La Secretaría de la Función Pública ya tenía en la mira al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco, ya que detectó anomalías por 33 millones de pesos en la contratación de dispensación robótica de medicamentos, esto como parte de las auditorías realizadas a las instituciones del Sector Salud por presunta corrupción en la compra de fármacos.
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, presentó esta tarde el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, que incluye los procedimientos iniciados del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre del año pasado. En este periodo se aplicaron un total de 4 mil 123 sanciones administrativas, por un total de 8 mil 543 millones de pesos.
Asimismo, hay 3 mil 842 sanciones aplicadas, tanto cumplidas como vigentes, mil 205 de estas fueron inhabilitaciones, 77 suspensiones, 724 amonestaciones públicas, 634 amonestaciones privadas, 308 sanciones económicas y 194 destituciones.
De acuerdo con el documento, los Órganos Internos de Control del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social realizaron 331 auditorías a 35 instituciones durante 2019. En estas resaltan las que se hicieron a instituciones de salud.
En el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la SFP indicó que en las auditorías realizadas detectó irregularidades en la contratación de administración, control y dispensación robótica de medicamentos con distribución de unidosis, por un importe de 33 millones de pesos.
Detalló que de diciembre de 2017 a octubre de 2018 no se cuenta con la documentación respectiva, que carecen de conciliación, no hay firma del área médica y también hallaron facturas con fecha posterior al periodo.
El otro caso que menciona es el del Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde detectó diferencias entre existencias físicas y registros contables de medicamentos, por 10 millones 220 mil pesos correspondientes al inventario de agosto de 2018. En el ISSSTE se abrió el expediente denominado “Robo Hormiga” de medicamentos.
En el informe, se destaca que “durante las administraciones anteriores el Sector Salud se caracterizó por la simulación, el dispendio de recursos y la corrupción, lo que propició que las capacidades de atención fueran debilitadas, al punto de depender de unas cuantas empresas para brindar servicios fundamentales (surtimiento de recetas, estudios de laboratorio, hemodiálisis, anestesia, quimioterapia, etcétera), consintiendo escasa calidad, opacidad en el uso y destino de los recursos públicas y, especialmente, sobrecostos en las adquisiciones”.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tampoco se salvó, ya que el Órgano Interno de Control sancionó a 62 proveedores y contratistas con 20 multas y 42 inhabilitaciones por un monto de 22.6 millones de pesos. Entre los sancionados destaca el Grupo Fármacos Especializados, que está inhabilitado por dos años y fue multado por 905 mil 800 pesos.
Sin embargo, no todo es el Sector Salud. En su informe, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades por 544 mil millones de pesos como resultado de 2 mil 500 auditorías realizadas.
Proyectos de la administración de Enrique Peña Nieto fueron en los que se encontraron más irregularidades, como en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el mantenimiento al Sistema Cutzamala, y la construcción de un libramiento en la carretera Amozoc-Perote.
“Para que se den una idea, el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal de los sectores de educación y salud juntos; los dos sectores con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, destacó Sandoval Ballesteros.
Por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco que se canceló, la Secretaría de la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, ya que se otorgaron más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse y hay otros 6 mil millones de pesos se usaron para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos que no están justificados.
En el caso de la Comisión Nacional del Agua, derivadas de una visita de inspección se emitieron tres observaciones por anomalías en los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala, ya que se favoreció a dos empresas. Aún quedan pendientes más de 300 millones de pesos por aclarar, justificar o recuperar.
(María José Pardo)