La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló la lista de las 43 empresas factureras contra las que se presentarán acciones penales por defraudar al fisco a través de la simulación de facturas.
En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Buenrostro aseguró que se trata de una red de 8 mil 212 empresas factureras y personas físicas.
La red
Estas empresas habrían simulado operaciones por 93 mil millones de pesos. Es decir, un daño fiscal por 24 mil 583 mdp del Impuesto Sobre la Renta (ISR); y de 11 mil 396 mdp al de Valor Agregado (IVA).
Además, no pagaron al SAT la retención de ISR, por 19 mil 146 millones de pesos.
El total de lo que se ha dejado de pagar al fisco son 55 mil 125 mdp, anunció Raquel Buenrostro.
La titular del SAT expuso que entre las empresas comparten 244 clientes (personas físicas), que recibieron salarios asimilados en los que intervienen dos o más empresas.
Anunció que se analizaron 22 millones de facturas falsas.
¿Qué va hacer el SAT?
Los montos señalados por ISR e IVA “ya son muy difíciles de recuperar para el SAT”, dijo Buenrostro, ya que se trata de empresas fantasma, lo que es más fácil que se recupere son los 19 mil mdp de retención por ISR.
Se enviarán cartas a todos los contribuyentes a través de Buzón Tributario, invitando a que se regularicen, puesto que muchos de los clientes tuvieron relación con la empresa a través de engaños, una forma fácil para comprobar un gasto, sin embargo la empresa a la que le compran la factura resulta estar involucrada con el crimen organizado.
En caso de no haber regularización del contribuyente, se tomarán otras acciones, ya que se turnará el caso a la Procuraduría Fiscal.
La Fiscalía
En primer lugar se atacará a quienes venden facturas, que constituye empresas y al grupo criminal detrás de ellas, aseguró Carlos Romero, procurador fiscal.
Se trata de siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para cuadrar dos delitos, la defraudación fiscal y lavado de dinero.
Dijo que el plazo para llevar a cabo la regularización por parte de los contribuyentes que se contactaran por el Buzón Tributario, es de tres meses, antes de que se presenten las acciones correspondientes en contra.
Romero señaló que el daño por poco más de 55 mil mdp corresponde al ejercicio fiscal de 2017.
El funcionario precisó que por el delito de defraudación fiscal, la pena va hasta los 9 años de cárcel; sin embargo resaltó que a partir de la equiparación de este ilícito con el de delincuencia organizada, la sanción es de 16 años de prisión y/o el decomiso de bienes; mientras que por delitos en contra de la seguridad nacional, es decir, contra quien compra la factura, se dicta prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13.5 años.
¿Qué son las empresas factureras?
Raquel Buenrostro aseguró que las empresas factureras son aquellas que aumentan sus gastos para disminuir el pago de contribuciones a través de operaciones simuladas, o bien, que disfrazan actividades ilícitas como, sobornos, trata de personas, corrupción de servidores públicos, entre otras.
Se caracterizan por no pagar contribuciones y al momento de querer fiscalizar, el domicilio reportado es un terreno baldío, un departamento de interés social o inexistente.
Dijo que el que compra la factura, paga una comisión.
Por su parte, procurador fiscal precisó que el impuesto que se dejaba de pagar al SAT se dividía en dos, entre el que compraba la factura y el que la vendía.
“El que no quería pagar impuestos” es quien compraba estas facturas.
Dijo también que lo que se ataca no son facturas falsas propiamente, sino documentos que amparan operaciones inexistentes o simuladas con el objeto de bajar o no pagar impuestos.
Desde 2010 proliferaron estas empresas, que a través de prestanombres, personas de bajos recursos a las que se les ofrecía cierta cantidad por firmar a nombre de la empresa.
(djh)