Por tercera vez, un juez federal recordó al Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy fiscalía General de la República (FGR) que lleva la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la falta de pruebas contundentes para demostrar la existencia de la organización Guerreros Unidos.
En la sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada a favor de Joaquín Lagunas Franco, "El Omega"; Juan De la Puente Medina y Oscar Veleros, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas reiteró la falta de capacidad del Ministerio Público Federal para comprobar la presencia de ese grupo criminal.
Al analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público para juzgar a las tres personas, el juez determinó que la exhibición de declaraciones, informes e inspecciones judiciales como dato de prueba para sustentar la existencia de Guerreros Unidos no tienen valor probatorio.
“Entre los medios de convicción con los cuales el órgano acusador -Ministerio Público- refiere se acredita la existencia de la organización Guerreros Unidos, cuya pertenencia atribuye a los acusados, no obra prueba directa (sentencia judicial irrevocable), sino que exhibió copias certificadas de diversas documentales públicas, consistentes en declaraciones, informes e inspecciones judiciales, las cuales no tienen el alcance pretendido por el Ministerio Público Federal, pues como se verá sólo pueden ser consideradas como documentales públicas que, en su caso, acreditan la existencia de una indagatoria en contra de una persona determinada y por hechos concretos, sin que el contenido de las mismas pueda ser considerado como prueba testimonial u otras”.
DATOS DE PRUEBA RECHAZADOS
El juez explicó que las pruebas de la Fiscalía para comprobar la existencia de Guerreros Unidos se basan en las testimoniales y diligencias de algunos de los detenidos, entre ellos, autoridades de Guerrero y del gobierno federal.
Entre los testimonios se encuentran el de los detenidos: Martín Alejandro Macedo Barrera, Marco Antonio Ríos Berber, Luis Alberto José Gaspar, Luis Alberto José Gaspar, Sidronio Casarrubias Salgado, Honorio Antúnez Osorio, Isaac Patiño Vela, Jorge Luis Poblete Aponte, Raymundo Salvador Bernal, Raúl Javier Crespo (policía municipal de Iguala), así como de Felipe flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Iguala.
También el de lñaki Blanco Cabrera, exfiscal de esa entidad (PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2014); Ricardo Martínez Chávez (PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2014), exvicefiscal de Prevención y Seguimiento en la Fiscalía General del Estado de Guerrero (asesinado en enero de 2017); Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014).
Otro de los datos de prueba con los que la FGR trató de acreditar la existencia de Guerreros Unidos es una copia certificada del oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/PD/12622/2014 en la que se detalla la detención de 24 policías municipales de Cocula (averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014).
Además, en las puestas a disposición de diferentes personas detenidas por las investigaciones, todas incluidas en los oficios PGR/AIC/PFM/UAIORPFM/TLA/MM/2448/2014 y PGR/AIC/PFM/UAIOR/ DF/CHIMAL/1610/2014.
El Ministerio Público Federal también consideró como pruebas una inspección ministerial de narcóticos decomisados (PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014), la revisión a cuatro patrullas del municipio de Cocula, números 500, 5011, 502 y 503 (PGR/SEIDO/U EIDMS/816/2014), así como la inspección de aparatos de telefonía móvil y tarjetas SIM (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014).
“Oficio SJAI/ALW/418/2017 de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Agregaduría legal de la PGR con sede Washington D.C. (tomo 162, fojas 38 y 39), Comunicado de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de las Estados Unidos de América (tomo 1 62, fojas 42 y 43) –y- Transcripciones de los mensajes realizados mediante aparatos de telefonía celular (BlackBerry), correspondientes al PIN asignado al usuario Persona ‘…’ y PIN , asignado al usuario debidamente apostilladas, comunicaciones que fueron objeto de interceptación con autorización judicial en el referido país y proporcionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América”, son otros documentos presentados que no tuvieron valor probatorio.
Al analizar cada uno de los elementos con los que la Fiscalía trató de comprobar la existencia de Guerreros Unidos, el juez determinó que todas las pruebas exhibidas pertenecen a otras investigaciones.
“Todas estas documentales, por tratarse de diligencias, informes o documentales no recabadas dentro de un proceso penal - entendiéndose por este como el integrado por la preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia-, sino en averiguaciones previas distintas a la que es antecedente de esta causa, no son de aquellas que el precitado segundo párrafo del artículo 41, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada autoriza que sean valoradas en cuanto a su contenido en procedimientos distintos al de su origen”, explicó el juez al aclararle que no sirven para determinar la existencia de Guerreros Unidos.
Además, el juez precisó que las pruebas presentas por la PGR hoy FGR no tienen mayor valor, más allá que el de un documento que sólo comprueba la existencia de averiguaciones previas distintas a la que corresponden al juicio contra los tres imputados.
Aunque su incorporación al juicio no es ilegal no pueden tener mayor alcance que el de una documental pública que acredita la existencia de tales indagatorias y constancias, sin que su contenido pueda ser considerado como prueba testimonial u otras
UNA PIFIA REITERADA
Esta es la tercera vez que un juez federal reitera a la Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República la falta de elementos para comprobar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos.
La prima vez fue el 2 de septiembre de 2016, cuando al analizar imputaciones contra Sidronio Casarrubias Salgado, un juez determinó que los tres autos de formal prisión en contra presuntos integrantes de esa organización criminal emitidos en 2012 y 2013, no tenían valor para acreditar la existencia del grupo criminal.
El error de la PGR, mencionó el juez, fue no presentarlos en físico, ya que se limitó a solicitar al juez que él los rastreara.
“Se considera que la autoridad ministerial debió aportar las copias certificadas de los autos de plazo constitucional (autos de formal prisión) con los que pretende probar la existencia de la organización criminal a la que alude” detalló el juez, quien aclaró que de haberlos presentado correctamente, no habrían tenido valor.
El segundo descalabro para comprobar la existencia de Guerreros Unidos fue durante la sentencia de absolución por el delito de delincuencia organizada en contra de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, confundido por el Ministerio Público con una persona identificada con el seudónimo de “La Rana”, quien según la PGR hoy FGR participó en la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con el juez, “los medios probatorios descritos carecen de alcance probatorio suficiente para demostrar los elementos del cuerpo del delito imputado, pues no permiten acreditar ni de forma indiciaria la existencia del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, al que el fiscal federal refiere que pertenecen los hoy procesados”.
MJP