Un informe de Human Rights Watch asegura que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la “impunidad” fue una “norma” a través de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, por la “violencia generalizada” contra niñas, jóvenes y mujeres adultas, así como delitos como la tortura, desaparición forzada, abusos a migrantes, ejecuciones extrajudiciales, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos.
“El Informe Mundial 2020”, el cual incluye las violaciones a derechos humanos que se registraron en 2019 en diferentes países del mundo, menciona que a pesar de que se han hecho reformas en justicia, así como el inicio de labores de la Guardia Nacional, los resultados son lentos a través de una institución integrada principalmente por militares quienes realizan actividades de “investigación” e “inteligencia” con fines “preventivos”.
Las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y los abusos contra los migrantes, han continuado bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018. La impunidad sigue siendo la norma
En el apartado “Sistema de Justicia Penal”, el informe de Human Rights Watch menciona que en 2019 el gobierno México no proporcionó justicia, protección y reparación del daño a las víctimas de violencia y violaciones de derechos humanos.
Las causas de falla incluyen corrupción, inadecuada capacitación y recursos, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y funcionarios abusivos
Al describir los “abusos” e “impunidad” de los militares, el documento relata que en 2014 el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para que los abusos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean procesados en tribunales civiles. Sin embargo, “la búsqueda de justicia por estas violaciones sigue siendo difícil”.
El presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional para reemplazar a la policía federal en operaciones de seguridad pública y colaborar ‘temporalmente’ en tareas de seguridad pública en estados y municipios. Inaugurado en junio, está compuesto principalmente por tropas militares y dirigido por un ejército general que se retiró del servicio activo en agosto. La ley que regula la Guardia Nacional permite a sus miembros participar en investigaciones criminales y emprender actividades de inteligencia con fines ‘preventivos’
Derechos de las mujeres y niñas
México carece de leyes que protejan y garanticen los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres para evitar ser víctimas de la violencia sexual y género, lo que ha generado una “violencia “generalizada".
Las leyes no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, incluidas las que hacen mención sobre la severidad de los castigos para algunos delitos sexuales que dependen de la ‘castidad’ de la víctima, contradicen estándares internacionales
De acuerdo con Human Rights Watch, la violencia contra las mujeres en México originó 540 feminicidios entre los meses de enero y julio de 2019.
Las mujeres y las niñas continúan enfrentando tasas alarmantes de violencia de género. Según datos oficiales, durante enero y julio de 2019 en todo el país, hubo 540 feminicidios, definidos por la ley mexicana como privar a una mujer de su vida por cuestiones de género. Para abril de 2018, los registros oficiales tenían 9,522 mujeres y niñas desaparecidas
Desapariciones forzadas
En el informe de Human Rights Watch también incluye un apartado sobre “desapariciones forzadas”, las cuales desde el año 2006 “han sido un fenómeno generalizado”, debido a la presencia de organizaciones criminales y falta de investigación de policías y fiscalías, lo que ha llevado a los familiares de las víctimas a investigar los casos.
Para enero de 2019, la Oficina del Fiscal General había abierto 975 investigaciones sobre denuncias de desapariciones forzadas y había presentado cargos en solo 12 casos. Para septiembre de 2019, la unidad especializada de secuestros de la oficina informó que solo tenía una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales
Entre los hallazgos encontrados en México, el documento refiere que “el Comité de Derechos Humanos destacó su preocupación por la ‘alarmante’ impunidad en casos de desapariciones, incluidos aquellos donde el crimen organizado y las autoridades fueron supuestamente coludidos”.
En agosto -2019-, Karla Quintana, la Comisionada de Búsqueda Nacional, jefe de la Comisión Nacional de Búsqueda, declaró que el paradero de 40,000 personas que habían desaparecido seguía desconocido
El documento menciona que las familias de las víctimas han denunciado las graves deficiencias para identificación y almacenamiento de cuerpos. Por su parte el Estado admitió que más de 26 mil cadáveres permanecen sin identificar.
Asesinatos extrajudiciales
Otro de las violaciones a derechos humanos en México son los “asesinatos extrajudiciales”, entre los cuales se encuentra el de ocho civiles fueron “presuntamente víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía estatal en Tamaulipas” en septiembre de 2019.
Al momento de escribir esto, las autoridades habían emitido órdenes de arresto contra siete policías estatales por los crímenes de asesinato, abuso de autoridad, y dar informes falsos a las autoridades. Para octubre, las autoridades seguían investigando
De acuerdo con el informe, “no hay información confiable sobre el número de ejecuciones extrajudiciales”, ya que la mayoría de los homicidios nunca son procesados o porque solo registran número de homicidios, no su contexto.
Aunque el Ministerio de Defensa ha dicho dejó de registrar el número de civiles que mató a partir de 2014, las organizaciones de la sociedad civil dijeron en 2019 que las declaraciones hechas por el ministro indicaban que la información existe, pero que el ministerio se ha negado a divulgarla y no proporcionó una explicación justificada
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos siguen siendo habituales por parte de autoridades gubernamentales y grupos criminales. De acuerdo con el informe, las autoridades no investigan los crímenes contra periodistas adecuadamente, a menudo descartando de manera preventiva su profesión como motivo del crimen
Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial Federal para investigar crímenes contra periodistas ha abierto más de 1,000 investigaciones. Entre 2010 y diciembre de 2018, la Fiscalía Especial presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo que representa el 16.3 por ciento de todas las quejas recibidas. Durante el mismo período, obtuvo 10 condenas
En el caso de los defensores de los derechos humanos, el documento menciona que a menudo son objeto de intimidación, criminalización y violencia.
(María José Pardo)