Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) se suman al rechazo de la Ley de Seguridad Interior, por lo que piden al Senado de la República no aprobar la legislación.
El director para América de HRW, Daniel Wilkinson, aseguró que la ley no aumenta la transparencia de las operaciones militares, así como la rendición de cuentas ante los soldados que cometen abusos.
Wilkinson se dijo sorprendido por las intenciones del gobierno mexicano de implementar la ley, pues calificó estrategia de seguridad pública del país como un fracaso.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”
Señala, además, que el proyecto no incluye medidas para fortalecer las instituciones policiales, ni tampoco una estrategia para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública.
Tampoco, detalla HRW, incluye medidas para garantizar que las operaciones militares tengan un control y una supervisión a cargo de una autoridad civil independiente, ni para asegurar que las autoridades de la justicia penal ordinaria investiguen y juzguen abusos militares.
“Es notable que, tras más de 10 años de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa”
Para el director para América de HRW, México necesita que se haga cumplir la ley y no dejarle todo el trabajo a los militares, menos teniendo un historial grave de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, escribió una carta dirigida al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, para que no avalen la ley.
En la misiva expresa su "grave preocupación" por la iniciativa, pues perpetúa el fracaso del gobierno ante la violencia.
Para Guevara la aprobación definitiva del proyecto "sería un grave retroceso en materia de derechos humanos", argumentando que "prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rindan cuentas".
De acuerdo con la directora, en una situación en que los militares desempeñan funciones policiales, desde detenciones hasta interrogatorios, "se cometen las más graves violaciones a los derechos humanos, que van desde tortura a desaparición forzada y detenciones arbitrarias".
AI coincide con HRW en que la ley no establece ningún sistema efectivo de rendición de cuentas, al tiempo que estipula que cualquier acción que se realice al amparo de la ley se guiará por un principio de confidencialidad y toda la información será reservada.
Resultados de la “guerra”
Desde que México inició su “guerra contra el narcotráfico” en 2006 —que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada— casi un cuarto de millón de personas han sido asesinadas y se desconoce el paradero de más de 30 mil
Los índices de homicidios descendieron en 2014 y 2015, pero desde entonces han aumentado en forma constante y 2017 podría ser el año más letal en México de las últimas dos décadas.
Entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual gobierno.
Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual.
En estos abusos, coinciden varias ONG’s, la impunidad sigue siendo la regla.
Con información de EFE
rgg