Muchos son los secretos que guardan la Cooperativa Cruz Azul y sus agremiados. Algunos, quizá nunca se van a conocer, pero otros, poco a poco son del dominio público, y no gracias a la transparencia de la empresa, si no por el temor de sus directivos a ser juzgados y de permanecer en prisión, en caso de ser encontrados culpables.
El miedo de los altos mandos de la Cooperativa los ha llevado a confesar parte de las actividades ilícitas que realizaron por más de una década, entre ellos, el modificar una cláusula para que las aportaciones de los trabajadores tuvieran como destino las cuentas de un pequeño grupo de representantes que, hoy, son prófugos de la justicia.
Un ejemplo de ellos es Ángel Martín Junquera Sepúlveda, un exabogado de la Cooperativa, quien ante el temor ser encarcelado dio información al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de obtener un criterio de oportunidad y no ser juzgado por distintos cargos, incluidos en 10 carpetas de investigación en las que está relacionado.
Junquera Sepúlveda, una de las personas más cercanas a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, “Billy”, expresidente de la Cooperativa, y presentó una declaración ante el Ministerio Público en la que detalla el esquema que idearon un grupo de cooperativistas para desviar millones de pesos que tuvieron como destino cuentas bancarias en el extranjero o la compra de inmuebles. El fraude se orquestó a través de empresas fantasma y contratos falsos.
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Hasta el año pasado, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que “Billy” Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Garcés diseñaron un esquema para desviar recursos de la Cooperativa la Cruz Azul, dinero que después fue depositado en sus cuentas personales en el extranjero.
En el caso de Guillermo Álvarez, la UIF aseguró que realizó movimientos, entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020, a cuentas en España, Estados Unidos y otros lugares, por mil 200 millones de pesos.
DIEZ AÑOS DE ENGAÑOS
Una década después de que la cúpula de la Cooperativa creó (el 3 de junio de 1993) el fidecomiso F-283-2, en beneficio de los trabajadores para obtener beneficios en caso de gastos médicos, muerte o circunstancias mayores, inició el fraude.
Según el testimonio de Ángel Martín Junquera Sepúlveda presentado en la FGR, el 30 de junio de 2004, se modificó una cláusula del acuerdo para que el fideicomiso fuera administrado por “Impulso Agente de Seguros y Finanzas S.A. de C.V.”, institución que era dirigida por una persona cercana a Víctor Manuel Garcés Rojo, uno de los directivos que orquestó el fraude a la Cooperativa al formar parte del círculo de confianza de “Billy” Álvarez.
Es pertinente señalar que de la citada sociedad Impulso Agente de Seguros y Finanzas S.A de C.V y sus correlacionadas, su representante lo era y, salvo error en contrario, lo sigue siendo, el Sr. Carlos Javier Terroba Wolff, quien se encuentra vinculado Víctor Manuel Garcés Rojo
Tres de esas empresas son: Actuarios Consultores Especializados en Salud S.A de C.V y Constructora Simaro S.A de C.V; así como impulso Agente de Seguros y Finanzas S.A de C.V, según la declaración, representadas por Carlos Javier Terroba Wolff.
Otros consorcios son la Inmobiliaria Tenos S.A de C.V; Impulso Agente de Seguros y Finanzas S.A de C.V; Impulso Grupo Empresarial S.A de C.V; e Inmobiliaria Centro Querétaro S.A de C.V.
El fraude consistía en adquirir cierto tipo de servicios con costo a la Cooperativa, los cuales nunca eran realizados, pero sí pagados, ya que los supuestos consorcios eran falsos o creados por personas cercanas al grupo de la directiva.
“Es importante señalar que, toda vez que los derechos sobre los contratos que reporto le pertenecían a Cooperativa la Cruz Azul, S.C.L, esta condonó, a solicitud del señor Víctor Manuel Garcés Rojo, de manera injustificada, los montos a que hace referencia cada uno de los instrumentos en favor de las sociedades que los suscribieron, personas morales que en su mayoría como ya se señaló fueron representadas o pertenecían a Carlos Javier Terroba Wolff”.
Según el testimonio de Junquera Sepúlveda, este esquema, incluye condonaciones de los pagos, las cuales eran autorizadas por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas.
No termina ahí sino es que son el inicio de una estrategia por demás contraria a toda ley, misma que consistía en que una vez condonada (sin facultades y de manera indebida) la deuda a las empresas reportadas, por parte del señor Guillermo Álvarez en representación de la Cooperativa y mediante, la estrategia planteada por Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, Carlos Retroba retiraba los recursos provenientes inicialmente de la Cooperativa que el Fideicomiso le había otorgado a estas consideradas como reportadas para depositas dichos recursos en las cuentas del señor Garcés
Entre esas cuentas se encuentran la 6244014660, 605075002638, 4037399839 y la 90187757729. Las últimas dos, de Héctor Guillermo Álvarez Cuevas.
Como consecuencia de todo lo antes manifestado, es obvio que el Fideicomiso F/283-3, como se dijo, fue descapitalizado, por lo que ante la necesidad y/u obligación de inherente y tajante que existe en el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativistas, de dar cumplimiento a la existencia y capitalización del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para socios cooperativistas y, dados los requerimientos existentes en juicios ordinarios mercantiles que se encontraban tramitando, así como asuntos de índole penal, se optó por materialicen del Fideicomiso 447 ante la institución Afianzadora CBL Fiducia S.A de C.V
Según el testimonio de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, las operaciones que él presenció o de las que fue parte, incluyen pagos de 800 pesos mensuales a Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, por lo menos desde el 11 de septiembre de 2014 y hasta 7 de agosto de 2018. En total, según Junquera Sepúlveda, Miguel Eduardo Borrell recibió más de 54 millones de pesos.
Al finalizar su declaración, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, coincide en el testimonio presentando por Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, socio de la empresa durante 34 años y ex director jurídico de la misma, quien también pidió acceder a un criterio de oportunidad.
Junquera Sepúlveda aseguró que, en 2012, fue convocado a una reunión en la Dirección General de las Oficinas de la Cooperativa en la que estuvieron José Alfredo Álvarez Cuevas, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, el abogado personal de “Billy”; el exdirector jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo; y Mario Sánchez Álvarez.
En ese encuentro, se solicitó a los asistentes recursos de la Cooperativa que no pudieran ser rastreados, ya que los tenían que entregar a socios, así como a algunas autoridades.