Más de 5 mil personas firmaron una carta para exigir que se ponga un fin a la persecución a miembros de la comunidad científica, esto tras el proceso que tiene la Fiscalía General de la República contra 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante el sexenio pasado.
“¡Exigimos el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana!”, se enfatiza en el documento.
La carta fue publicada en la plataforma Change.org y al mediodía de este martes ya contaba con 5 mil 049 firmas en apoyo a los científicos, quienes son acusados de los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En el documento se señala que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C. de haber recibido recursos ilegales de parte de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Recordaron que el pasado 17 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó en la sentencia MI/SS/D/9941/2021 que era legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro Consultivo desde el año 2002, cuando fue creado, hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020.
Sin embargo, quienes firmaron la carta criticaron que “la resolución del máximo tribunal de justicia en el país no fue obstáculo para que, siete días después de emitida, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitara al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano la orden de aprehensión por uso de fondos de procedencia ilícita en contra de las 31 personas acusadas”.
“La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”, destacaron.
EL PROCESO DE LA FGR CONTRA EL FORO
La FGR inició un proceso penal en contra de los 31 investigadores por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La investigación parte del hecho de que el Foro Consultivo recibió dinero del Conacyt, a pesar de que así se estipulaba en el Estatuto del Conacyt, hasta 2020, cuando fue modificado por la actual administración.
El periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer este proceso penal en su columna titulada La Venganza de Gertz Manero, publicada en El Financiero.
La Silla Rota dio a conocer este lunes otros detalles del proceso en el que se investiga a 25 ex funcionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro. Asimismo, hay seis miembros del Foro imputados, como la ex coordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.
Hasta ahora se sabe que existen dos carpetas de investigación y que el pasado 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara órden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos.
En la información a la que tuvo acceso este medio se señala que las imputaciones que plantea la fiscalía son porque el Foro Consultivo recibió recursos del Conacyt, así como los miembros de éste, hecho que considera que conforma el presunto delito de “organización criminal”.