Ciudad de México y Jalisco, seguidos de Baja California Sur, son las únicas entidades que han implementado políticas públicas efectivas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En contrasentido, Nuevo León, Chiapas, Chihuahua, Colima y Nayarit son los gobiernos que menos hacen por combatir la pobreza.
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Así lo reveló el estudio Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES), de la asociación Gestión Social y Cooperación (GESOC), en su edición 2017.
El país obtuvo una calificación promedio de 50.37%, con lo que los gobiernos estatales sales reprobados en términos generales.
Este informe otorga una calificación del 0 al 100 a partir análisis de cuatro rubros, planeación presupuestal, gestión eficiente, monitoreo y evaluación, así como apertura a la participación ciudadana.
Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur son las entidades que cuentan con un nivel superior de capacidades en las instituciones, propicio para implementar una política sociable que mejore la calidad de vida de los más vulnerables.
“En la medición 2017 la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur fueron identificados como entidades federativas que cuentan con un nivel de capacidades institucionales propicio para implementar una política social razonablemente robusta, abierta y participativa; sólo la CDMX y Jalisco muestran los mismos atributos con respecto a los resultados del IDES 2016”, cita el informe.
Chihuahua (37.16), Nuevo León (37.15), Colima (35.91), Nayarit (27.05) y Chiapas (18.19) obtuvieron las menores puntuaciones.
El resto de los estados tienen una calificación Básica, Baja y Escasa. Por esta razón, a las 24 entidades restantes se les dio un promedio sólo de 11.96%.
Los más precarios en resultados de políticas públicas e inversión en desarrollo social son Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
Sin embargo, son siete los estados que disminuyeron drásticamente su efectividad en comparación con el año pasado: Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.
“Son entidades que disminuyeron sustantivamente su nivel de capacidades institucionales para la implementación de la política social, por lo que resulta necesario y urgente implementar programas de mejora y fortalecimiento en las cuatro dimensiones analizadas por el IDES, tanto en estos estados como en aquellos donde para ambas mediciones persisten amplias áreas de mejora”, detalla GESOC.
La calificación general del país que dio IDES en este 2017 fue de 50.37%; es decir 6.07 puntos más que en el informe del 2016, el cual fue de 44.66%.
Recomendaciones
Ante esto, la asociación urgió a hacer cambios e implementar estrategias para la aplicación de políticas públicas efectivas en materia de desarrollo social, por lo que emitió algunas recomendaciones:
*Contar o ajustar el Plan Estatal de Desarrollo Social estatal a fin de que diagnostique, con base en evidencia, los rezagos sociales de atención prioritaria, los grupos poblacionales que los padecen y los recursos presupuestarios necesarios para atender las brechas identificadas, tanto en el periodo de gestión actual como en el mediano y largo plazos.
*Generar instrumentos de planeación programática y presupuestaria que incluyan al conjunto de los programas sociales estatales, identificando su presupuesto asignado y sus respectivas metas e indicadores estratégicos y de gestión.
*Rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados en la implementación de los programas y acciones estatales de desarrollo social publicando dicha información en la Cuenta Pública Estatal anual.
*Incorporar de forma sustantiva al proceso de aprobación presupuestaria anual la evidencia derivada de evaluaciones para la toma de decisiones sobre los recursos públicos destinados al desarrollo social de cada entidad.
*Diagnosticar qué programas y acciones de desarrollo social implementados por otros niveles de gobierno son concurrentes o potencialmente pueden generar duplicidades con respecto a aquellos implementados por los gobiernos estatales para potenciar los efectos de la política social en cada entidad federativa.
*Normar y publicar para todos los programas sociales locales, padrones de beneficiarios, en formatos abiertos, que sirvan como instrumentos efectivos para el acceso y rendición de cuentas de la política de desarrollo social estatal.
*Crear o fortalecer mecanismos e instituciones orientadas al seguimiento y evaluación de los programas sociales locales, dotándolas de capacidades, presupuesto y mandatos específicos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
*Integrar o fortalecer, para cada uno de los momentos del ciclo de la política de desarrollo social (planeación, ejecución, seguimiento y evaluación), mecanismos sustantivos para la participación ciudadana (como consultas, retroalimentación y contraloría social).
*Publicar, en formatos de datos abiertos, la información relativa a instrumentos clave de la política de desarrollo social (como padrones, indicadores y presupuestos), que cumplan con el principio de máxima publicidad.
