La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) inició una investigación en contra del titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, José Carlos Villarreal Rosillo, por haber propuesto el no ejercicio de la acción penal en contra de 30 mil 668 funcionarios públicos de la capital del país que fueron denunciados penalmente por la comisión de diversos delitos.
En su edición del pasado 6 de mayo, La Silla Rota dio a conocer que Villarreal Rosillo, en respuesta a una solicitud de información pública, señaló que, de diciembre de 2012 al 31 de marzo de este año, la fiscalía a su cargo había recibido un total de 27 mil 744 denuncias penales en contra funcionarios de la administración de la Ciudad de México.
Asimismo, dio a conocer que, del total de denuncias recibidas, incluyendo aquellas que no están comprendidas en el periodo señalado entre 2012 y 2019, él había propuesto el no ejercicio de la acción penal en contra de estos 30 mil 668 funcionarios infractores y que únicamente se había propuesto la acción penal en contra de mil 424 de ellos, es decir, tan sólo el cuatro por ciento de los denunciados.
De esta forma, el pasado 14 de mayo pasado fue denunciado penalmente ante la Visitaduría General de la PGJCDMX por esta exoneración masiva de funcionarios denunciados penalmente.
Esta denuncia fue recibida por María Teresa Cortés Villegas, agente del Ministerio Público Visitador y por la oficial secretario Juana Flores Hernández en la Agencia de Supervisión ¨D¨ de Quejas en la Visitaduría Ministerial.
De igual forma se le dio vista al Congreso de la Ciudad de México para que, por medio de la Auditoría Superior de la capital, se realice una auditoría integral de legalidad con la que, aleatoriamente, se realicen revisiones a las 30 mil 668 denuncias sobre las que se dictó el no ejercicio de la acción penal contra funcionarios de la administración capitalina.
Cabe recordar que los delitos en que habrían incurrido los más de 30 mil funcionarios denunciados penalmente son, entre otros, abuso de autoridad, acoso sexual, allanamiento de morada, amenazas, coalición de servidores públicos, corrupción de menores, cohecho, despojo, discriminación, extorsión, fraude, intimidación, lesiones, peculado, robo y tortura.
De igual forma conviene señalar que, de los mil 424 funcionarios contra quienes sí se ejerció acción penal, el fiscal Villarreal Rosillo tampoco aclaró cuántos de ellos fueron sentenciados por un juez y fueron encarcelados.