El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó sobre el caso de Emilio Lozoya que él no ha filtrado información al presidente López Obrador sobre la cual el Ejecutivo pueda fundamentar diversos comentarios en sus conferencias mañaneras.
“El presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni de jerarquía con la Fiscalía, él es un jefe de Estado, un líder político y hace las declaraciones que considere prudentes. Puede decir lo que considere que le conviene y asumir las responsabilidades políticas que él considere… Si la familia del imputado ha hablado con él, le ha pasado datos, han tenido conversaciones, eso ni lo puedo impedir ni lo puedo saber.
“Lo importante es que nosotros no hayamos sido como órgano constitucional y Ministerio Público, quienes hayamos aportado alguna prueba al Ejecutivo… No tiene nada que ver con nosotros… Yo no estoy litigando en los medios, no estoy haciendo política”, aseguró Gertz Manero durante su participación en el seminario “Violencia y Paz” organizado por el Colegio de México.
En el evento, el fiscal recibió preguntas de la comunidad académica a través del moderador, el periodista Sergio Aguayo. Como introducción destacó que este caso surgió en Estados Unidos y no en México; negó que el exdirector de Pemex haya recibido algún trato privilegiado y descartó cualquier riesgo de que Emilio Lozoya pudiera darse a la fuga tras las declaraciones hechas ayer que involucran al expresidente Peña Nieto.
¿Prescribieron ya algunos delitos en el caso del ex mandatario?, le preguntaron. “Cuando yo inicio cualquier procedimiento checo dos cosas fundamentales: la personalidad del denunciante y la prescripción del delito. En este caso se ha hablado mucho de la prescripción de los delitos electorales; les ruego su comprensión de no dar los datos procesales por los que tenemos la certeza, de que no hay prescripción. Si no, sería un trabajo inútil y sería ponerse en ridículo, salir a defender un tema que sabemos que finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en el que lo judicialicemos”, explicó.
“El caso de la prescripción para la imputación a este individuo, no tengo ningún problema. El caso de la prescripción para quien haya estado coludido con él, no lo voy a decir por las razones evidentes porque yo no les preparo la defensa a mis contrincantes”, advirtió.
“Serán investigados todos los que han sido denunciados en el caso de que las pruebas que están presentando lo ameriten… Para el caso de este señor tenemos seis meses, para el caso nuevo que este señor denunció ayer, lo que quiero es poder desahogar todas estas testimoniales, las pruebas documentales se desahogan por sí mismas. Hacer las valoraciones periciales que sean necesarias; llamar a declarar a quienes tengan que declarar. Y si no declaran, tampoco me detiene el procedimiento”, precisó.
“En cada uno de los temas de imputación que se hicieron ya a este individuo (dijo en referencia Lozoya) pasaron por la prueba de la prescripción porque si no, no me hubieran dado la orden de aprehensión… Ganamos todas las instancias de extradición ante todas las cortes de España y eso no se había logrado… Y eso nos permitió que este individuo hiciera una serie de declaraciones en el sentido de que él iba a aportar y dar información de lo que realmente había pasado, dice que eso lo excluye a él de ciertas responsabilidades, pero eso lo vamos a ver y vamos a ver qué pruebas presenta y cómo se va a manejar”.
¿Habrá reparación del daño? Fue otra de las preguntas. “En este procedimiento cada uno de los que hayan cometido alguna parte del delito, tendrán necesariamente que asumir porque así lo señala la ley… Tan es así que a este señor se le han asegurado bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando otros bienes en Europa y otros lados porque si no hay reparación del daño no hay justicia”.
“El daño que este señor hizo al Estado mexicano está absolutamente especificado, periciado; y sabemos de qué tamaño es. Tenemos bienes que acreditan, sino todo, al menos una buena parte de lo que debe. Así que tampoco tengo ninguna preocupación en eso”.
Respecto a las pruebas a analizar, señaló que, en el caso de las testimoniales, se revisará su vínculo con los hechos. “Los documentos sí son públicos tienen valor por sí mismos y son privados hay que sujetarnos a todas las posibilidades de que sean fehacientes: quién los entregó, como los entregó... En el caso de los videos revisar que realmente sean las personas que dicen estar, que no estén editados, montados y después establecer ese vínculo qué es el que genera realmente la acción penal entre un hecho denunciado y un hecho comprobado… Vamos a ver, de lo que dijo, qué es verdad jurídica, qué es verdad probable y qué nos sirve para imputar a un tercero”.
SE DIFERENCIA DEL CASO ROSARIO ROBLES
"Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está aceptando.
"En el otro caso no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, dónde están involucradas la mayor parte de las instituciones públicas de educación superior del país. Por favor, por favor... Y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido y que ha tenido sentencias o toda clase de procedimientos probados, digo, ¿qué pasó?", lanzó.
(Luis Ramos)