Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que intervinieron en la investigación del caso Ayotzinapa, recibieron mensajes parecidos a los enviados por el software Pegasus, a través del cual el gobierno federal espió, presuntamente, a periodistas y activistas en México.
En el marco de la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento, en el marco del 163 periodo de sesiones, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron a conocer que recibieron una carta de integrantes del GIEI (Grupo que depende de la Comisión) en la que refieren que recibieron mensajes parecidos a los que documentó Citizen Lab en la investigación.
En presencia de padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y representantes del Estado mexicano, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y cabeza del mecanismo de seguimiento, hizo del conocimiento de todos el contenido de la misiva.
A su vez, los comisionados Luis Ernesto Vargas y James Cavallaro exigieron una respuesta enfática del Estado mexicano sobre este presunto caso de espionaje.
“Quisiera enfatizar una parte que nos informa que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ''Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México''”, comentó Cavallaro.
La carta “sigue y da más detalles, vamos a comunicarle formalmente sobre esta carta al Estado, acabamos de recibirla, pero como estamos en el espacio y estamos tocando este tema, quisiera, como mi colega el comisionado Vargas y todos acá en la mesa y la sociedad civil, escuchar un poco más sobre estas investigaciones”, comentó.
En la audiencia, Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, sólo comentó que existe la Procuraduría General de la República para investigar las denuncias de espionaje.
Por su parte, Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), quien lleva la investigación del presunto espionaje, se limitó a comentar las acciones que realizan para aclarar la acusación, como buscar la autorización para acceder a la información de sus celulares, así como pedir asesoría a instituciones de otros países.
En su turno, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya dictó medidas cautelares para que las autoridades no empleen la tecnología en contra de defensores o periodistas.
En respuesta, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien acompañana a padres de los normalistas, llamó a la CIDH a pronunciarse sobre el presunto espionaje.
“De acreditarse estaríamos ante un caso inédito en la historia de México en donde un mecanismo internacional de derechos humanos habría sido espiado por el Estado”, lanzó.
“Si quienes acompañamos a las víctimas somos espiados, si la propia comisión interamericana es espiada, no tenemos duda de que no hay una voluntad política por parte del Estado para llegar al esclarecimiento de los hechos”, comentó.
(Con información de Reforma)
lrc