CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los disturbios después de la marcha del pasado 20 en el Zócalo capitalino, organizaciones defensoras de derechos humanos impulsarán la campaña #ProtestaLibre para exigirle al gobierno mexicano que garantice el derecho a la libertad de expresión y de manifestación en el país.
Amnistía Internacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria y la Red por los Derechos de la Infancia en México pudieron a los tres órdenes de gobierno acciones concretas para garantizar el derecho a manifestarse y pudieron no que no criminalizar de la protesta.
"Estamos pidiendo que nos den garantías de que vamos a poder salir a protestar libremente, por eso nuestra campaña es #ProtestaLibre. Nosotros creemos que es una obligación del Estado proteger a quienes disentimos y a quienes queremos manifestarnos en contra de las políticas" indicó Mónica Oehler, responsable de Estrategias Jurídicas de Amnistía Internacional.
Calificó los hechos ocurridos el 20 de noviembre como "una represión y fue una forma de disuadir a quienes protestamos a no seguirlo haciendo, por queremos que haya un pronunciamiento formal antes del 1 de diciembre sobre este tema".
El IMDHD, REDIM, Fundar y Amnistía Internacional demandaron una investigación exhaustiva de los hechos del #20NovMx, liberación de los 11 detenidos y garantizar el derecho a la protesta.
"En el marco de estas manifestaciones la manera en que el Estado ha respondido es con incapacidad para distinguir quienes son los que comenten estos actos violentos' señaló Miguel Moguel de Fundar.
Demandaron a las autoridades en sus tres órdenes de gobierno que garanticen el derecho a manifestarse de las y los ciudadanos quienes exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y la liberación de las 11 personas detenidas en el Zócalo de la Ciudad de México.
Juan Martín Pérez, director Ejecutivo de la REDIM expuso que manifestarse es un derecho y que es una obligación del Estado mexicano garantizar la integridad de las personas, "le toca a la autoridad desarrollar las acciones preventivas y aplicar protocolos adecuados para evitar la represión que sucedió el jueves pasado".
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Organismos defensores condenan violencia sin importar su origen
Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF) condenaron la violencia, sin importar su origen, y pidieron a las fuerzas del orden operar en el marco de la ley y en apego a los derechos humanos.
Los organismos defensores plantearon en un comunicado de la CNDH que la población tiene derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz, y “no se puede permitir que la violencia desvirtúe el ejercicio legítimo a la protesta social pacífica”.
Llamaron a los servidores públicos y especialmente a las fuerzas del orden, a realizar sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, para garantizar la seguridad de quienes ejercen su derecho a la libre manifestación.
La CNDH y la CDHDF subrayaron que seguirán acompañando las manifestaciones públicas y pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de los participantes y los visitadores de esos organismos, para que hagan su labor en términos de sus facultades y competencias.
Coincidieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores y que pongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan con sus organizaciones.
Sobre los profesionales de la información que realizan su labor en una manifestación pública, dijeron que coinciden con la CIDH en que no deben ser molestados, detenidos o trasladados, ni sufrir limitación alguna a sus derechos de ejercer su profesión.
Por el contrario, se les deben dar garantías impidiendo cualquier acción que intente obstruir su labor como, por ejemplo, evitar que sean secuestradas sus herramientas de trabajo.
Los organismos requirieron a la autoridad aplicar protocolos de prevención en las manifestaciones, identifique a quienes incurran en actos de violencia y proceda conforme a Derecho, con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Respecto a las movilizaciones del 20 de noviembre en la capital del país, se informó que personal de ambos organismos acompañó de manera coordinada a los participantes.
La CNDH agregó que ha recibido 44 quejas y da seguimiento a la situación de los detenidos en los penales federales Femenil de Tepic, Nayarit, y de Villa Aldama, Veracruz, a quienes se les acusa de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos capitalina inició investigación de oficio, a la que se han acumulado 18 quejas más como aportación, y se formularon tres solicitudes de medidas precautorias, y se ha recabado el testimonio de 30 presuntas víctimas.
Ambos organismos públicos refrendaron su compromiso de vigilar y señalar abusos y violaciones a derechos humanos por la autoridad y llamaron a que se haga un uso diligente del derecho penal.
Sostuvieron que el derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, por lo que debe realizarse en armonía con la convivencia civilizad, y si bien el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la seguridad y el orden su poder no es ilimitado.
Es así, subrayaron, porque tiene el compromiso de aplicar procedimientos conforme a Derecho y respetuosos de los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción, en especial durante la protesta social.
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