “Frente amplio es una realidad", a petición del PRI.
Los spots se transmiten en radio y televisión, los cuales bajo una revisión exhaustiva, determinó que su contenido se ajusta a la naturaleza de la propaganda política.
El Pleno de la Sala Superior dijo que los promocionales del Frente son parte de sus prerrogativas de acceso a los tiempos de radio y televisión, al tratarse de propaganda política.
INE cede sus tiempos por sismo
El INE además aprobó que en los tiempos de radio y televisión que administra se difundan spots de Protección Civil, por un mes, para atender la emergencia del sismo del 19 de septiembre.
De así desearlo, los partidos políticos podrán hacer lo mismo.
Los mensajes en favor de la ciudadanía afectada serán por siete minutos 48 segundos, que administra a diario en cada estación de radio concesionada, y cinco minutos 45 segundos en cada canal de televisión concesionado.
Asimismo, tres minutos 36 segundos en las emisoras pertenecientes a los concesionarios públicos y sociales para los partidos políticos y las autoridades electorales.
Con información de El Financiero y Notimex.
ams