La Fiscalía General de la República “extravió” parte del expediente que contenía la evaluación y declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya, respecto a la investigación sobre los sobornos de Odebrech.
El diario Reforma reveló que los informes del Poder Judicial de la Federación, en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, “las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente”.
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle había solicitado a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia, cuyo propósito es hacer comparecer a los fiscales federales para que expliquen por qué omitieron u "ocultaron" dichas pruebas.
El oficio que menciona la inclusión de los documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), según lo publicado por Reforma, fue recibido el 24 de mayo de 2019 por José Luis Montiel Echeverría, agente de la Policía Federal Ministerial.
El reclamo de estos documentos llegó hasta la justicia federal porque Lavalle antes los pidió a la FGR; sin embargo, el 23 de enero ésta rechazó proporcionarlos, argumentando que "el oficio no tiene relación con la investigación contra los políticos y ex funcionarios denunciados por el ex director de Petróleos Mexicanos.".
El exdirector de Pemex ha buscado el criterio de oportunidad o inmunidad penal, acusando a 16 políticos y ex altos funcionarios de recibir sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
En esa lista incluye al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray; los actuales gobernadores panistas Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez; además Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como a David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño. Esto con la finalidad de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto consiguiera la aprobación de las reformas estructurales en el Poder Legislativo.
Desde que fue detenido, el caso de Emilio Lozoya se ha llevado con poca transparencia y opacidad, según diversas fuentes.
El País destacó que, la plataforma de abogados Tojil y Transparencia Mexicana enviaron desde el 9 de julio una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar -días después de que España extraditara a Lozoya a México-.
En esta minuta exigieron apertura en un caso tan importante de trascendencia internacional. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura dispuso restricciones adicionales, obligadas por la pandemia, a las audiencias iniciales.
“El principio de publicidad constitucional de las audiencias penales no debe afectarse por esas medidas [sanitarias]. Esto es especialmente importante en un caso que podría estar vinculado a una red transnacional de corrupción asociada con la empresa Odebrecht. La transparencia de este procedimiento resulta de interés público a nivel nacional e internacional”, indicaba la carta de la asociación.
Pero la realidad fue que la judicatura informó de las únicas audiencias de Lozoya en México por un grupo de Whatsapp. Además, fueron descartadas solicitudes al juez y amparos, según relata la abogada Adriana Greaves, de Tojil, quien también cuestionó que se concediera a Lozoya la oportunidad de colaborar con la justicia, siendo este uno de los casos más grandes de corrupción en el país en las últimas décadas.