La reunión entre la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, es por lo menos algo “irregular”, que da pie a diferentes especulaciones, como las que se emitieron a partir del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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“Me parece que es algo extraño e irregular. No hemos tenido conocimiento que un personaje de la relevancia de Tudor haya sido recibido por la autoridad policial más importante del país”, comentó José Antonio Newman, experto en temas de seguridad nacional.
El segundo punto es que es algo irregular. Ya tuvimos el antecedente de la mamá del ‘Chapo’, a la cual el presidente recibió o fue a visitar. Ahora tenemos a un Florian Tudor, una persona que es investigada, sobre la que hay distintas acusaciones, la cual fue recibida por las autoridades
Tania Luna, consultora en temas de seguridad y justicia penal, coincidió en que la reunión fue irregular.
Además, el artículo 8 Constitucional establece que el derecho de audiencia solo se puede otorgar a ciudadanos mexicanos, no a extranjeros.
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República
A Florian Tudor se le imputan delitos como trata de personas, clonación de tarjetas, tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros.
Incluso este personaje buscado por el FBI y la DEA por los mismos delitos y buscado por más de una docena de fiscalías estatales del país.
A pesar de ello, la reunión se llevó a cabo por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, este jueves Rosa Icela Rodríguez defendió la reunión con el presunto mafioso, por tener derecho de audiencia, pero prácticamente se lavó las manos, argumentando que la SSPC no es la instancia para una detención.
Al respecto, Newman consideró que es lamentable que una persona investigada, como Tudor, tenga un trato preferencial por encima de miles de víctimas del crimen organizado, que lo único que piden es ser escuchadas y no lo logran.
“No sé qué esperaba la secretaría de Seguridad y el presidente de esa reunión, y más cuando hay muchas personas que son víctimas del delito, que no son investigadas, que han perdido familiares por el crimen organizado y que claman porque el presidente los escuche y nadie los escucha”.
“¿Qué hace diferente a Tudor de las víctimas o los familiares de las víctimas para que sea recibido? Más allá de que haya investigaciones en su contra no es un personaje relevante, tan sólo es un empresario local. No es un académico o trayectoria de trascendencia para que tenga los reflectores que goza en la actualidad”.
Apenas el 19 de febrero, el abogado de Florian Tudor en Rumania, Robert Fica, confirmó que en ese país el presunto líder de la “Banda de la Riviera Maya”, señalada de dedicarse a clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos en México, sí es investigado por el organismo anti organizaciones criminales: la Dirección de Investigación contra Delincuencia Ogranizada y Terrorismo (DIICOT).
Fica explicó que Tudor está acusado de instigación para intento de asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo y las dos primeras acusaciones que investiga la fiscalía rumana son por hechos ocurridos en México.
¿QUIÉN ASESORA AL PRESIDENTE?
El experto en temas de seguridad nacional lamentó que ninguno de los asesores del presidente le haya advertido que el encuentro no tendría buenos resultados en la opinión pública, ya que la titular de Seguridad, ni nadie, tiene la facultad para evitar que se inicie un expediente en contra de una persona por la posible comisión de algún delito.
Debemos de recordar el caso de la mamá de ‘El Chapo’, lo cual se dijo que la reunión con el presidente fue el resultado de un dialogo que había entre la presidencia, el crimen organizado y Guzmán Loera. Lo único que, quizás argumentó Tudor a la secretaria, es que la investigación en su contra esta mal integrada. A pesar de eso, la secretaria no tiene poder para evitar que dejen de investigarlo
“No veo que pueda salir de esa reunión, sólo especulaciones. La secretaría dijo que la reunión fue a petición del presidente, lo cual tenía que acatar. Es increíble que la gente que labora con el presidente no le haya comentado a López Obrador que no era algo correcto. Esto da pie a pensar que la secretaria ha recibido otras ordenes desproporcionadas por parte del presidente, las cuales se han cumplido sin que se dé a conocer a la opinión pública”.
¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL?
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se reunió con el empresario Florian Tudor para dar cumplimiento al compromiso presidencial de que sería atendido por las autoridades federales, luego de que ha sido señalado como presunto integrante de una organización delictiva, identificada como Mafia Rumana.
Tudor ha rechazado que participe o cometa actos ilícitos y se encontró con Rosa Icela Rodríguez, en la que "se le dio fecha de la garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
La funcionaria dijo que el encuentro privado se desarrolló en las instalaciones de la SSPC de avenida Constituyentes, "donde la servidora pública atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno de la República".
Lo anterior luego de que se diera a conocer que la UIF tiene aseguradas diversas cuentas bancarias del empresario rumano.
Sin embargo, dicho derecho de audiencia fue ilegal.
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República