NACIÓN

Estampas de una “narcoelección”; así operó el crimen el 6 de junio

Dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentaron ante la OEA una denuncia sobre la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de este 2021

  • DIEGO JOAQUÍN, ÉRIKA FLORES E INGRID SÁNCHEZ
  • 27/08/2021
  • 19:30 hrs
  • Escuchar
Estampas de una “narcoelección”; así operó el crimen el 6 de junio
En el proceso electoral 2020-2021, se contabilizaron 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, entre quienes se incluye a 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. (Cuartoscuro)

“Te cerraban el paso varias camionetas, te apuntaban a la cara cinco, seis hombres armados, te subían a golpes e improperios a la parte trasera de uno de sus vehículos y te cubrían la cara con cinta adhesiva de la que se conoce como  ‘cinta canela’”, relata el colaborador de un candidato a presidente municipal en Culiacán, Sinaloa para las pasadas elecciones, que formó parte de un grupo que fue privado de su libertad la noche del sábado 5 junio. Operadores políticos y candidatos fueron llevados, con los ojos vendados y las manos atadas detrás de la espalda, a distintas “casas de seguridad”. “Uno por uno, agarraditos de la mano los vamos a matar”, les dijeron.

El crimen organizado dejó huella en las elecciones del pasado 6 de junio, cuando equipos enteros de operación política fueron privados de la libertad como en Sonora; a través del financiamiento de campañas en distintas entidades; con amenazas y agresiones -algunas de las cuales culminaron en el asesinato de políticos-, así como con actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos, los cuales proliferaron sin que el Estado mexicano interviniera para impedirlo.

De acuerdo con reportes de la oposición y organizaciones especializadas en el sistema electoral, los comicios del 6 de junio del 2021 han pasado a los registros del país con el carácter de históricos, no sólo por el número de votantes que se esperaba acudieran a las urnas y los cargos de elección popular que estaban en juego, sino por las estampas que dejó el crimen organizado durante las campañas y la jornada electoral, lo que ha llevado a hablar a especialistas y políticos de una posible “narcoelección”.

El lunes 23 de agosto, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD presentaron ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), una denuncia sobre la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de este 2021. En adición acusaron "un uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores" y hostigamiento a los órganos electorales.

PUEDES LEER: Candidata pide permiso a mamá del Chapo, otro fue incinerado: De Mauleón

En el proceso electoral 2020-2021, la consultora Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, entre quienes se incluye a 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales.

Estas son las estampas que el crimen organizado dejó en las elecciones.

SINALOA

La noche del 5 de junio, el crimen organizado puso en marcha un operativo con el que lanzó amenazas, agresiones, robo de urnas y “levantones” al menos a un centenar de integrantes, hombres y mujeres, del equipo electoral del candidato del PRI a la alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, señala una recopilación de los partidos denunciantes ante la OEA basada en publicaciones periodísticas.

Algunos de los operadores de este candidato fueron secuestrados la medianoche del sábado a las afueras del edificio del PRI; a otros los llevaron al abandonar las oficinas de la Confederación Nacional Campesina, donde tiene sus oficinas Hernández Álvarez.

Una candidata a diputada local por un distrito de Culiacán formó parte del grupo que fue privado de su libertad. Al ser obligada a abordar un vehículo, la política se percató de que alguien más ya viajaba dentro, amarrado y con el rostro encintado, así como que en la cajuela había otras tres personas, según información publicada el pasado 17 de agosto en el periódico El Universal.

Ese 6 de junio, en Culiacán triunfó el candidato postulado por la alianza Morena-Partido Sinaloense: Jesús Estrada Ferreiro.

De los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará en siete; MC en cinco; el PRI en cuatro; el PVEM en tres, y Unidad Ciudadana en uno, señalan datos de Integralia. 

ESTADO DE MÉXICO

En esta entidad, uno de los casos más sonados fue el de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, quien fue privada de su libertad el martes 18 de mayo de 2021.

“Me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Solo te pido que te escondas y te ‘bajes’ de la campaña”, le dijo uno de los sujetos que la abordaron en la calle. El criminal detalló que bastaba con que la candidata se encerrara en su casa hasta que el proceso electoral hubiera terminado. El grupo criminal instaló un cerco de vigilancia alrededor de la casa de la candidata, a fin de comprobar que esta orden se cumpliera.

Se detectó que en al menos 20 municipios del Estado de México, candidatos a diputados locales y presidentes municipales fueron amenazados, presionados y agredidos por parte del crimen organizado y tan sólo el día de la elección se reportaron 200 actos de violencia política.

Morena, por su parte, presentó 250 denuncias porque, en 11 municipios, los miembros de las organizaciones criminales no dejaron hacer campaña a sus abanderados.

“Los criminales ganaron todo. Como nunca antes, ahora todo es de ellos”, concluyó el dirigente de un partido estatal.

El análisis de Integralia señala que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos. 

SAN LUIS POTOSÍ

Una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada ante la FGR vinculaba al entonces diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo, con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF denunció que el candidato a gobernador de San Luis Potosí se hallaba relacionado directamente con un grupo criminal. El abanderado de PVEM-PT ganó las elecciones con un 37.69 por ciento de los votos, mientras que el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD obtuvo 32.93%.

“Se pide investigar los turbios manejos financieros y las conexiones de grupos de la delincuencia organizada con José Ricardo Gallardo Cardona y su familia”, escribió el 19 de abril el periodista Salvador García Soto en su columna de opinión.

Conviene recordar que después de ser alcalde de Soledad de Graciano, Gallardo Cardona fue detenido en 2015  bajo cargos de lavado de dinero y desvío de más de 200 millones de pesos. Intentaba postularse como candidato a la gubernatura del estado. Se le recluyó en los penales de Hermosillo y Ocampo. De ahí salió para convertirse en  candidato a la gubernatura del estado: un tribunal unitario determinó que la  fiscalía había imputado mal los delitos. Gallardo quedó libre.

“NINGÚN NARCOTRAFICANTE FIRMA UN CHEQUE”

Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, recordó que en su paso por el INE era habitual preguntarles cuánto dinero de los partidos políticos era aportación del narcotráfico. "Y siempre les contesté que no era posible detectar nada así, porque ningún narcotraficante firma un cheque y lo deposita en una cuenta a algún candidato o partido político, por lo que todo es mera especulación", dijo en entrevista para La Silla Rota.

Consideró que la presunta participación del narco en campañas electorales está relacionada con aportaciones que no se reportan ni pueden ser rastreadas, por lo que sugirió que las autoridades financieras serían las indicadas para detectar este tipo de fenómenos con base en sospechas concretas.

Sánchez, actual académico del ITAM, explicó que la denuncia que presentaron los integrantes de la coalición Va por México en Washington se refiere, además del apoyo financiero, a las amenazas, obstaculización y/o represión de grupos de crimen contra candidatos en campaña.

"Por ejemplo, el número de candidatos a presidentes municipales que fueron asesinados en las últimas campañas electorales tiene que ver con ese tipo de intereses y malas prácticas de los grupos armados, que tienen posibilidad de moverse con cierta libertad durante el proceso electoral", dijo.

MICHOACÁN

Funcionarios y representantes de casilla afirmaron a los coordinadores distritales del PRD, que a las nueve de la mañana, tres hombres con gorra y cubrebocas irrumpieron en las casillas de la sección 1299 en el municipio de Múgica, quienes apuntaron con un arma al presidente de casilla, se apoderaron de las boletas de la elección para Gobernador y comenzaron a marcarlas a favor de Morena y su candidato: Alfredo Ramírez Bedolla.

El testimonio de dos representantes señala que los hombres introdujeron más de 400 boletas en las urnas. “Ay de ustedes si dicen algo”, advirtieron.

“Todas las personas que no estén a cargo de las casillas les pedimos que se larguen de aquí si es que valoran su vida. Se acabaron las votaciones, ya ganó Morena”, dijeron otros sujetos que pusieron en escena un acto parecido en otra casilla.

Al menos 120 casillas no pudieron ser instaladas debido a las amenazas de los grupos criminales que sostienen una guerra sorda en esa región.

¿DIFÍCIL COMPROBAR INJERENCIA DEL NARCO EN LAS ELECCIONES?

Probar o documentar este tipo de hechos resulta complicado, explicó Arturo Sánchez para La Silla Rota. Y retomó el argumento del gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, quien acusó que los resultados de los comicios en aquella entidad arrojan que la votación se comportó diferente en zonas controladas por grupos del crimen organizado.

"Es difícil porque nunca se dará claramente con el culpable específico; y la justicia no puede decir 'anulo esta elección porque estuvieron los narcos'. Comprobar ese tipo de fenómeno es muy complejo; y difícil que los tribunales lo atiendan de manera clara, a diferencia del rebase de topes de gastos de campaña. Es muy difícil la probanza", dijo el exconsejero del INE.

Agregó que la intención de los partidos de oposición en Washington consistió en tratar de probar o sugerir que el partido en el poder (Morena) fue protegido y ayudado por el crimen organizado. "Yo no digo que no sé, pero tampoco puedo afirmar que así ocurrió", subrayó, "porque no hay mecanismos de fiscalización -y menos en manos del INE- que podrían llegar a fondo en ese tipo de cuestiones".

El especialista en seguridad nacional, Javier Oliva Posada, afirmó, por su parte, que el narcotráfico sí tuvo injerencia en los pasados comicios del 6 de junio.

"Desde luego que sí. No solamente está la acción de actores políticos como el gobernador de Michoacán o los presidentes del PRI, PRD y PAN sino reportajes, columnistas que de manera documentada han señalado esto", explicó Oliva Posada.

Además afirmó que esta participación de la delincuencia ha ido en aumento con el paso de los años. 

"Desafortunadamente es una inercia que se viene agudizando y que en ninguna democracia debería ser una variable de análisis pero en nuestra democracia sí lo ha sido", explica el especialista. 

Para Oliva Posada, la violencia política en el proceso electoral no es sólo una preocupación nacional sino incluso internacional como declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que informó que registraron alrededor de 100 asesinatos de candidatos y candidatas o participantes de las campañas políticas.

El especialista afirma que este es un problema que ha empeorado y como ejemplo está la cancelación de los comicios federales ocurrida en 2015 en algunos municipios de Guerrero.

"Esta tendencia se va agudizando y claro que es una mala noticia para la democracia mexicana", afirma Oliva.

GUERRERO

A principios de junio de 2021 líderes y comisarios de las zonas rurales de Taxco, Guerrero, fueron secuestrados por miembros de la delincuencia organizada, quienes les indicaron que 72 horas antes de las elecciones del 6 de junio les harían saber por qué candidato tendrían que votar –ellos y los habitantes de sus comunidades— para el cargo de presidente municipal.

Testimonios anónimos recabados por el Partido Acción Nacional señalan que el “jefe de plaza” les indicó que el cártel había decidido que el voto debía favorecer al candidato Mario Figueroa, del partido Fuerza por México (FXM).

Este político, meses antes, el 22 de diciembre de 2020, fue atacado por miembros de uno de los cárteles que operan en Guerrero, según un reporte del gobierno federal. Resultó herido en el pecho.

Figueroa logró recuperarse y llevó a cabo su campaña como abanderado de su partido protegido y rodeado por gente armada; el día de la elección ganó por 2 mil 082 votos al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD.

Guerrero, donde operan al menos 16 organizaciones criminales dedicadas al cultivo, trasiego y venta de estupefacientes, fue el tercer estado más letal para los candidatos, según Rubén Salazar, director de Etellekt despacho consultor de comunicación y riesgos.

“En Guerrero, simplemente se te acercan pacíficamente y te dan dos opciones, o te ‘bajas’ de la candidatura o te ‘bajan’, y ese ‘te bajan’ es que ‘te dan piso’ o, para decirlo de una forma clara, te asesinan”, dijo un candidato amenazado que prefirió retirarse de la contienda.

GUANAJUATO

El martes 25 de mayo, la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, aspirante a la alcaldía de Moroleón, durante su participación en un acto de campaña recibió un disparo por parte de sujetos armados que acudieron al lugar para agredir a la candidata

“Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas…”, invitó Barragán a través de sus redes sociales a la población momentos antes del ataque.

El punto donde se realizó este mitin, en la calle Pedro Guzmán de la colonia El Manguito, es uno de los ejes en donde se ha centrado la pugna por el control del narcomenudeo y el robo de hidrocarburos entre dos grupos delictivos.

Hombres vestidos con camisetas de color naranja descendieron de dos vehículos y una motocicleta y se mezclaron entre los asistentes gente. De pronto abren fuego contra la candidata. El trágico momento quedó captado en video. De los once disparos que se escucharon, uno impactó de modo directo en el pecho de la política.

Alma Rosa Barragán fue la tercera candidata asesinada durante el proceso electoral en Guanajuato: el 12 de enero, durante el inicio de su campaña, se perpetró el asesinato del candidato del PAN a la alcaldía de Santa Cruz de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta.

SONORA

El asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, por Movimiento Ciudadano es otra de las estampas que dejó el pasado proceso electoral. El crimen se perpetró a plena luz del día, cerca de las 16:30 (18:30 hora del centro), mientras el aspirante repartía volantes en la calle, el 13 de mayo.

Murrieta recibió impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo dos en la cabeza. Falleció en el hospital San José. Además, una mujer resultó herida de bala tras los disparos de sicarios.

Los márgenes de victoria en todos los municipios del país donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en diez de esos municipios ganó el partido de la víctima. 

Un día antes de que fuera asesinado en las calles de Cajeme, el pasado jueves, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, había grabado un spot publicitario donde aseguraba que él no tenía miedo e iba a luchar contra la violencia y los grupos delictivos, publicó La Silla Rota.

En este video de 25 segundos, publicado de manera póstuma en sus redes sociales, el exprocurador de Sonora y exdiputado local y federal lanzó este mensaje contra los grupos delictivos que operan en esta localidad del sur de Sonora, donde la violencia se ha apoderado de ella hasta convertirla en la cuarta ciudad más peligrosa del mundo.

VERACRUZ

Esta entidad registró el mayor número de eventos de violencia política durante el proceso que culminó el 6 de junio: 51 casos, según datos de la consultora Lantia Intelligence.

Una medición de la consultora Etellekt, señala que el 18 por ciento de los asesinatos políticos ocurridos en México durante el pasado proceso electoral ocurrieron en Veracruz.

En el reporte “Violencia del Crimen Organizado” presentado el pasado mes de julio, Lantia Intelligence concluyó que los grupos criminales fueron los principales perpetradores de la violencia en ese estado.

El día de las elecciones el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) reveló que el candidato René Tovar ganó las elecciones a pesar de haber sido asesinado dos días antes de los comicios: en un gesto de protesta, los ciudadanos lo favorecieron con el 49 por ciento de los votos.

El 23 de junio, Omar Ramírez, jefe de campaña de Tovar y quién lo sustituyó como alcalde electo, fue señalado como autor intelectual del homicidio. Un segundo individuo fue señalado y aprehendido como autor material.

El ayuntamiento de Cazones declaró que con aquella muerte se cerraba el proceso “más violento de la historia con candidatos o aspirantes ejecutados y servidores públicos en funciones amenazados, secuestrados y agredidos”.

"La presencia de la autoridad tiene que ser decisiva porque si hay amenazas y ves a las camionetas con tipos armados circulando por el centro de los municipios, la gente no sale a votar y desde luego que es una muestra de debilidad institucional empezando a nivel local porque los ciudadanos y ciudadanas que se prestan para ser funcionarios de casilla no pueden hacer mucho", explicó Javier Oliva Posada a LSR.

El especialista también afirma que es necesario que las autoridades electorales traduzcan en números totales los casos en los que no se logra instalar la totalidad de las casillas y no sólo se informen como puntos porcentuales. 

"Los porcentajes se deben traducir en números absolutos para darnos dimensión de la problemática", explica Javier Oliva.

Finalmente, Arturo Sánchez consideró que, en todo caso, el tema podría ser analizado en caso de una probable reforma electoral. "Por ejemplo, que se permitiera a las autoridades hacer una investigación más a fondo; o a los propios partidos a denunciar de inmediato con una intención de justicia más expedita. Sin duda habrá mucho que debatir al respecto, tanto jurídica como políticamente".


(djh)