CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En México el uso arbitrario de la publicidad oficial se ha convertido en una forma de censura para periodistas, pero además impacta de manera significativa en la precariedad laboral de las personas que ejercen esa profesión, afirma Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México.
“La publicidad oficial funge como la caja chica de los gobiernos y como instrumento de presión para fijar las líneas editoriales de los medios, para promover a las figuras públicas en turno.
La publicidad oficial también impacta en las condiciones laborales de las y los periodistas. En muchos casos, principalmente en los medios locales, el pago de las notas que escriben depende de su publicación y esto, a su vez, de que no afecten a aquellos funcionarios públicos que pagan por buena reputación”, señala el informe “Libertades en Resistencia” de Artículo 19, presentado este jueves.
En entrevista, Ruelas indica que en el país, la regulación de la publicidad oficial es un tema pendiente.
“En 2012 cuando llegó Enrique Peña Nieto al poder, una de las iniciativas prioritarias era la regulación, sin embargo es la única de las tres iniciativas prioritarias que ha quedado en el tintero. Era anticorrupción, transparencia y publicidad oficial, este tema se quedó en el olvido. Es por ello que sigue siendo una gran fuente de censura. No solo a nivel federal sino a nivel estatal”.
El informe establece que en muchos de los casos, “la plata” determina qué es lo que se publica y lo que no, lo que la sociedad puede o no saber. Cuando ese esquema es rechazado desde la resistencia, aún cuando la publicidad oficial supone una forma de violencia, algunos logran evadirla e informar. Sin embargo así, se enfrentan a una más vil y cruenta, “el plomo”.
“Entonces esta situación genera que el medio se alinee directamente a la posición del Estado, pues ‘nadie muerde la mano que te da de comer’ y al final lo que se tiene que buscar a nivel nacional, es definir claramente qué es publicidad oficial, ya que se pervierte la información que recibe la sociedad poniéndola como publicidad oficial”, advierte Ruelas.
La publicidad oficial, agrega, tiene que ser una forma de comunicación en la que el Estado le informe a los ciudadanos sobre como hacerse de sus derechos y asumir sus obligaciones. “A la gente no le importa el número de puentes que se han construido, sino necesita saber cuánto se gastaron y qué beneficios tendrá.
Si queremos dejar de hablar de ‘la plata o el plomo’ necesitamos una regulación inmediata de publicidad oficial en la que haya criterios objetivos y claros para la asignación”.
Por esto, mientras no se libre la batalla económica entre los medios de comunicación y gobierno, no habrá información objetiva, independiente y plural y los periodistas no podrán ejercer libremente su profesión, indica el informe.
Este tipo de violencia, dice Ruelas, se agudiza a nivel estatal. En un estudio que hizo Artículo 19, junto con Fundar, sobre qué tanto medios locales dependen del dinero público, se detectó que hay casos que dependen hasta en un 80 por ciento.
“Algunos de los casos están en Oaxaca, donde la mayor parte del ingreso percapita viene de dinero público. Es difícil que los medios tengan una fuente de financiamiento privado, dado que en ese estado no hay tanta incitativa privada”. Otra entidad donde se detectó esta presión a través dela publicidad oficial fue Querétaro.
El documento de Artículo 19 México arrojó que durante el 2016, la impunidad en agresiones contra periodistas alcanzó un 99.7 por ciento.
Ante la alerta por el nivel de impunidad, Ana Cristina Ruelas dice que para combatir este tipo de violencia es necesario que la ciudadanía exija seguridad para los periodistas.
“Como sociedad se tiene que cuestionar la información y exigirle a los organismos responsables de garantizar la libertad de expresión, como al mecanismo de protección a periodistas, que tienen que coordinarse entre ellos y entre las autoridades estatales”.
Durante 2016, la Ciudad de México fue la segunda entidad, seguida de Oaxaca, donde se registraron más agresiones a periodistas. Esto a pesar de que el contexto de la violencia es distinto a diferencia de los estados donde hay narcotráfico.
“Hay dos razones por la que puede ser que la CDMX concentre muchas agresiones. Uno, que en ese año han incrementado los mecanismos de violencia institucional que se implementan a través de las demandas de daño moral y auditorías arbitrarias. Además de que a los periodistas que más seguidores tienen en redes sociales, que están concentrados principalmente en la ciudad, fueron amenazados”.
En México durante 2016 fueron asesinados 11 periodistas. En ese año, la asociación Artículo 19 en su informe “Libertades en Resistencia” documentó 426 agresiones contra la prensa.
“El 2016 se trata del año más violento para la prensa en México. Las agresiones continúan en aumento, esta vez 7% más respecto a 2015, cuando se documentaron 397”.
jamp