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Fuerzas Armadas de AMLO violan derechos humanos con impunidad: informe

“La impunidad sigue siendo la norma”, asegura la organización Human Rights Watch al analizar 10 ejes de derechos humanos durante el primer año de AMLO como presidente

  • REDACCIÓN
  • 16/01/2020
  • 11:58 hrs
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Fuerzas Armadas de AMLO violan derechos humanos con impunidad: informe
Así va México en materia de derechos humanos con la 4T. (Cuartoscuro)

Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, en las que se incluye tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra migrantes, han persistido, asegura un informe de la organización Human Rights Watch. 

“La impunidad sigue siendo la norma. El presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, integrada mayormente por militares, y ordenó su movilización para el control de la migración irregular”, se lee en el documento.


De acuerdo con el informe, estos son los avances que se han tenido en derechos humanos desde la llegada de la Cuarta Transformación (4T):

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Se precisa que en noviembre del año pasado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la “recurrente” impunidad en relación con graves violaciones de derechos humanos, y puso de manifiesto las “graves” insuficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos.

Así, HRW recupera un informe de 2018 del Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos en el que se asentó que cerca del 98% de los delitos cometidos en México quedan sin resolver debido a corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. 

“Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano”, concluye el organismo.

ABUSOS MILITARES

Por otro lado, señala que el uso activo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico ha llevado a que militares cometan violaciones generalizadas de derechos humanos

Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4 mil 600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019, se han recibido 241 quejas de este tipo.

“Inaugurada en junio (la fuerza de seguridad impulsada por López Obrador), está integrada mayormente por militares y es dirigida por un general del Ejército que se retiró del servicio activo en agosto. La ley que regula a la Guardia Nacional permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines ‘preventivos’”, percibe el informe.


TORTURA

Entre 2013 y 2018, detalla en su informe, 2 mil 751 personas privadas de libertad murieron en cárceles federales y estatales, según datos del Comité contra la Tortura de la ONU.

Asimismo, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9mil investigaciones al respecto. 

Según la FGR, su Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en mil 903 presuntos casos de tortura a lo largo de 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de ese mismo año. 

El Comité contra la Tortura expresó su preocupación ante información de que la justicia comúnmente falla en investigar los señalamientos de tortura, y se traslada la carga de la prueba a las víctimas.

En el caso concreto de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se refiere que en 2018, la Oficina en México de la ACNUDH publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación. 

Sin embargo, se precisa que 77 personas han sido absueltas del caso debido a irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, lo que incluye tortura.

Además hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.

DESAPARICIONES FORZADAS

Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos. Nueve meses después, la unidad especializada en investigación de secuestros de la Fiscalía dijo tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales. “Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas desaparecidas que investiguen por su cuenta”, se indica. 

Por su parte, en agosto, Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda, indicó que se desconocía el paradero de 40 mil personas. En noviembre, anunció la creación de un nuevo registro nacional para personas desaparecidas, instrumento con el que es probable que aumente la cifra oficial de desapariciones. 

Según estadísticas oficiales, hasta agosto pasado se habían encontrado 4 mil 874 cuerpos en poco más de 3 mil fosas clandestinas en todo el país, entre 2006 y 2019.

No obstante, hasta septiembre de 2019 el Sistema Nacional de Búsqueda no era totalmente operativo. 

“Tampoco se ha concretado un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, para cuya creación la ley había dado plazo hasta abril de 2018. Hasta septiembre, siete de 32 estados no habían establecido las comisiones u oficinas de búsqueda locales que exige la ley”.


EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los reportes de ejecuciones extrajudiciales en México y la impunidad en la que habitualmente quedan estos casos.

Dentro de este marco, se recuerda el caso de septiembre de 2019 en el que ocho civiles fueron presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías estatales en Tamaulipas. 

En consecuencia, las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra siete policías estatales por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, allanamiento de morada y efectuar declaraciones falsas a las autoridades. En octubre, las autoridades seguían con las pesquisas.

“No existe información confiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los homicidios nunca son judicializados. Las autoridades gubernamentales se limitan a registrar la cantidad de homicidios, pero no las circunstancias de estos hechos”, acota el informe.


Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que en 2014 dejó de registrar la cantidad de civiles muertos, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indicaban que esa información existe, pero que la secretaría se ha negado a divulgarla y no ha proporcionado una explicación fundamentada, agrega el organismo. 

MUJERES Y NIÑAS

“El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual”, determina la organización. “Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen estándares internacionales”, agrega.


Según datos oficiales, entre enero y julio de 2019, hubo a nivel nacional 540 femicidios, definido como la privación de la vida de una mujer debido a su género. 

En adición, hasta abril de 2018, un registro oficial había contabilizado a 9 mil 522 mujeres y niñas desaparecidas.

No obstante, HRW resalta que en agosto la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se hubiera cometido un delito para practicar la interrupción del embarazo.

PERIODISTAS Y DERECHOS HUMANOS

La CNDH informó que hubo 148 periodistas asesinados entre 2000 y 2018, y 21 desaparecidos entre 2005 y 2018. Siete periodistas fueron asesinados entre enero y julio de 2019.

“Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión”, asegura Human Rights Watch.


Entre 2010 y diciembre de 2018, la fiscalía especial presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo cual representa apenas el 16.3 % de las denuncias recibidas. Durante ese mismo período, obtuvo 10 condenas.

“Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura”, asienta.

Por otro lado entre enero y julio, al menos 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representa un aumento respecto de años anteriores, según ACNUDH. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan ni se juzgan.

Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección, y se concedieron 678 de estos pedidos. 

MIGRANTES Y ASILADOS

En este rubro se señala que los migrantes que atraviesan el territorio mexicano frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos, algunas de ellas, perpetradas por autoridades gubernamentales. 

Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la policía federal.

Al respecto, se pone de relieve la amenza de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos para ingresar a Estados Unidos a menos de reducir sustancialmente el flujo centroamericano en busca del “sueño americano”. 

“En respuesta, el gobierno de López Obrador anunció que movilizaría a 6 mil miembros de la nueva Guardia Nacional para controlar la migración irregular, una decisión que en la práctica, militarizó las fronteras de México”.


Durante los primeros ocho meses de 2019, la agencia de refugiados de México señaló que había reconocido a 3 mil 173 refugiados y otorgado protección complementaria a otras 702 personas de estos cuatro países.

LIBERTAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

En cuanto a este tema, se destacó que la Ciudad de México y otros 18 estados mexicanos han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en otras entidades las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. 

Ello, desde que en 2015 la Suprema Corte determinó que la definición única de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es violatoria de la ley.

El pasado mes de julio, en respuesta a un caso presentado por cinco personas transgénero en Querétaro, un juez federal determinó que las personas trans deben tener la posibilidad de cambiar sus nombres e identificadores de género en los certificados de nacimiento, a través de un procedimiento administrativo sencillo ante el Registro Civil.

Lo que convirtió a Querétaro en la octava jurisdicción del país en establecer una vía administrativa para el reconocimiento legal del género a las personas trans.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, persisten graves deficiencias en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación. 

“Hasta noviembre, el Presidente López Obrador no había designado a un presidente en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades de los estados”.


Como avance, se reconoce que en en marzo, la Suprema Corte determinó que limitar la capacidad legal de un quejoso —en ese caso, un hombre con discapacidad intelectual— era una medida discriminatoria.

“Sin embargo, esta sentencia tutela únicamente los derechos del quejoso —y no de otras personas con discapacidad— para, por ejemplo, decidir contraer matrimonio o firmar contratos”, concluye HRW.

(diego joaquín)