La empresa brasileña Odebrecht presuntamente pagó más de 10 millones de dólares, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de una licitación de 115 millones de dólares, para hacer obras en la refinería en Tula Hidalgo.
De acuerdo con documentos obtenidos por el diario brasileño O Globo, así como Proceso, Aristegui y Quinto Elemento, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, así como Luiz Mameri e Hilberto da Silva, declararon al Ministerio Público Federal de Brasil que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.
“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales” declaró De Meneses.
Según los testimonios, la relación creció y una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex, lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente, informó Reforma
El diario reportó que en 2012, Lozoya Austin se reunió con De Meneses, en la Ciudad de México, donde el ex directivo de Pemex le pidió un pago por 5 millones de dólares como “favor por ganar la licitación en Tula”
El primer pago se realizó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato de licitación, posteriormente las transferencias siguieron durante todo ese mes y en varios meses de 2014, algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar 5 millones de dólares.
Finalmente el diario O Globo informó que a pesar de que Lozoya salió de Pemex a principios de 2016, todo el dinero referente al proyecto de licitación de Tula ya había sido pagado.
En tanto, legisladores de Morena, PAN y PRD demandaron que las autoridades indaguen y apliquen todo el peso de la ley a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Los funcionarios afirmaron que en otros países hay funcionarios encarcelados por el caso Odebrecht y acusaron al Gobierno Peña Nieto por proteger al ex titular de la paraestatal.
Vidal Llerenas, diputado de Morena dijo en entrevista para el periódico Reforma que la situación es gravísima y demuestra lo que él mismo Lozoya había denunciado: que la firma brasileña ha sobornado a altos funcionarios del Gobierno federal a cambio de contratos millonarios en obra pública.
"Esto es gravísimo, el señor Lozoya debería de estar ahora mismo en la PGR declarando, deberían detener en estos momentos a Lozoya; se quiere proteger a Lozoya porque no sé qué intereses tenga él (Peña Nieto), sólo se dio una destitución sin explicar", acusó.
Asimismo, el diputado indicó que la PGR clasificó las investigaciones sobre el caso, en la Cámara de Diputados una Comisión ha tenido impedimentos para revisar los contratos con la empresa brasileña.
"La autoridad mexicana junto con la venezolana es la única que no está haciendo una investigación exhaustiva de Odebrecht, mientras que en otros países como Perú y Brasil ya hay gente en prisión", dijo.
"Nosotros tenemos una Comisión de Contratos de Gobierno y ahí bloquean todo lo relacionado a Odebrecht".
En el reportaje de Aristegui noticias y Proceso se presentó lo siguiente:
El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyllacudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.
Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.
Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.
Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.
De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.
Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.
Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.
Construcciones Industriales Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.
Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta.
De hecho, para algunos ya lo estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.
Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.
De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.
Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.
Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.
El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”.
Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otro cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.
Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.
Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.
La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.
Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.
Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.
Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.
Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”.
Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…”.
Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.
“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”.
Eso firmaron.
* * *
El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.
Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.
Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.
La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.
Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.
Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Monteiro.
“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.
El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.
Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.
La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.)
Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.
Debajo de ese párrafo, una firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho".
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