Desde 2006, los cárteles del narcotráfico y células dedicadas a perforar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) robaron diésel, gas, petroquímicos, aditivos para gasolinas y combustibles como turbosina valuados en 25 mil 364 millones 370 mil 51 pesos.
El monto duplica los 12 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó por el 50 % de las acciones de la refinería Deer Park a la anglo-neerlandesa Shell Oil Company, en mayo de 2021. También es 14 veces más que los mil 794 millones 404 mil 37 pesos gastados por el gobierno de Felipe Calderón en la fallida Refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo.
En los cinco estados con mayor robo de hidrocarburo –Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Veracruz–, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más letal y con más territorios en disputa en el país, pelea el control de las válvulas a escisiones de Los Zetas y células locales que, aunque algunas se denominan cárteles, no se encuentran entre las nueve organizaciones criminales más grandes que reconocen los gobiernos de López Obrador y de Joe Biden, en Estados Unidos. Sin embargo, los reportes de inteligencia alertan sobre su rápido crecimiento y exponencial violencia.
El valor de este negocio ilegal, contra el cual la actual administración federal emprendió un combate para desarticular a las células regionales y quitar las válvulas al narcotráfico, supera la cifra oficial, ya que el quebranto se obtiene una vez que se cuenta con el dictamen de valuación de daños, y los Sistemas Jurídicos Institucionales de Pemex no poseen la cuantificación de todas las entidades donde opera este entramado delictivo.
Asimismo, registra los perjuicios financieros por el saqueo de combustibles mediante tomas clandestinas, solo desde 2006, año en que iniciaron su funcionamiento los Sistemas Jurídicos, aunque se tiene registro de perforaciones a la infraestructura por donde se transporta el hidrocarburo desde 2000.
La Silla Rota obtuvo los informes del quebranto económico, tomas clandestinas, así como empleados y exempleados de la petrolera denunciados penalmente por operar tableros de control y facilitar el saqueo, por medio de las solicitudes de acceso a la información 1857200111621, 1857200111721 y 1857200111921.
Los datos revelan que, en 2019, el primer año bajo el mando del actual gobierno, los cárteles y los grupos regionales que drenan las válvulas robaron mil 347 millones 741 mil 486 pesos, equivalente a construir 13 unidades médicas para la atención a la covid-19, según el presupuesto previsto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El fenómeno delictivo se mantuvo aun con la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas tras el estallido de una toma abierta el 18 de enero.
Desde aquella conflagración, que también dejó 194 menores huérfanos, en ese municipio se han detectado 362 aberturas en ductos para hurtar combustibles, y en Tlaxcoapan, demarcación aledaña donde legalmente está el predio de San Primitivo por el cual corrió la lumbre cuando las personas, tras días de sequía, recolectaban el crudo de una toma que quedó abierta y era resguardada por el Ejército, 410 más.
La pandemia tampoco cesó la perforación de ductos. En el primer año de confinamiento, los Sistemas Jurídicos Institucionales de Petróleos Mexicanos cuantificaron un daño por sustracción de hidrocarburos por 175 millones 445 mil 244 pesos en el país.
No obstante, sólo en once estados se hizo una evaluación –total o parcial– del quebranto económico, cuando hubo ductos perforados para robar combustibles en 13 más. El sistema no registra el monto robado por tomas en Tabasco (267), Querétaro (264), Michoacán (155), Coahuila (105), Chihuahua (60), Chiapas (45), Oaxaca (32), Sonora (30), Ciudad de México (13), Durango (13), Yucatán (3), Colima (1) y Aguascalientes (1).
Incluso en Hidalgo, que ese año fue la entidad más ordeñada del país, con cuatro mil 994 tomas clandestinas, el 45 % del total nacional, únicamente se reportaron pérdidas por 11 mil 309 pesos, cuando en 2019, mediante piquetazos a la red de ductos que transporta el hidrocarburo en 26 municipios –desde los límites con Querétaro hasta la franja con la sierra norte poblana–, y con 965 tomas menos, la sangría a Pemex ascendió a 669 millones 440 mil 245 pesos.
En el primer cuatrimestre del 2021, hasta el 14 de abril, Pemex recuenta 91 millones 655 mil 843 pesos robados a través de la manipulación de válvulas, pero sólo considera los reportes de siete estados: Baja California, 88.2 millones de pesos; el Estado de México, 428 mil 977 pesos; Nuevo León, 120 mil 985 pesos; Puebla 1.05 millones; Sinaloa, 110 mil pesos; Tamaulipas, 1.1 millones; y Veracruz, 621 mil 100 pesos.
Las mil 151 tomas con las que, hasta marzo, Hidalgo lideraba este delito, no aparecen cuantificadas en el daño económico, tampoco las 90 de Guanajuato, las 77 de Michoacán, las 74 de Tlaxcala, las 58 de Querétaro, las 57 de Tabasco, las 30 de Coahuila, 11 de Chiapas, nueve de Jalisco, cinco de Sonora, cinco de Chihuahua y una de Durango.
El estado que históricamente ha representado la mayor pérdida por la vulnerabilidad de sus ductos es Hidalgo, con un agravio oficial de cuatro mil 412 millones 431 mil 165 pesos, durante tres gobiernos priistas: Miguel Ángel Osorio Chong, Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, aunque aún falta cuantificar 2021 y casi cinco mil ordeñas de 2020.
En cuanto a quebranto económico sigue Nuevo León, con cuatro mil 439 millones 265 mil 908 pesos. En la entidad gobernada por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pelean el tráfico de gasolinas y la red de infraestructura petrolera que emana de la refinería de Cadereyta, los Cárteles del Golfo y del Noreste –escisión de Los Zetas–, en 17 territorios con conexiones subterráneas: General Bravo, Mina, Los Ramones, Cadereyta, Abasolo, General Escobedo, Pesquería, Montemorelos, China, Santa Catarina, García, El Carmen, Hidalgo, Apodaca, Parras, Linares y General Terán.
Con el mismo modo –pelear por los ductos a través de guerras regionales por el control territorial y la infiltración en refinerías–, los cárteles y las células locales se peleas las principales vías del hidrocarburo y desde 2018, año en que se disparó este delito, han abierto 31 mil 877 tomas clandestinas.
LOS GRUPOS DE LA ORDEÑA
En Hidalgo, la Drug Enforcement Administration (DEA, Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y el Congressional Reserve Service –servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos– sitúan la disputa entre CJNG y Zetas Vieja Escuela; además, inteligencia del estado ubica al Cártel de Palmillas –surgido en Palmillas, Querétaro– como uno de los responsables la cadena de sangre que ha dejado la pugna entre grupos, con asesinatos de otrora líderes de la ordeña y lugartenientes, pero que no han desarticulado a sus estructuras, que perpetúan el delito: El Parka, El Talachas, El Tito.
El Cártel de Palmillas o Los Hades ingresó a Hidalgo en 2018 y extendió su dominio con la probable protección gubernamental. Según inteligencia del estado, este grupo controla la zona limítrofe con Querétaro –Nopala, Huichapan, Tecozautla, Tasquillo, Alfajayucan y Chapantongo–, y, además, se extiende a Ixmiquilpan y Zimapán, donde asegura fue apoyado por los exalcaldes Pascual Charrez Pedraza y Erick Marte Rivera Villanueva, respectivamente.
A los dos, el gobierno estatal los acusa de proteger al líder huachicolero Orlando Medina, El Fénix. A Charrez, además, lo señala como miembro directo de Los Hades, que además del tráfico de gasolinas controlan el narcomenudeo en el Valle del Mezquital; no obstante, la fiscalía estatal confirmó que no hay proceso abierto contra los ex ediles por este ilícito.
En Tezontepec de Aldama, Los Americanos; en Mixquiahuala, Actopan y Tetepango, el grupo del Chita, un capo identificado como José Luis Estrada Martínez, y en el Cerro de la Cruz, en Tlahuelilpan, el del Geisha, cuyo nombre es Héctor Arturo Olivo Karapia, controlan las tomas, según el mapeo estatal.
Todos tenemos algo en común: tenemos la pérdida de un hijo, un primo, un hermano, un papá, un amigo, a causa de estos huachicoleros, ya que en algunos de los casos ni los cuerpos hemos encontrado
Este fue el argumento con el que un grupo armado que se identificó como Pueblos Unidos declaró esta semana la guerra a los grupos de ordeñadores en el Valle del Mezquital.
Al advertir que “comenzó la cacería”, sujetos con los rostros cubiertos y rifles afirmaron que iniciarán una persecución a muerte contra halcones, piqueteros, políticos ligados y líderes en el tráfico de gasolina; además, denunciaron la protección de presuntos miembros de la procuraduría estatal, a quienes llamaron “el Cártel de los Ministeriales”.
Este es un nuevo grupo en pugna en el Valle. Por la misma vía que éste utilizó, videos anónimos, fue acusado de ser una supuesta reagrupación de los Emes o Los Marras, que eran responsables de secuestro de migrantes en Mexicali, pero cuyos líderes son hidalguenses y, según esta acusación, avecindados en la comunidad de la Loma, en el municipio de Tepetitlán.
En la frontera con la sierra norte de Puebla –con injerencia también en ese estado y entre los municipios de Acaxochitlán, Tulancingo, Santiago Tulantepec y, principalmente, Cuautepec– inteligencia ubica a cinco líderes más que drenan los ductos: Gabriel Rodríguez Hernández, El Gabo; Marín Cenobio Chávez, El Marino; Cirilo Lira Gutiérrez, don Lupe; Emilio Campillo Batalla, La Marrana, y José Gerardo Olmedo Arista, El Cochiloco, exalcalde de Cuautepec por Nueva Alianza que aspiró a ser candidato al mismo cargo por el Partido Encuentro Social (PES), en 2020.
En Veracruz surgió el grupo del Bukanans, un exjefe de la policía de Maltrata que se asentó en Puebla, en la zona denomina el Triángulo Rojo, punto álgido del robo de hidrocarburo. A cargo de Roberto de los Santos de Jesús, este grupo, también conocido como Sangre Nueva Grupo Zeta lidera, el centro de Veracruz que colinda con Puebla.
En Guanajuato, la disputa del CJNG es directa contra el Cártel Santa Rosa de Lima, mientras que en el Estado de México es contra Los Hades, La Vieja Escuela y la estructura del grupo de El Ocra, un líder del huachicol capturado en junio de 2020 que se apoderó de las redes de ductos en Tecámac, Melchor Ocampo y Zumpango, a quien imputan el ataque a balazos al fiscal regional de Tecamac Joel Sánchez Bravo el 10 de septiembre de 2019, en los límites entre Zempoala y Pachuca, Hidalgo.
TRABAJADORES, SIN CASTIGO
Al principio de su mandato, en diciembre de 2018, el presidente afirmó que dentro de Pemex detectaron una red dedicada a robar y distribuir hidrocarburos; además, estimó que 80 por ciento del hurto de combustibles se cometía desde Pemex. “Hay la hipótesis de que, de todo el robo, sólo el 20 por ciento se da de la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla”, dijo.
Sin embargo, aunque aseguró tener evidencia y comprometió justicia, durante esta administración no hay ninguna sanción penal para trabajadores, según el informe proporcionado por el Sistema Institucional de Control de Asuntos Jurídicos.
En este periodo, hubo 21 trabajadores y extrabajadores denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por la comisión de delitos de robo de hidrocarburo, que incluye la operación de tableros para facilitar el hurto, pero ninguna penalización.
Con base en el informe, desde 2006, 172 empleados y exempleados han sido denunciados, pero sólo la séptima parte, 21, han recibido sentencia condenatoria, las últimas tres datan de casos de 2015.
MJP