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Frente anticorrupción exige a AMLO actuar contra Ricardo Gallardo

Urge a que la UIF y la FGR hagan efectivas las indagatorias contra el gobernador electo de SLP en los días en que no gozará de fuero legislativo

Escrito en NACIÓN el

El denominado Frente Ciudadano Anticorrupción envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para urgir a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) hagan efectivas las indagatorias en contra del gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, investigado por desvío de recursos, lavado de dinero y presunción de enriquecimiento ilícito. 

Advirtió además que entre el 1 y el 25 de septiembre, Gallardo Cardona carecerá de fuero, por lo que incluso podría ser procesado; de no hacerlo, adelantó, se sabría que “se privilegia un pragmatismo cínico que deja a nuestra Entidad Federativa (San Luis Potosí) en estado de indefensión”.

Afirmó en la misiva que resulta inexplicable es que el presidente dé señales de avalar a un “mafiosillo como vencedor de una elección en la que debe conocer (porque el Presidente de todo se entera) de las maniobras fraudulentas que sus propios colaboradores de la Secretaría del Bienestar confiesan abiertamente que fueron usadas para sacar la mayoría de votos a favor de Gallardo Cardona”.

El bloque, con alrededor de 100 firmas, le pidió a López Obrador que como una buena oportunidad para que demuestre que efectivamente no es igual que sus antecesores, o “dé a saber que privilegia un pragmatismo cínico que deja a nuestra Entidad Federativa en estado de indefensión”.

El Frente Amplio Anticorrupción recordó que a los resultados de las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que derivaron en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República el 14 de agosto de 2020, se han sumado ilegalidades cometidas durante el proceso electoral, de tal suerte que resulta inevitable que se actúe en contra de Gallardo Cardona.

Carta a AMLO Julio by La Silla Rota on Scribd

Luego de que el pasado 13 de julio se reunió en Palacio Nacional con Ricardo Gallardo Cardona, quien ostenta constancia de mayoría como ganador de la elección por la gubernatura del Estado aunque aún no se decreta la declaración de validez definitiva de una elección sometida a dos juicios de nulidad, el Frente acusó que Leonel Serrato Sánchez, su colaborador en San Luis Potosí en la Secretaría del Bienestar, expuso abiertamente que se alió a la coalición PVEM-PT no sólo como su candidato a presidente municipal, sino que –confabulado con Gabino Morales Mendoza, delegado de Programas Integrales de Desarrollo–puso a disposición del PVEM las estructuras del gobierno federal para darles ventaja electoral.

Así lo confesó Sánchez en el número 2328 de la Revista Proceso del 13 de junio de 2021: Ricardo Gallardo Cardona “es nuestro aliado electoral. Tiene como objeto la búsqueda del poder político, trae sus canicas y nosotros traemos las nuestras. Y, sin mezclarlas –porque unas son guindas y una son verdes– las echamos a la bolsa. Eso es lo que hicimos, no hicimos un pacto de ‘me voy a casar con él’”.

En este pacto, admite abiertamente dice el Frente, se involucró y participó la estructura del gobierno federal en el estado, con el delegado del Bienestar, Gabino Morales al frente, tras consultarlo y obtener la anuencia de “sus superiores”, en este caso, el secretario del Bienestar, el tabasqueño Javier May Rodríguez.

GALLARDO, EL GOBERNADOR ELECTO DE SLP QUE DESVÍO 209 MDP

La Silla Rota publicó en días pasados que la sentencia de un Tribunal Unitario en Sonora fue clara: José Ricardo Gallardo Cardona, "El Pollo", actual gobernador electo de San Luis Potosí fue liberado de prisión, en diciembre de 2015, porque se integró mal el expediente para comprobar el desvío de más de 209 millones de pesos de las arcas municipales y no por ser inocente del ilícito. 

Efectivamente, el quejoso José Ricardo Gallardo Cardona, en su carácter de presidente del municipio de Soledad, en San Luis Potosí, distrajo, para usos propios, recursos económicos pertenecientes al estado

"No obstante haberlos recibido en la administración, conducta que bien pudiera actualizar algún otro ilícito, por los motivos y razonamiento acabados de exponer, tal valoración resulta incorrecta a fin de tener por acreditado el elemento del cuerpo del delito de que se trata", menciona la resolución.

La tarde del 7 de diciembre de 2015, Edmundo Pérez Alcalá, magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Sonora, emitió una sentencia de auto de libertad a favor de José Ricardo Gallardo Cardona.

El fallo, de 47 páginas, consultado por La Silla Rota, menciona que Gallardo Cardona salió de prisión porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Ministerio Público de la federación, tipificaron de forma errónea los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que buscaban imputarle.

Los más de 209 millones de pesos que fueron desviados, según la sentencia en poder de este medio, fueron tomados de las aportaciones hechas por la federación, a través del Ramo 28 y 33, en beneficio de los habitantes que viven en el municipio de Soledad.

Aunque el llamado "Pollo", asegura que ambos ilícitos, por los que fue detenido e ingresado a prisión en enero en 2015, fueron fabricados, los expedientes consultados por La Silla Rota comprueban que el entonces alcalde desvió 209 millones 911 mil 506.23 de pesos de las arcas municipales, a través de tres empresas en las que él, su madre y hermana eran los accionistas mayoritarios.

Las transacciones ilegales de recursos públicos que se efectuaron entre octubre del 2012 y septiembre de 2014, fueron detectadas por la UIF y denunciadas por Rodrigo González Bolaños ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República.

A seis años de su liberación, Gallardo Cardona continúa bajo investigación de la UIF. En mayo pasado solicitó acceso a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-SLP/0000570/2020 que integra María Isabel Molina Aguilera, agente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR. La petición fue negada por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

DE LAS ARCAS MUNICIPALES A LAS CUENTAS FAMILIARES

Las múltiples transferencias financieras en beneficio de tres empresas, en San Luis Potosí, encendieron las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al iniciar 2014.

La llamada "ruta del dinero" permitió a los analistas determinar que las tres razones morales que recibieron distintos envíos a través del Sistema de Pago Electrónico Interbancario (SPEI), estaban relacionadas con la empresa Clínica de Especialidades Wong S.A de C.V, así como con el ayuntamiento de Soledad Graciano Sánchez, el cual tenía como alcalde a José Ricardo Gallardo Cardona.

De acuerdo con la investigación que integró Rodrigo González Bolaños, director de Procesos Legales "B", de la Dirección General de Procesos Legales de la UIF, se detectó un desvío de recursos públicos a través de una triangulación simple.

El ayuntamiento de Soledad depositaba dinero del erario a la Clínica de Especialidades Wong y esta los reenviaba a Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V., Gallardo Continental S.A de C.V. y Tangamanga Continental S.A de C.V.; las cuales tenían como accionistas mayoritarios a José Ricardo Gallardo Cardona, María del Pilar Cardona Reyna (su madre) y Candy Araceli Gallardo Cardona (su hermana).

Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V fue creada el 7 de junio de 2010, con un capital de apenas 50 mil pesos. De ellos, 48 mil pesos fueron aportados por Gallardo Cardona, quien fue nombrado administrador único y accionista principal.

En la denuncia por lavado de dinero que presentó el representante de la UIF, ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la extinta PGR, hoy FGR, menciona la complicidad de, por lo menos, dos personas más.

Una de ellas es Enrique Wong Castañeda (finado en 2020), apoderado legal y principal accionista de la Clínica de Especialidades Wong S.A de C.V. La segunda es María del Carmen Gutiérrez Morales, quien además de ser directora de Recursos Humanos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, era la apoderada legal de las tres empresas de la familia gallardo que recibieron el dinero.

Según el expediente que integró la UIF, entre octubre de 2012 y septiembre de 2014 (periodo en que José Ricardo Gallardo Carona era alcalde), el ayuntamiento de Soledad transfirió más de 209 millones de pesos a Clínica de Especialidades Wong.

Del análisis efectuado por esta unidad administrativa, se conoce la Clínica de Especialidades Wong S.A de C.V., con actividad de servicios remunerados de hospitalización, a través de tres cuentas bancarias identificadas a su nombre, en el periodo de octubre de 2012 a septiembre de 2014, fue la persona moral que de primera instancia captó los recursos correspondientes a la cantidad de 209 millones 911 mil 506 pesos, enviados por medio de las cuentas bancarias identificadas del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, del Estado de San Luis Potosí

La investigación describe que, una vez entregados los 209 millones de pesos, la Clínica transfirió parte de los recursos a tres empresas que tenían como socios mayoritarios a José Ricardo Gallardo, a su mamá y hermana.

De enero de 2013 a septiembre de 2014, se realizó el envío de recursos por 115 millones 266 mil 800 pesos a Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V. De febrero de 2013 a mayo de 2014, se transfirieron tres millones 296 mil pesos a Gallardo Continental S.A de C.V; mientras que de abril de 2013 a junio de 2014 se depositaron 750 mil pesos a Tangamanga Continental S.A de C.V.

Con las evidencias, el Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación ante un juez, quien concedió la orden de detención contra el entonces alcalde de Soledad Graciano Sánchez, José Ricardo Gallardo Cardona y en contra de quien resultara responsable.