En el caso del municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el que se encontraron 120 cuerpos sin vida distribuidos en 47 fosas clandestinas, familiares de las víctimas tendrán acceso total al expediente de las investigaciones que han derivado tras el hecho.
Así lo expresa la orden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este miércoles hacia la Fiscalía General de la República (FGR).
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La expedición de la orden salió de la Primera Sala de la SCJN, a propuesta de la ministra Norma Piña. Con ello se reconoce la calidad de víctimas a las familias, además de permitirles la obtención de copias de todas las constancias que integran la averiguación previa sobre el caso de 2011.
La aprobación se da luego de la negativa en distintos juicios de amparo, de que familiares de las víctimas solicitaran a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entre otros temas, se les tomara en cuenta dentro de las investigaciones desarrolladas por la dependencia.
Entre los argumentos señalados por la ministra Piña para delegar el acceso a los familiares, se encuentra que el Ministerio Público entendió la solicitud de copias en el sentido más limitado posible. “Lo que es incompatible con los derechos de las víctimas", puntualizó Piña Hernández.
Con información de Excélsior
djh