Especialistas en temas penitenciarios y de seguridad nacional consideraron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, para liberar presos sin sentencia, torturados o con más de 75 años, no es algo nuevo, ya que el decreto de la Ley de Amnistía, publicado el 22 de abril de 2020, ya contemplaba esta preliberación.
En entrevista con La Silla Rota, mencionaron que la posible salida de las personas privadas de la libertad por delitos no graves y que no hayan sido sentenciadas es solo una parte del proceso, ya que el decreto anunciado por el gobierno de México debe incluir programas de reinserción social y apoyos.
Lo anterior, con el fin de que las personas que obtengan esta amnistía y que no cuenten con algún apoyo, porque fueron abandonadas por sus familiares o porque son adultos mayores, tengan la oportunidad de acceder a una vida digna.
Los expertos consultados coincidieron en mencionar que el anuncio del presidente es adecuado, sin embargo, la posible liberación no resuelve el tema de fondo. Más cuando, el año pasado, el grupo parlamentario que llevó al poder a López Obrador amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.
“Para comenzar, lo que dijo el presidente no es algo nuevo. Antes del anuncio, ya se habían emitido posturas o pronunciamientos, como La Ley de Amnistía, en los que se contemplaba los beneficios de la liberación. Estos beneficios ya se contemplaban”, dijo Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta.
Niño de Rivera, quien ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos de personas en prisión, detalló que, específicamente, la preliberación de quienes tengan enfermedades crónicas debe puntualizarse, pues ese es un pilar de la Ley de Amnistía.
“Lo importante es que el anuncio se lleve a cabo y que se detalle de qué forma se va hacer, porque, ya el tema ya está contemplado en distintas leyes […] También es importante que el documento o decreto especifique bajo qué condiciones las personas van a poder acceder a este beneficio, porque el acceso al Sistema de Justicia Penal es exclusivo para solo algunas personas”, añadió.
Luis Carlos Sánchez, investigador de la organización Causa en Común, ve contradicciones en la propuesta que hace el presidente y lo que su partido, en el Congreso, ha legislado: una ampliación a los delitos que ameritan prisión preventiva inmediata por considerarlos “graves”, como el robo de combustible y los delitos electorales.
“Es una contradicción, porque el año pasado el grupo parlamentario del presidente aprobó reformas para ampliar los delitos de prisión preventiva. Esto es algo que se debe dejar en claro. Hay delitos como el feminicidio, en los que estamos de acuerdo”, dijo.
Ambos consideraron que el problema de fondo se centra en la cantidad de personas que están presas por años bajo una medida cautelar que debiera durar solo el tiempo en que se llevan a cabo las investigaciones. Después, con el estudio de sus expedientes se les deja salir por “errores” procesales o porque eran inocentes.
“Nosotros vemos una parte de contradicciones en lo que dijo el presidente. La pregunta para responder sería: ¿por qué no han sido sentenciadas y siguen en prisión? Esto tiene de fondo un problema del Sistema de Justicia Penal. El anunció del presidente no es nuevo en el tema, es importante saber que no todos son culpables o inocentes, pero, sobre todo, que es un tema de justicia en el país que elude el presidente”, aseguró Sánchez.
Para Niño de Rivera, el paso más importante en materia de seguridad y justicia para los presos torturados y sin sentencia sería revisar “el Sistema de Justicia Penal que tenemos en México, analizarlo, es un viejo sistema que se aprovecha de los que menos tienen”.
Sánchez también consideró que la Ley de Amnistía, que anunció el presidente el año pasado como una medida para mitigar los contagios de covid-19 en los centros penitenciarios, no ha llevado a la liberación de tantas personas como se pretendía, sino que, incluso no fue suficiente.
La Silla Rota ha documentado cómo el penal El Altiplano, en el Estado de México, se encuentra aún en “semáforo rojo” de contagios de covid-19, asunto ya cobró la vida de Mario Casarrubias, uno de los involucrados y supuestamente culpables del caso Ayotzinapa, cuando en 2014 desaparecieron 43 estudiantes normalistas, en Guerrero.
“Otro tema es que el gobierno no debe echar la culpa a otros gobiernos, sino ver y proponer soluciones para evitar que ese viejo sistema siga vigente”, explicó Sánchez.
Niño de Rivera reiteró que liberar a presos que fueron torturados, que no tienen aún sentencia, que tienen enfermedades crónicas o son adultos mayores, no es suficiente. Se debe dejar claro quién y cómo va a ayudar a las personas que salgan.
“Es una realidad que los abogados de oficio están rebasados de trabajo. Es muy difícil que una persona que tienen muchos años en prisión pueda obtener estos beneficios, porque no tiene recursos y están abandonadas por sus familiares”, señaló.