La Fiscalía General de la República (FGR) determino no transparentar cuatro auditorias realizadas cuando era la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto relacionadas con la compra de aeronaves, equipo táctico, el arredramiento de inmuebles, así como en la administración de recursos humanos y financieros.
De acuerdo con la página de transparencia de la FGR, la decisión de no hacer pública la información, fue tomada en una sesión el pasado 27 de octubre de 2020.
“El Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República confirmó la reserva y confidencialidad de la información, en la 24ª Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de octubre de 2020. Los resultados de las auditorías se publican una vez que los procesos legales han causado estado”.
Aunque los documentos deben ser públicos, según la ley de Transparencia, la dependencia sólo incluyó en el apartado donde se debe ingresar a la información la leyenda de "reservada".
Las auditorias que oculta la FGR, fueron hechas a las administraciones de Jesús Murillo Karam, Raúl Cervantes Andrade, así como al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.
De acuerdo con los documentos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó a las direcciones General de Servicios Aéreos; a la General de Recursos Materiales y Servicios Generales; a la General de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Las auditorias identificaron irregularidades en la adquisición y uso del equipo táctico, así como en el de las aeronaves no tripuladas. También, en los programas para la administración de los inmuebles de la institución, en la austeridad y disciplina presupuestal, así como en el destino de los recursos financieros.
En julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizaba diferentes investigaciones contra Jesús Murillo Karam, procurador General de la República el sexenio pasado.
La dependencia detectó un posible desvío más de 102 millones de pesos mientras laboraba como funcionario público entre los años 2013 y 2014.
Esa investigación se suma a la presentada por la FGR en febrero de 2019, en la que se señala a diferentes ex funcionarios por diferentes irregularidades detectadas en dirección General de Servicios Aéreos (DGSA).
De acuerdo con las autoridades se tienen indicios del desvío de recursos que se tenían asignados al mantenimiento de las aeronaves, dinero que nunca se empleó, lo que originó un deterioro a la flota aérea de la FGR.
En julio de ese mismo año, la UIF informó que se investigaba al ex encargado de Despacho de la FGR, Alberto Elías Beltrán, por diferentes movimientos bancarios de 2016 a la fecha. De acuerdo con la FGR, entre las irregularidades detectadas se encuentra la adquisición de un departamento de 412 metros cuadrados en conjunto Bosques de Santa Fe, el cual adquirido por 35 millones de pesos.
El inmueble fue adquirido el 09 de agosto de 2016, fecha en la que se detectaron diferentes movimientos financieros que ascienden a cerca de 100 millones de pesos provenientes de despachos de abogados.
Hasta el momento la FGR y la UIF no han dado a conocer mayores avances en las investigaciones, sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF ha informado que se continúan con las indagaciones para determinar responsabilidades si es el caso.