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Gobierno Federal pone en venta antigua sede de la extinta PGR

La antigua sede de la FGR fue desalojada en 2017 por los daños ocasionados por el sismo de septiembre de aquel año

Escrito en NACIÓN el

El gobierno federal puso a la venta la antigua sede de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en el número 211 y 213 de avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

“Se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la enajenación Ad Corpus a título oneroso, los inmuebles ubicados en Avenida Paseo de la Reforma números 211 y 213, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc; Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario números 9-5011-0 y 9-19895-1 respectivamente”, menciona el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

A través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) se dio a conocer que las dos torres se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la enajenación Ad Corpus a título oneroso de los inmuebles.

“Los impuestos, derechos, honorarios y gastos que se originen con motivo de la operación que se autoriza, serán cubiertos por el adquirente conforme a lo establecido en las disposiciones legales respectivas”.

La antigua sede de la FGR fue desalojada en septiembre de 2017 por los daños ocasionados por el sismo de 2017, el cual daño la estructura de la parte superior, lo que representaba un riesgo para los trabajadores. 

Tras los daños, la institución se mudó a un edificio ubicado en avenida Insurgentes 20 por el que paga alrededor de 18 millones de pesos de renta mensual.

En diciembre pasado, un juez federal determinó que l FGR no acreditó que el ex presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Julio César Guerrero Martín, originara un daño al patrimonio de la institución por la concesión de inmuebles a un empresario hotelero, entre ellos, los ubicados en el 211 y 213.

En el juicio, la FGR presentó dictámenes en los que argumentaban que Indaabin sobrevaluaron los inmuebles para concesionarlos.