La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue opaca y no transparentó el desempeño de la Estrategia Digital Nacional (EDN), a cargo de Alejandra Lagunes.
En dos auditorías realizadas en 2017, la ASF señaló que la Oficina de la Presidencia no documentó las acciones que le permitieran acreditar su participación en la conducción de la Estrategia Digital Nacional.
Además, consideró que la falta de indicadores para valorar el cumplimento de los objetivos de la EDN y el nivel de digitalización del país, limitó la valoración objetiva de los logros alcanzados en la materia.
De acuerdo con la auditoría con número 9-GB, el gobierno federal diseñó la Estrategia Digital Nacional como un instrumento para establecer las directrices para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y como guía de todas las acciones en materia de digitalización.
Los resultados de esta auditoría mostraron que, en cuanto a la conducción de la EDN, la Presidencia informó que, en 2017 se desarrollaron 15 herramientas en materia de tecnologías de la información y la comunicación que contribuyeron a la implementación de los objetivos “Transformación gubernamental”, “Economía digital”, “Innovación cívica y participación ciudadana” y “Salud Universal y efectiva”.
Sin embargo, únicamente documentó su participación en la orientación de tres herramientas, es decir el 20% y, en las 12, que equivalen al 80% restantes no documentó las gestiones realizadas para orientar su emisión y ejecución.
Para cumplir con lo establecido en la planeación de mediano plazo de la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnología de la información y comunicaciones, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, se ejercieron un millón 528 mil 122 pesos, de los cuales el 1.4%, es decir, 20 mil 924 pesos, correspondió a la Coordinación de Estrategia Digital, unidad responsable de la conducción y evaluación de la EDN. En ese aspecto, la ASF no detalló qué ocurrió con el resto del presupuesto ejercido.
La Oficina de la Presidencia informó a la ASF que, durante el periodo 2014-2017, participó en la orientación de 58 herramientas derivadas de implementación de la EDN, pero, aun cuando, la ASF constató que todos esos instrumentos se encuentran publicados y en operación, la OPR no documentó su participación como orientador en la definición y ejecución en 55.
Hasta 2017, la ASF verificó “que no se había ejecutado el cálculo del índice de digitalización que fue seleccionado para evaluar los efectos derivados de la implementación de la Estrategia Digital Nacional en los ámbitos gubernamental, empresarial y social, ni fueron diseñados indicadores que le permitieran determinar el grado de avance en la digitalización para dar cumplimiento a los objetivos y habilitadores establecidos en la EDN”.
Derivado de esta auditoría, la ASF determinó ocho observaciones, las cuales generaron 13 recomendaciones al desempeño de dicho programa, las cuales no se han solventado.
En tanto, en la auditoría 120-GB realizada a la Secretaría de la Función Pública por la Estrategia Digital Nacional informó que esta dependencia federal reguló, coordinó y dio seguimiento a la estrategia de gobierno digital y datos abiertos.
Para ello, en la Estrategia Programática del presupuesto 2017, la SFP estableció definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, para lo cual se gastó 233 mil 828 pesos y se ejerció el 21.3%, es decir 49 mil 831 pesos en la Unidad de Gobierno Digital.
En cuanto a la armonización del marco normativo para la implementación de la Firma Electrónica Avanzada, la secretaría no contó con evidencia que acreditara la armonización para promover el uso de la e.firma.
Luego de esta auditoría, la ASF, determinó 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la Función Pública antes de la integración del informe.
AJ