El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio luz verde a la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los seis comisionados que estuvieron presentes en la sesión pública del INAI, ante la ausencia de Rosendoevgueni Monterrey, decidieron por unanimidad instruir al director general de Asuntos Jurídicos interponer un recurso de control constitucional contra el acuerdo del gobierno federal que pone la etiqueta de seguridad nacional a las obras clave de la Cuarta Transformación.
Aseguraron que la información pública sólo puede reservarse por seguridad nacional con un análisis previo en cada caso y no a priori. Agregaron que el acuerdo de la 4T puede llevar a que se reserve información de las megaobras de manera previa y que incluso pudieran ni siquiera generarla.
Los comisionados del INAI señalaron que la SCJN debe determinar la compatibilidad del acuerdo con la Constitución.
EL POLÉMICO ACUERDO DE AMLO
El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente.
Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
"Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional", se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.
Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que "con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional".
Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada "temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional".
En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.
"Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de la obra pública, es evidente que es inconstitucional pero va a haber un problema. Están invadiendo las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores y son de Morena. ¿Van a presentarla? Por supuesto que no".
GOBIERNO FEDERAL DEFIENDE DECRETAZO
En conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que es un acuerdo interno para facilitar y para poder terminar las obras clave de su sexenio. Puso como ejemplos al Aeropuerto "Felipe Ángeles", para el que quedan cerca de 120 días de construcción, así como el Tren Maya, que está proyectado para 2023.
"Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles (...) pues como 120 días más o menos. Imaginen si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el exministro Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va a ser mucho ruido. Y nos presenta un amparo y cae un amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos", dijo.
El mandatario mexicano agregó este tema no tiene que ver con la transparencia, pues es un acuerdo para acelerar entre dependencias acciones para terminar las obras de su sexenio.
Aseguró que todos en su gobierno tienen la convicción de actuar con honestidad y transparencia, cero corrupción y cero impunidad.
Reclamó que sus adversarios señalan que el acuerdo es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia ni honestidad.
"Es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras", dijo.
"Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas", lanzó.
(Luis Ramos)